El presidente Donald Trump instó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en la disputa sobre sus aranceles de emergencia, poniendo el eje central de su agenda económica en manos de los jueces que en su mayoría han respaldado su amplia visión del Poder Ejecutivo, según una copia de la apelación obtenida por CNN.
Trump pide a los magistrados que revoquen una decisión de un tribunal inferior que determinó que su Gobierno actuó ilegalmente al imponer muchos de sus amplios impuestos a las importaciones, y ha planteado el caso en términos existenciales.
“El mercado de valores necesita los aranceles, quieren los aranceles”, dijo Trump el martes en la Oficina Oval, afirmando que una decisión adversa significaría “devastación para nuestro país”.
El caso vuelve a plantear preguntas fundamentales para el supremo sobre el poder del presidente para actuar unilateralmente y sin autoridad explícita del Congreso. Los críticos de Trump señalan que el último presidente en aumentar aranceles en circunstancias similares fue Richard Nixon, y que el Congreso posteriormente recortó el poder presidencial.
“Para el presidente y sus asesores más cercanos, estos aranceles representan una elección tajante: con aranceles, somos una nación rica; sin aranceles, somos una nación pobre”, según la apelación.
La apelación sigue a una decisión dividida el viernes de un tribunal federal de apelaciones en Washington que determinó que Trump excedió su autoridad al basarse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los aranceles.
La autoridad para imponer impuestos, incluidos los aranceles, es “un poder fundamental del Congreso” que la Constitución otorga al poder legislativo, dictaminó el tribunal de apelaciones.
Trump ha recurrido a la ley de emergencia de la década de 1970, conocida como IEEPA, para transformar no solo el comercio global, sino también las alianzas con aliados y adversarios. Si algunos de los poderes que ha reclamado para imponer esos aranceles quedan bloqueados de forma permanente, el Gobierno tendría que buscar otras herramientas para lograr sus ambiciosos objetivos de política exterior.
En el centro del caso están los aranceles del “Día de la Liberación” que Trump anunció en abril y los que impuso este año a China, México y Canadá, diseñados para combatir el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Un importador de vinos, VOS Selections, y otras pequeñas empresas, junto con una decena de estados, demandaron, argumentando que Trump había excedido su autoridad.
“Ambos tribunales federales que analizaron el tema coincidieron en que la IEEPA no otorga al presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles”, dijo Jeffrey Schwab, asesor principal y director de litigios del Liberty Justice Center, que representa a los demandantes en el caso. “Estos aranceles ilegales están causando graves daños a las pequeñas empresas y poniendo en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes”.
El Gobierno de Trump ha solicitado una revisión inusualmente rápida por parte de la Corte Suprema, pidiendo que los jueces decidan si aceptan el caso antes del 10 de septiembre y programen los argumentos para principios de noviembre. Los demandantes aceptaron ese calendario acelerado.
Un tribunal federal en Nueva York falló a fines de mayo a favor de las empresas y los estados. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal confirmó esa decisión. Sin embargo, el tribunal de apelaciones permitió que los aranceles se mantuvieran temporalmente mientras continúa el litigio.
El Gobierno de Trump argumentó ante la Corte Suprema que la decisión del tribunal inferior “en opinión del presidente, desarmaría unilateralmente a Estados Unidos y permitiría que otras naciones mantuvieran la economía estadounidense como rehén de sus políticas comerciales de represalia”.
Aunque la mayoría de los aranceles impuestos por Trump durante su segundo mandato, que citan poderes económicos de emergencia, podrían finalmente ser declarados ilegales, el presidente aún cuenta con otras herramientas para seguir impulsando su agenda arancelaria.
Esto se debe a que Trump no solo ha utilizado la IEEPA para imponer aranceles. Todos los aranceles sectoriales impuestos durante su segundo mandato, incluido recientemente un arancel del 50 % sobre derivados del acero y el aluminio, como desodorantes en aerosol y cochecitos de bebé, se han basado en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.
La autoridad de la Sección 232 permite al presidente imponer aranceles más altos por motivos de seguridad nacional, pero solo puede usarse para sectores específicos y requiere una investigación previa antes de imponer los aranceles.
De manera similar, existen otros métodos que Trump puede usar para imponer aranceles que actualmente no enfrentan desafíos legales. Sin embargo, estos también tienen limitaciones que podrían dificultar que imponga y retire aranceles rápidamente, como lo ha hecho desde que retomó el poder en enero.
El caso en curso no es el primero en llegar a la Corte Suprema relacionado con los aranceles de emergencia de Trump. Dos empresas familiares estadounidenses de juguetes presentaron una apelación similar en junio. La Corte tiene previsto reunirse a puerta cerrada este mes para decidir si escuchará los argumentos en ese caso.
La batalla legal sobre los aranceles probablemente implicará una teoría que grupos conservadores han utilizado con éxito en la Corte Suprema en los últimos años para bloquear la agenda del expresidente Joe Biden, incluido su intento de condonar préstamos estudiantiles.
La Corte ha recurrido repetidamente a la “doctrina de las grandes cuestiones” para limitar el poder de la Casa Blanca y las agencias federales para actuar sin la aprobación del Congreso.
La ley federal en cuestión permite al presidente “regular… la importación” durante situaciones de emergencia, pero el estatuto no aborda específicamente los aranceles.
La ley “otorga una autoridad significativa al presidente para tomar varias medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada”, escribió el tribunal de apelaciones en su decisión. “Pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente el poder de imponer aranceles, derechos u otros gravámenes, ni el poder de recaudar impuestos”.
Desde que Trump intensificó los aranceles en la primavera, niveles récord de ingresos por aranceles han estado fluyendo a la cuenta general del Departamento del Tesoro de EE.UU. Durante el año fiscal 2025, más de US$ 210.000 millones en ingresos por aranceles provinieron de los gravámenes relacionados con la IEEPA, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Si la Corte Suprema no acepta la apelación del Gobierno de Trump o falla a favor de los tribunales inferiores, los importadores estadounidenses podrían recibir reembolsos.
Trump reconoció esa posible consecuencia a principios de esta semana, así como el impacto que el resultado del caso podría tener en varios acuerdos comerciales recientes que aún se están negociando.
“Muchos de los acuerdos comerciales que logré fueron gracias a los aranceles. Te dan una gran capacidad de negociación”, dijo Trump el martes.
Pero esos acuerdos podrían desmoronarse rápidamente porque Trump ha citado la IEEPA para imponer aranceles a productos de otros socios comerciales. También es posible que otros socios comerciales aprovechen la capacidad debilitada de Trump para imponer aranceles a sus exportaciones negociando condiciones más favorables en los acuerdos comerciales.
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