La Fiscalía de Ecuador formuló este miércoles cargos en contra de cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en Quito. La audiencia —que se desarrolló en una unidad judicial en Quito— estuvo marcada por la fuerte presencia de equipos especiales de la Policía que reforzaron la seguridad durante las comparecencias, según constató CNN en el lugar.
Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo, que lleva la causa, solicitó a la jueza de garantías penales, Daniela Ayala, que dictara prisión preventiva para los investigados por considerar que ellos podrían entorpecer el proceso y obstaculizar la justicia.
Además, Hidalgo insistió en que la prisión preventiva es “idónea” para garantizar un proceso judicial efectivo y la comparecencia de los cuatro procesados, pues tres de ellos no se encuentran en el país.
Pese a la insistencia de la Fiscalía, la jueza Ayala acogió parcialmente la solicitud de Hidalgo y dictó prisión preventiva para dos de los investigados y presentación periódica ante la justicia para los otros dos.
Para el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga y para el condenado por delitos de corrupción Daniel Salcedo, quien está en prisión cumpliendo sentencias por otros casos, la jueza dictó prisión preventiva. Mientras que, para el exministro del Interior, José Serrano, y para el empresario Xavier Jordán, ordenó que se presenten cada lunes ante el consulado de Ecuador en Miami, debido a que ambos se encuentran en Estados Unidos. La Fiscalía informó que apelará la decisión de la jueza.
Salcedo se sometió a un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía y ha rendido testimonios que han involucrado a algunos de los investigados en este caso. La colaboración eficaz de Salcedo ha sido cuestionada por los abogados de los otros señalados, por considerar que Fiscalía no debería tomar en cuenta el testimonio de un sentenciado.
La jueza también ordenó medidas de protección para Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial. Tamia y Amanda ingresaron desde este lunes al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía pues indicaron que han recibido constantes amenazas y presiones tras el crimen de su padre, informó la Fiscalía durante la audiencia.
Al final de la audiencia, Amanda Villavicencio junto a su hermana Tamia salió custodiada por la Policía y, pese a que dijo que no está del todo de acuerdo con la decisión de la jueza de acoger parcialmente el pedido de la Fiscalía, cree que la formulación de cargos es una primera victoria dentro del proceso, dijo Villavicencio a CNN y otros medios que la abordaron tras el cierre de la diligencia.
Villavicencio agregó que le preocupa la actuación de la fiscal Hidalgo, que recibió varios llamados de atención por parte de la jueza durante la audiencia por considerar que no fundamentaba a profundidad sus criterios para solicitar la prisión preventiva de todos los señalados.
“Creo que el papel de los fiscales es muy importante y no se debe tomar a la ligera, uno debe venir sumamente preparado para una situación así. Yo creo que le falta a la Fiscalía contundencia y eso les hemos pedido desde el principio, celeridad y rigurosidad y valentía”, agregó.
Al ser consultada sobre la suma de US$ 200.000 dólares que presuntamente se habrían pagado a sicarios para matar a Villavicencio durante las elecciones, como sostiene Fiscalía en sus indicios dentro de la investigación, Amanda Villavicencio dijo —entre lágrimas— que la cabeza de su padre “es invaluable”.
“Se mueve mi corazón, creo que en el proceso iremos viendo realmente quiénes son, dónde está la plata, cómo se hicieron los pagos. Por ahora esa es la teoría que sostiene fiscalía, nosotros esperamos que se haga una investigación profunda y no se repita un crimen así”, puntualizó.
Durante la audiencia de este miércoles, la Fiscalía señaló a Xavier Jordán como el “mentalizador y financista” del crimen de Villavicencio, y afirmó que fue el encargado de girar un pago para los sicarios.
Agregó que el exministro José Serrano habría actuado como un “nexo activo” entre los autores materiales del crimen y policías que supuestamente le comunicaban los movimientos de Villavicencio y el estado de su seguridad durante los días de campaña electoral.
Mientras que el exasambleísta Ronny Aleaga fue señalado por la Fiscalía durante la audiencia como colaborador en la planificación del asesinato y Daniel Salcedo habría participado de los seguimientos al excandidato por medio de terceras personas.
Este miércoles, Juan Carlos Salazar Icaza, abogado de Xavier Jordán, rechazó los argumentos de la Fiscalía e indicó que no ha presentado elementos de convicción en contra de su defendido.
“Este tema no puede ser sostenible porque no tienen corroboración alguna. Yo considero que es un caso que se va a caer sin problema alguno. La Fiscalía no ha dicho de dónde salieron supuestamente US$ 200.000 dólares, pero no han dicho cómo se pagó y de dónde se pagó, eso no existe”, afirmó Salazar al final de la audiencia en declaraciones a los medios.
El abogado del exlegislador Ronny Aleaga, Jonathan Espín, señaló durante la audiencia que su defendido está en Venezuela y que la Fiscalía no puede basar sus sospechas en el testimonio de una persona sentenciada, como es el caso de Salcedo.
“No existe prueba ni registro financiero. No hay seguimientos ni planificación del crimen. No se cumple con estándares ni principios de objetividad”, acotó.
Carlos Manosalvas, abogado del exministro del Interior, José Serrano, dijo que Fiscalía ha presentado de forma escueta sus argumentos y cuestionó que se esté tomando en cuenta el testimonio de Salcedo dentro del caso. Insistió en que no se ha probado la existencia de un grupo de “parapolicías” al servicio de Serrano y que se debe respetar el principio de “corroboración mínima”.
Serrano, quien reside en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 en Miami, Florida, y desde esa fecha quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). CNN verificó que se encuentra en el centro de detención Krome North de Miami y su abogado se ha resistido a señalar las razones de esta detención.
Finalmente, Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, insistió en que su defendido “ha dicho la verdad” sobre los otros señalados y que es colaborador en la investigación.
En julio de 2024, un tribunal sentenció a cinco personas como autores materiales y cómplices del asesinato de Villavicencio.
Meses antes, en octubre de 2023, siete reos imputados en el asesinato del excandidato fueron encontrados muertos en dos cárceles del país, según reportó el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Seis de ellos de nacionalidad colombiana.
Los reclusos fallecidos eran considerados por la Fiscalía como piezas clave dentro de las investigaciones y parte de un grupo de más de 10 detenidos por su presunta participación en el crimen perpetrado contra Villavicencio. Tras el crimen de los detenidos, el Gobierno removió a varias autoridades de seguridad y la Fiscalía abrió una investigación que hasta el momento no ha determinado responsables.
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