Cuando Trump anunció en agosto con “gran honor” que el Gobierno de Estados Unidos es ahora dueño de cerca del 10 % de las acciones de Intel, fabricante de microprocesadores, algunos economistas levantaron las cejas, sorprendidos ante el intervencionismo de la Casa Blanca en el mercado. La medida también generó comentarios en América Latina, una región más acostumbrada a la participación del Estado en el ámbito empresarial… y a su polémico impacto económico, más negativo que positivo.
México y Brasil, las economías más grandes de la región, cuentan respectivamente con gigantes como Pemex, bajo control 100 % estatal, y Petrobras, que en los años noventa dejó atrás el monopolio estatal y hoy cotiza en el mercado internacional. Chile tiene para la explotación del cobre a Codelco, y el presidente Gabriel Boric anunció la creación de otra empresa nacional que realizará colaboraciones público-privadas para la exploración, producción y agregación de valor del litio.
Pero hay países de la región que en las últimas décadas han apostado por incrementar la participación estatal bajo un modelo accionario mixto, con casos emblemáticos que dejan un saldo a veces parcialmente elogiado y muchas otras veces criticado por resultados que saltan a la vista.
Venezuela es uno de los países con mayor imagen de intervención estatal en la región, a raíz de un historial de nacionalizaciones prácticamente totales en varias industrias como la siderúrgica o la electricidad. Sin embargo, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decretó en 2007 que el Estado asumiera la mayoría accionaria de cuatro enormes proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco (que concentra los principales yacimientos nacionales y que pone a Venezuela en el primer lugar mundial de países con reservas probadas de petróleo), lo hizo a través del modelo de empresas mixtas, sin que implicara una expulsión de las compañías privadas.
“Las empresas tenían cierta independencia, pero trabajaban con una base firme del control de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) y del ministerio sobre esas actividades”, dijo a CNN el economista Manuel Sutherland, profesor del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El docente explica que los negocios fueron ampliándose y la renta era muy alta durante ese boom de los commodities, lo que permitió mantener los niveles de extracción, pero el panorama cambió alrededor de 2015. “Cuando cae el (precio del) petróleo y la corrupción se hace más grande, las empresas mixtas empiezan a tener problemas. PDVSA no puede cumplir con los requerimientos de inversión y mantenimiento, empieza un declive grande y la producción comienza a bajar”, señaló.
El chavismo ha reconocido fallas en la administración y problemas de corrupción, pero con señalamientos individuales. En 2018, el entonces presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, reconoció la falta de inversión, pero culpó en un discurso a “mafias”, burocracia y “corruptela” que llevaron a “una parálisis” en las instalaciones mejoradoras. Rafael Ramírez, quien había sido antes ministro de Petróleo y Energía de Venezuela y expresidente de PDVSA, fue acusado de presunto peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación. En diálogo con CNN, dijo en 2019 que siempre hubo corrupción con el petróleo en Venezuela, pero negó que haya prueba alguna de que él haya cometido irregularidades.
Cuando Chávez asumió el poder en 1999, Venezuela, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), colocaba en el mercado 3,1 millones de barriles por día (bpd). Para 2008, la cifra rondaba los 2,4 millones. Tras sucesivas caídas, en 2021 el promedio se desplomó hasta los 636.000 bpd, aunque en 2025 volvió a superar el millón diario, según reportó a la OPEP.
El declive también fue acelerado por las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano de 2017 e intensificadas en 2019, que a su vez llevaron a que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro dicte una progresiva apertura a la actividad de las empresas privadas, repasó Sutherland. Las medidas del Departamento del Tesoro marcaron restricciones como la prohibición a bancos de EE.UU. comprar bonos de PDVSA o el bloqueo de fondos a cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades estadounidenses. Actualmente está vigente una licencia a la firma estadounidense Chevron que le autoriza a operar en el país sudamericano.
Para Sutherland, el modelo mixto “se hizo con una idea geopolítica más que política” y no logró resultados positivos. “La idea era internacionalizar la Faja (del Orinoco). Crear uniones, acercamientos, bajo formas de petrodiplomacia. Económicamente no resultó nada beneficioso”, dijo.
El economista dijo que la empresa mixta acarreó una burocracia que ralentizó significativamente los procesos de compras e inversión. “Hizo que no aproveche el boom petrolero como debía. Según los planes, iba a sacar hasta 7 millones de barriles por día”, dijo. Una meta que no se alcanzó ni al 50 % en su mejor etapa.
Por otra parte, el proceso de nacionalización parcial no fue aceptado por todas las empresas y algunos gigantes petroleros se retiraron del país, lo que desencadenó litigios y embargos que comprometen las finanzas del país hasta hoy, como el caso de ConocoPhillips: en 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial falló que Venezuela le debía pagar una compensación de US$ 8.000 millones, todavía pendientes.
“El balance en Venezuela es bastante negativo por las cosas que sucedieron, como la corrupción, la baja producción, la burocracia, la falta de logística. No hubo transferencia de tecnología ni apropiación tecnológica”, concluyó Sutherland, y opinó que un mejor modelo hubiera sido apostar por contratos puntuales de servicio y operación con privados que a su vez impulsen el crecimiento de la industria nacional.
En Argentina, el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó en 2012 la nacionalización del 51 % de las acciones de la compañía petrolera YPF, controlada por la española Repsol, una medida que fue aprobada por el Congreso. La ley declaraba como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento energético, tras registrar en 2011 un saldo comercial negativo en combustibles.
“No era necesario comprar el total (de las acciones). El móvil original de la estatización fue el vaciamiento que hubo por parte de Repsol”, dijo a CNN Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), y exdirectivo de YPF hasta 2023. Según expuso, para 2012 la producción había caído un 30 % con respecto a 2006, y creció un 20 % en los tres años siguientes a la nacionalización. También destacó que a partir de la medida hubo un fuerte aumento en la inversión y en el número de pozos de exploración.
Letcher afirmó que debido a la falta de inversiones previa a la intervención “había un agujero fenomenal en la balanza energética” del país. También, sostuvo que desde hace décadas se sabía del yacimiento de Vaca Muerta, la gran promesa energética del país debido a que contiene algunas de las reservas de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, sin que se avance en su explotación. “Nadie quería poner la plata para desarrollarlo. Años después (tras la expropiación), aparecen las empresas privadas a aprovechar la rentabilidad de la inversión generada por YPF”, dijo.
Por su parte, el economista Marcelo Elizondo, fundador de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, mantiene hasta ahora su postura inicial en contra de la nacionalización de YPF, como partidario de que las empresas privadas operen siempre sin participación estatal, y de que las autoridades se limiten a regular las condiciones y generar espacios institucionales.
“Cuando el gobierno interviene en empresas comerciales, existen serios riesgos de que la empresa se desvíe del objetivo de abastecer al mercado, que opere con condiciones políticas y pierda el dinamismo y la celeridad en materia de innovación”, comentó a CNN. Además, advierte que puede haber distorsiones económicas como una manipulación de precios que influya en otros competidores.
“YPF ha tenido muchos años con bastante lentitud en la capacidad de reaccionar a las oportunidades”, aseguró. Elizondo considera que la exploración de Vaca Muerta se retrasó por la gestión. “Hubo una lentitud propia de los problemas de management”, insistió.
En 2012, la empresa reportó una producción total de hidrocarburos de 485.000 barriles diarios, mientras que en 2024 la cifra fue de 536.100. Además, el año pasado las ganancias brutas de explotación subieron un 15 % con respecto al 2023.
Un informe de la Cepal de 2015 destacaba que la inyección de recursos a partir de políticas gubernamentales permitió “imprimirle otra dinámica a YPF y quebrar la tendencia descendente que registraban los flujos de producción de petróleo y gas natural”.
Sin embargo, el debate sobre la nacionalización genera aún hoy polémica, en medio de una disputa judicial clave para el futuro de las arcas y de la economía de la Argentina. Una jueza federal de EE.UU. ordenó en junio al Estado argentino transferir sus acciones de la empresa por una sentencia a favor de fondos que demandaron a Argentina por no respetar los estatutos de YPF en la expropiación de 2012. El Gobierno ha apelado la decisión. La misma jueza dictaminó en 2023 que el país debía pagar más de US$ 16.000 millones a modo de indemnización.
El caso de Bolivia, que cuenta con enormes yacimientos de hidrocarburos (y también de litio, aún no explotado a gran escala), también expone una decisión estratégica en el área, pero con resultados a la baja para las empresas en cuestión.
El Gobierno de Evo Morales (2006-2019) comenzó dos años después de un fuerte conflicto social en el país sobre el gas, y el presidente nacionalizó en su primer año de mandato el sector de los hidrocarburos sin expulsar del todo a las empresas extranjeras. El principal ajuste estuvo en la redistribución de la renta, cuando se invirtió la proporción de ingresos que recibía el Estado, al pasar de 18 a 82 %. Sin embargo, el decreto supremo firmado por el presidente indicó que Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) debía controlar al menos el 50 % más 1 en las compañías del sector.
El economista boliviano Enrique Ayo indicó a CNN que las reformas permitieron “llevar adelante el modelo social productivo que se sustenta en la redistribución de la riqueza”, con proyectos de asistencia social; sin embargo, resaltó que el sistema aplicado “en el fondo no ha tenido un retorno desde el punto de vista productivo”.
Bolivia alcanzó el hito de US$ 50.000 millones recibidos en renta petrolera en 2022, a 16 años de la estatización parcial. Fue unos meses después de esa marca que el país comenzó a sufrir una crisis de escasez de combustible, como consecuencia de la falta de divisas. YPFB reportó una producción de gas natural en 2024 de 31,8 millones de metros cúbicos diarios, casi 20 millones menos que en 2018.
“Bolivia tiene gas, pero no tenía la experiencia para explotarlo”, dijo Ayo. “La participación del privado había sido fundamental y no ha habido un aprendizaje en el tema técnico”, agregó. El economista indica que el sector empresarial continúa participando, pero “se ha supeditado a las condiciones” de las autoridades. Según destaca, la exploración bajó considerablemente desde 2015 por falta de capacidad técnica. “Al final del día, a partir de 2015, sonó la campanita: no tenemos dinero, no tenemos gas y estamos entrando en una estanflación”.
El economista Luis Paz Ybarnegaray es más enfático en resaltar la bonanza económica y social que trajo la renta de hidrocarburos en Bolivia en un contexto de precios internacionales altos y “mucha presión de la deuda social del Estado”, pero también señala fallas en la administración.
El analista, que destaca la difícil situación actual del sector por la caída de producción e inversión, considera correcta la decisión de nacionalizar más de la mitad de las acciones, pero dijo que las autoridades debieron implementar un fondo de estabilización para tiempos difíciles y asegurar también los niveles de exploración. “Fue fatal”, dijo en retrospectiva.
Si bien la gestión de Morales nacionalizó también otros sectores, Paz destaca este por tratarse del que más divisas aporta a la economía de Bolivia.
“El balance general no lo veo tan malo. Si no hubiera habido ningún cambio, Bolivia habría recibido US$ 8.000 millones de dólares, y hemos recibido US$ 38.000 millones (netos). Para una economía como la boliviana, jamás en la historia se había visto, son cifras enormes para un país pequeño”, apuntó.
YPFB informó en febrero que la renta de 2024 fue de US$ 1.635 millones, casi un 20 % menos que el año previo. En 2014, antes de la caída de los precios internacionales, había superado los US$ 5.400 millones.
Trump adelantó luego del anuncio de Intel que su Gobierno podría apuntar a otras empresas. “Haremos muchos acuerdos como ese. Haré más de esos”, dijo desde la Casa Blanca.
Sutherland, de la UCV, considera, tras la experiencia en Venezuela, que para una participación mixta el porcentaje estatal debe ser minoritario, especialmente en sectores que puedan potenciar capacidades que el país aún no tiene.
En Argentina, Letcher considera que el esquema mixto “es interesante”, al permitir una mirada estratégica de la participación estatal y a la vez la reinversión de las utilidades da mayor valor a las acciones. Además, cree que el modelo no implica necesariamente una tensión entre lo público y lo privado. En el caso de YPF, “no ha habido conflictos con accionistas minoritarios” para el manejo de la empresa, aseguró.
En tanto, Elizondo apuntó que “América Latina es un mal laboratorio en términos de evaluación” de la participación estatal en empresas. “Ha habido casos de corrupción, de condicionamiento político, de ineficiencia, de politización en la dirección de empresas. Hasta accionistas privados se sienten incómodos” con la presencia estatal, argumentó.
Desde Bolivia, Ayo indica que “por la inexperiencia del sector público para manejar un sector estratégico”, el país perdió recursos clave en la producción de hidrocarburos y la renta que otorgaba. “La gallina de los huevos de oro ha desaparecido”, resumió.
A su vez, Paz considera importante que el Estado tenga un papel sobre recursos estratégicos, pero indicó que las empresas “deben mantener un criterio empresarial y no tener mucha injerencia”.
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