El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de cuatro votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en un panel de cinco miembros. La Justicia condenó al exmandatario a 27 años con tres meses de prisión.
La magistrada Cármen Lúcia Antunes acompañó primero los votos a favor de la condena que emitieron el martes los jueces Flávio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, por los cinco cargos contra Bolsonaro: tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
Luego el juez Cristiano Zanin, el último en votar, también se manifestó a favor de la condena a Bolsonaro por los cinco cargos, llevando el total de votos a cuatro.
Los cuatro jueces votaron a favor de condenar al expresidente en todos los cargos, echando por tierra las expectativas previas de que podría haber al menos una absolución parcial de Bolsonaro, enviando un mensaje contundente sobre el futuro político del país más grande de América Latina.
El miércoles, el voto en contra de Luiz Fux había dejado una luz de esperanza para el exmandatario.
Bolsonaro, que se declaró inocente durante el proceso, puede apelar ante el pleno de la corte.
“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza durante su exposición.
Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. Bolsonaro cumple arresto domiciliario por desafiar restricciones impuestas por el tribunal y fue juzgado junto a siete altos asesores y exministros que, según los fiscales, actuaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal decidida a desmantelar el régimen democrático y que culminó en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Más de 600 personas han sido sentenciadas por ese asedio.
Si Bolsonaro apela la condena, el pleno de 11 miembros del Supremo Tribunal no volvería a juzgar todo el caso. En cambio, revisaría puntos específicos como posibles contradicciones en la sentencia, duración de la pena o interpretaciones legales.
El exmandatario, de 70 años, fue condenado en 2023 por otra causa y quedó impedido de ejercer cargos públicos por ocho años, al ser hallado culpable de abuso de poder por difundir información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos extranjeros.
El caso también es seguido de cerca en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que ha aplicado sanciones a funcionarios de Brasil, calificó el juicio como una “cacería de brujas”, y esta semana la portavoz de la Casa Blanca, consultada por el juicio, dijo que el mandatario “no tiene miedo de usar el poder económico y militar” de su país para proteger la libertad de expresión. El Gobierno de Lula respondió en un comunicado: “El primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.
El caso ha polarizado más a Brasil. El domingo, cuando el país celebraba un nuevo aniversario de independencia, hubo manifestaciones callejeras a favor y en contra del juicio al expresidente.
Como excapitán del Ejército, Bolsonaro tiene derecho a un régimen de encarcelamiento especial, tal como establece el artículo 295 del Código de Proceso Penal para militares retirados y figuras públicas con prerrogativas de seguridad. El Supremo Tribunal Federal definirá el lugar exacto de cumplimiento de la pena.
El líder ultraderechista, según los argumentos de la Fiscalía que validaron los jueces, participó de una trama tenía como objetivo “perpetuar” al expresidente en el poder luego de la derrota en las urnas en 2022 frente a Lula da Silva. Los golpistas, añadió la acusación, planearon asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes.
El plan contemplaba usar explosivos, armas de guerra o veneno para realizar los asesinatos, según los fiscales.
Los abogados defensores aún podrán presentar apelaciones, pero una vez agotadas las vías de recurso, el fallo será firme y se podrán ejecutar las penas de prisión.
El juicio, que se celebra antes de las elecciones generales de 2026, ha polarizado a Brasil. Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles el Día de la Independencia del país para protestar contra el proceso judicial.
El hijo mayor de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, senador brasileño, criticó el resultado y atacó a De Moraes. “Con el pretexto de defender la democracia, se rompieron los pilares de la democracia para condenar a una persona inocente que no se atrevió a doblegarse ante un dictador llamado Alexandre de Moraes”, declaró el jueves.
Bolsonaro ha insistido durante mucho tiempo en que el juicio constituyó una cacería de brujas política.
Esta opinión ha sido compartida por uno de sus mayores aliados políticos, el presidente estadounidense Donald Trump.
En julio, Trump impuso un arancel del 50% a Brasil tras amenazar con hacerlo si el país no ponía fin al juicio contra el expresidente. Su Gobierno también sancionó a De Moraes por lo que considera “graves violaciones de derechos humanos” y anunció restricciones de visado contra él y otros funcionarios judiciales por el juicio a Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente, declaró a Reuters que espera sanciones adicionales de Estados Unidos contra funcionarios brasileños, incluidos los jueces que votaron a favor de la condena.
Trump no respondió si aplicaría nuevas sanciones cuando la prensa le preguntó sobre la condena el jueves, pero expresó su conmoción por el resultado del juicio. “Pensé que era un buen presidente de Brasil, y es muy sorprendente que eso pudiera suceder”, dijo en el jardín de la Casa Blanca.
Los partidarios de Bolsonaro y algunos sectores de la derecha brasileña han acogido con satisfacción el interés de Trump en el caso. Sin embargo, el Gobierno de Lula, y muchos otros en el país latinoamericano, lo consideran una intromisión de Estados Unidos en sus asuntos.
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