Los cárteles de la droga no vuelan aviones caza, ni operan los sistemas de radares y misiles antiaéreos necesarios para derribarlos. Al menos por ahora.
No tripulan submarinos de ataque convencionales ni de propulsión nuclear, aunque a veces puedan valerse de algún sumergible artesanal para mover algunos kilos de cocaína. Tampoco navegan en destructores misilísticos.
Los cárteles no conducen pesados tanques ni fortifican posiciones ni cavan trincheras para frenar un desembarco y contraatacar contra una cabeza de playa.
¿Por qué, entonces, Estados Unidos está desplegando tantos activos de guerra convencional en el Caribe en una operación que, según ha dicho la Casa Blanca, busca detener el tráfico de drogas y asestar un golpe a las organizaciones criminales en la región?
Como demostración de fuerza, se trata de un mensaje contundente, en el contexto de las crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela. Y como operativo antidrogas, la desproporción -y el costo operativo- es insolayable.En las últimas semanas los reportes de buques y aviones activados en las aguas del Caribe, en un despliegue en una escala no vista desde la invasión de Panamá de 1989, no han frenado.
En medio de estos movimientos, Estados Unidos insistió reiteradas veces en que el Cártel de los Soles, una organización a la que designó como terrorista, ha corrompido al Gobierno de Venezuela y sus líderes (en especial el presidente Nicolás Maduro, sobre quién Washington ha puesto una recompensa de US$ 50 millones y al que llama “líder fugitivo del cartel”). Esto lo convierte en un potencial blanco de sus operaciones contra los cárteles.
El Gobierno de Venezuela rechaza las acusaciones y asegura que el Cártel de los Soles “es un invento” de las autoridades de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Maduro convocó a las milicias y desplegó buques de guerra en el Caribe, y dos cazas venezolanos volaron cerca de un buque de guerra estadunidense.
Pero las cartas están sobre la mesa. Fuentes cercanas a la Casa Blanca dijeron la semana pasada a CNN que el presidente Trump estaba evaluando la posibilidad de atacar objetivos de los cárteles dentro de territorio venezolano, como parte de una estrategia para debilitar a Maduro. Hacerlo implicaría violar la soberanía venezolano y enfrentarse al riesgo de una respuesta.
Al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke, armados con misiles Tomahawk, cañones convencionales, dispositivos de guerra electrónica y toda una amalgama de defensas antiaéreas, aparecieron en la región. También un pocas veces visto crucero clase Ticonderoga y un submarino de propulsión de nuclear fueron desplegados, además de otros buques menores.
Todas estas naves están diseñadas principalmente para combatir contra otros buques de guerra o defender la flota de ataques aéreos, pero además son capaces de atacar blancos en tierra y a larga distancia.
Hasta ahora, la única operación ofensiva ha sido contra una embarcación ligera presuntamente cargada con drogas y ligada al Tren de Aragua, que fue destruida la semana pasada en aguas del Caribe con un saldo de 11 muertos. No está claro aún cómo se destruyó el bote, pero sin duda la relación de fuerzas parece desproporcionada y el accionar alejado de las normas del derecho internacional.
En el contingente naval de EE.UU. también se desplegó un buque de asalto anfibio, el enorme USS Iwo Jima, y otros dos buques transporte, los USS San Antonio y Fort Lauderdale, que están diseñados para transportar, apoyar y desembarcar tropas en una zona de guerra.
En total, la Casa Blanca anunció la presencia de unos 4.000 efectivos en aguas del Caribe o cercanas, entre tripulantes y miembros de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines embarcados en los buques de asalto anfibio.
De acuerdo con imágenes satelitales tomadas por la Agencia Espacial Europea (ESA), y detectadas por primera vez por el investigador MT Anderson, parte de esta flota se encontraba la semana pasada a unos 500 kilómetros al note de Venezuela.
La infanteria de Marina embarcada no es suficiente para una operación terrestre en Venezuela, escribieron Mark F. Cancian y Chris H. Park, analistas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).
“La fuerza estadounidense, en su nivel actual de despliegue, aunque poderosa, es demasiado pequeña para llevar a cabo una misión de tal magnitud. Estados Unidos desplegó más de 20.000 soldados cuando invadió Panamá en 1989, a pesar de que solo se enfrentó a unos pocos miles de soldados panameños y fuerzas paramilitares”, señalaron.
“Con los activos desplegados hoy, las fuerzas estadounidenses podrían lanzar ataques aéreos o con misiles contra el régimen de Maduro desde un refugio en alta mar”.
Pero no todo se trata de barcos. Un helicóptero de guerra antisubmarina MH-60 Seahawk, posiblemente volando desde el USS Iwo Jima, apareció brevemente en los radares de aeronavegación comercial a 250 kilómetros de Venezuela. Y la semana pasada se enviaron 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico, estado asociado de EE.UU., para participar en el despliegue.
No hay nada más moderno en el inventario de la Fuerza Aérea ni en la Aviación Naval de Estados Unidos: los F-35 entraron en servicio en 2015 e incorporan todas las últimas tecnologías.
Son aviones polivalentes y furtivos, es decir que reducenl máximo la posibilidad de ser detectados por los radares enemigos, y que se diseñaron para penetrar avanzadas defensas aéreas y llevar a cabo ataques de precisión. No para destruir un laboratorio de drogas.
Y cada uno cuesta aproximadamente US$ 100 millones, dependiendo versiones y configuraciones.
De hecho todo el programa de desarrollo y producción de los F-35 costará a los estadounidenses, según proyecciones y cuando haya concluido la producción, cerca de US$ 1,7 billones, uno de los proyectos militares más caros de la historia.
Pero allí están en Puerto Rico, listos para enfrentarse a lanchas cargadas con drogas, que saltan de isla en isla en su presunto derrotero hacia Estados Unidos.
No es la primera vez, sin embargo, que EE.UU. utiliza un sistema de armas de última generación, y con un costo exhorbitante, para ejecutar misiones de combate para las cuales están sobrecalificados y que otras armas más discretas -y baratas- serían suficientes.
Es el caso del F-22 Raptor, el caza de altísimo desempeño y primera línea de Estados Unidos cuyo costo unitario se calcula en US$ 412 millones, y que en 2014 tuvo su bautismo de fuego al atacar posiciones del Estado Islámico, un grupo extremista, en Siria. Y en 2017 la joya de la ingeniería aeronáutica militar estadounidense fue usado para bombardear laboratorios de procesamiento de opio en Afganistán.
En circunstancias normales, las operaciones antinarcóticos de EE.UU. en aguas del Caribe y en torno a América Latina serían conducidas por buques de la Guardia Costera, que como fuerza de seguridad tiene experiencia en el trato con civiles, aunque sean miembros de un cartel, y una doctrina más clara al respecto.
No es inusual que buques de guerra de la Armada de EE.UU., sin embargo, colaboren y presten ayuda en estas operaciones, como ocurrió en marzo con el despliegue de dos destructores clase Arleigh Burke en el área del Comando Sur.
Pero en estos casos, así como en las operaciones contra la inmigración ilegal lanzadas este año por Trump, la norma es que los destructores lleven a bordo un Destacamento de Aplicación de la Ley de la Guardia Costera (o LEDET, en inglés) precisamente para lidiar con civiles que tienen derecho a ser juzgados.
La participación de la Marina o el ejército en acciones policiales sobre civiles ha sido siempre controvesial. Al interior del territorio de EE.UU., está prohibido -con excepciones- por la ley posse comitatus. Y hacerlo dentro de las fronteras de otro país constituye una violación de soberanía y un potencial acto de guerra.
En aguas internacionales todo es simplemente gris. Pero el gris puede, en ocasiones, extenderse aún más, como muestra el bombardeo reciente de Irán, numerosos ataques contra objetivos en Siria en los últimos años o incluso la muerte de Osama Bin Laden en un operativo de fuerzas especiales dentro de Pakistán.
“Desde hace tiempo ha sido un objetivo de la política estadounidense tratar de incitar a los militares venezolanos a volverse contra Maduro”, dijo a CNN Benjamin Gedan, analista de Venezuela durante el Gobierno de Barack Obama e investigador de política exterior en la Universidad Johns Hopkins.
“Pero no ha tenido éxito”.
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