“Por favor. Estoy desesperada. Necesito que me ayuden”. Con estas palabras, Micaela Ramos, madre de Alfonsina y Francisco, hacía días atrás un llamado urgente a su comunidad en una ciudad del interior del Uruguay para dar con el paradero de sus hijos: el padre, denunciado por violencia de género y que por orden judicial no podía acercarse a ella, había entrado en su casa y se los había llevado a la fuerza.
Menos de 24 horas después, la Policía halló los cuerpos de los niños de dos y seis años y el de su padre, Andrés Morosini, sumergidos en un arroyo, dentro del auto rojo en el que los había secuestrado. El veredicto de la Fiscalía fue inequívoco. El hombre de 28 años los había matado, en un episodio de violencia vicaria que reavivó un debate en un país donde, detrás de una fama de paz y tranquilidad que tantos elogios le cosecha en la prensa internacional, la pandemia de la violencia de género asesina a decenas de mujeres y niños por año.
La violencia vicaria, una de las múltiples expresiones de la violencia de género, es aquella que “tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos”, en palabras de la Universidad Complutense de Madrid, España, uno de los países donde está tipificada en la justicia. Como su nombre lo indica, se trata de una violencia desplazada: el padre causa daño a sus propios hijos para causarle daño a la madre.
En Uruguay no hacen falta adjetivos para describir las dimensiones del horror: de 2023 a 2025, 13 niños fueron asesinados por sus padres según los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, dijo a CNN en Español la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier.
Para muchos, el veredicto tras el homicidio de Alfonsina y Francisco fue claro: la sociedad falló y el Estado falló
Ramos había denunciado a Morosini por violencia en su contra días antes del secuestro y la Justicia había dispuesto una orden de restricción que le impedía acercarse a menos de 50 metros de ella. Sin embargo, no había dispuesto restricciones hacia los hijos, han confirmado desde entonces actores del sistema judicial y político.
Horas después del hallazgo de los cuerpos el viernes 5 de septiembre, feministas autoconvocadas se manifestaron para exigir medidas del Estado que protejan a las mujeres y los niños de la violencia vicaria frente a la sede del Gobierno, que instaló una mesa de trabajo conjunto con la sociedad civil.
Una de las participantes fue Soledad González, politóloga especializada en violencia de género, quien en diálogo con CNN dijo que, durante el encuentro, su planteó fue la necesidad de “revisar la política pública de respuesta a las denuncias absolutamente, de principio a fin, con una mirada proactiva”. Diagnósticos hay, explica. Lo que falta, agrega González, es una construcción de soluciones que aborde el accionar específico de cada uno de los actores que interviene cuando hay violencia de género, incluidos la Justicia, la Policía y el sistema de salud.
En este marco, uno de los puntos de debate que volvió a estar sobre la mesa es la ley de Corresponsabilidad en la Crianza, más conocida como ley de tenencia compartida, aprobada en el país por un Parlamento de mayoría conservadora en 2023.
La ley —que no se aplicó en este caso concreto— establece, entre otras disposiciones, que cuando un progenitor está denunciado por violencia de género y hay medidas cautelares igual “deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes”, siempre que el juez entienda que es en el mejor interés de los menores.
Dicho más sencillo: si un hombre está denunciado y tiene restringido judicialmente el acercamiento a la madre, por ejemplo, igual el juez debe respetar su derecho a ver a los hijos si entiende que es lo más positivo para ellos.
Cuando se discutió la ley, el entonces senador Guido Manini Ríos, uno de sus impulsores más vocales, defendió que devolvía “los derechos al padre a no perder contacto con su hijo” por “la mera denuncia” en su contra. Para sus defensores, la ley corregía una “situación de tremenda injusticia” hacia los padres, en palabras de Manini Ríos, del partido Cabildo Abierto que formó parte de la coalición que gobernó en el período 2020-2025.
Ahora, políticos de la coalición de izquierda gobernante y activistas piden que se derogue o modifique y aseguran que no se trata de eliminar la posibilidad de una tenencia compartida, que la Justicia ya podía disponer antes de la ley, sino de asegurar la protección de los niños frente a la violencia.
Mientras tanto, legisladores opositores como Rodrigo Goñi han calificado el impulso de derogación de la ley como “populismo irresponsable” frente a “hechos excepcionales” y han insistido en que se aprobó “en beneficio e interés general de los niños”.
Detrás del debate legislativo lo que está en disputa es la concepción misma de la buena paternidad.
“El caso evidencia cómo se instaló el relato de que “padres que son violentos con las madres pueden ser buenos padres para los hijos”, dice González, explicando que en ocasiones “los jueces y juezas toman medidas con ese esquema de pensamiento” porque, en definitiva, “el sentido común es machista”.
Xavier, de Inmujeres, va en la misma dirección: “En nuestro país está muy afianzado por parte de algunos operadores jurídicos que un padre violento con su pareja puede ser un excelente padre y se justifica diciendo ‘el problema es con ella, no con los chicos’, y cada vez hay más evidencia que demuestra (…) que la posibilidad de que un hombre violento con su pareja sea violento con sus hijos amerita que se tomen también medidas cautelares hacia los niños”.
Aproximadamente uno de cada cinco niños vive en hogares donde sus madres son víctimas de violencia y, en estos casos, ellos también lo son y “de primer orden”, dice Xavier. “No son víctimas secundarias en el ejercicio de la violencia, están en la primera línea, y esto también nos lleva a decir que debemos mejorar la disposición de medidas cautelares que protejan a las infancias”.
La abogada española especializada en violencia de género Carla Valls lo ponía así en una conferencia de TedX: “Durante años judicialmente se ha pensado que, con alejar al agresor de su víctima, la violencia se terminaría. Pero no hay ningún acto de magia tal, porque lo que hace la violencia, lo que hacen los agresores, es precisamente encontrar una forma para que su violencia tome una nueva forma”.
El accionar de la jueza que había dispuesto medidas de restricción hacia la madre de Alfonsina y Francisco, pero no hacia los niños, quedó bajo cuestionamiento en el caso Morosini y ahora está bajo investigación de la Suprema Corte de Justicia, que le inició un proceso administrativo a la magistrada.
El presidente del máximo tribunal del país, John Pérez, explicó la semana pasada en diálogo con el medio local Teledoce que la madre había dicho que no pretendía una restricción en el vínculo hacia los hijos porque “era un buen padre”. Al consultársele sobre si la Justicia no era responsable de evaluar el riesgo y disponer medidas cautelares más allá del criterio de la madre, adujo que “no dio tiempo” de hacer las evaluaciones necesarias porque los hechos se sucedieron demasiado rápido. El magistrado también ha hecho hincapié en la necesidad de que se dote de más recursos al Poder Judicial para atender los casos de violencia de género.
Desde la oficina de Pérez dijeron a CNN este lunes que no se realizarán más declaraciones sobre el caso mientras avanza el sumario contra la jueza, que sigue abierto.
Al analizar las fallas del Estado, González enfatizó precisamente en las evaluaciones: “No hay evaluaciones de riesgo”, dijo, y ese “déficit” hace que a veces “los jueces tomen decisiones a ciegas”.
De la mano del debate anterior, hay una noción que ha permeado con fuerza sectores de la sociedad en Uruguay y más allá de las fronteras de este país de tres millones y medio de habitantes: que hay una gran cantidad de denuncias por violencia de género “falsas” o “incomprobables”.
El momento no es casualidad. “Con el avance de los derechos y de la autonomía de las mujeres en los últimos años, la generalización del movimiento feminista, la ampliación de adhesiones y todo ese avance ha generado un backlash muy grande”, reflexiona al respecto González.
La ley “estuvo sostenida en un discurso de que estábamos llenos de denuncias falsas, una afirmación para la cual no hay evidencia”, dijo en entrevista con los medios públicos la diputada oficialista Inés Cortés, “y eso obviamente permeó en el sistema de justicia”.
No existen estudios específicos sobre las denuncias falsas en materia de violencia de género en Uruguay. Sin embargo, un estudio hecho por la Universidad de la República a solicitud del Parlamento al que tuvo acceso CNN en Español aporta evidencia en dos sentidos sobre cuán excepcionales son.
Por un lado, desde la universidad relevaron las imputaciones por calumnias y simulación de delito de 2021 a 2023 y encontraron que, de un total de 85, la enorme mayoría fueron por simulaciones de hurto o rapiña y apenas dos refirieron a situaciones de violencia de género (en un caso el denunciante era hombre y en otro era mujer). “La conclusión es que las falsas denuncias por razones de violencia de género son una clara excepción”, dicen al respecto los autores.
Por otra parte, los especialistas recabaron estudios hechos en otros países que también han estado atravesados por el debate. Una investigación de la Fiscalía del Reino Unido que analizó más de 117.500 casos de violencia de género en un período de poco más de un año, por ejemplo, concluyó que solo 44 de las denuncias eran falsas. El 0,037 %.
En España, mientras tanto, un estudio de la Fiscalía de 2023 asegura que desde 2009 a 2023 las condenas por denuncias falsas fueron en el 0,0084 % de los casos.
“En conjunto, los datos muestran que el porcentaje de denuncias falsas en casos de violencia de género es bajo (…). Sin embargo, la percepción social sigue estando profundamente distorsionada, lo cual tiene un impacto considerable en la lucha contra la violencia de género. Esta distorsión se basa en uno de los mitos más persistentes sobre la violencia de género: la creencia errónea de que las mujeres mienten con frecuencia sobre haber sufrido violencia”, dice el informe de la Udelar.
Ningún debate le devolverá la vida a Alfonsina y Francisco. Pero para parte de la sociedad uruguaya es evidente que solo un debate profundo, y un accionar en consecuencia, podrá prevenir que la lista de niños asesinados a manos de sus propios padres siga creciendo.
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