Aunque India y China concentran, por lejos, la mayoría de las visas H‑1B —el permiso más codiciado para trabajadores extranjeros altamente calificados en Estados Unidos—, el reciente aumento de la tarifa anunciado por el Gobierno de Donald Trump también tendrá repercusiones en dos países de América Latina que sentirán con fuerza el golpe: México y Brasil.
El Gobierno de Trump anunció la semana pasada que impondrá un costo de US$ 100.000 anuales por solicitud, en lo que define como “un esfuerzo por frenar el uso excesivo del programa”.
La nueva tarifa amenaza con impactar significativamente a las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores H-1B, como la tecnología y la ingeniería. Y podría cerrar la puerta a miles de profesionales latinoamericanos que hoy apenas logran un lugar en el sistema.
América Latina representa apróximadamente el 3% del total de visas H-1B aprobadas, con cifras muy por debajo de las principales economías asiáticas, según los datos del año fiscal 2024 publicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS). Solo India recibió el 71% del total de visas, seguida por China, con un 11,7%.
Aunque ningún país latinoamericano superó el 1% individualmente, México y Brasil se destacan como los de mayor participación regional, con 3.333 visas aprobadas para mexicanos (0,8%) y 2.638 para brasileños (0,7%) en el año fiscal 2024. Por lo tanto, serían los más expuestos al efecto de la nueva tarifa.
La presencia latinoamericana en el sistema H-1B cae desde hace las últimas dos décadas: en 2005, México y Colombia representaban el 1,3% de las aprobaciones y Brasil el 0,9%, según datos de USCIS. En 2024, esos porcentajes cayeron a 0,8%, 0,4% y 0,7% respectivamente.
El anuncio de la nueva tarifa ocurre en un contexto de larga data: Trump ha sido crítico del programa H-1B, al que acusa de desplazar a trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata. Durante su campaña de 2016, afirmó que las empresas usaban estas visas “con el propósito explícito de sustituir a los trabajadores estadounidenses por salarios más bajos”.
En 2020, en plena pandemia de covid-19, su Gobierno restringió el acceso a las visas H‑1B en varias ocasiones, como parte de sus esfuerzos por reducir la inmigración legal y proteger el empleo local. Ese mismo año, también se endurecieron las reglas, incluyendo una definición más estricta de “ocupaciones especializadas” y nuevas limitaciones para la subcontratación de trabajadores H‑1B a terceros.
Las tasas de rechazo reflejaron esa línea dura: en 2018, bajo Trump, las negativas alcanzaron un pico del 15 %, incluyendo el 24 % de las solicitudes nuevas y el 12 % de las renovaciones. Bajo el Gobierno de Biden, las tasas de rechazo cayeron a menos del 3 % en 2022, en parte gracias a fallos judiciales que bloquearon las restricciones heredadas del gobierno anterior, de acuerdo con un análisis del Pew Research Center.
Aunque la imposición del nuevo arancel aún no es definitiva, la dirección de la política de inmigración de Trump podría restringir el acceso de los trabajadores latinoamericanos —que ya ocupan un lugar marginal como beneficiarios del sistema H-1B— al mercado laboral calificado de Estados Unidos.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó que la tarifa de US$ 100.000 anuales, más los costos de verificación, fue definida tras conversaciones con empresas usuarias del programa. La estructura de pago todavía se discute con el Departamento de Seguridad Nacional, que evalúa si se cobrarán “US$ 300.000 por adelantado o US$ 100.000 al año durante tres años”, según Lutnick.
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