En Madrid, como en otras ciudades españolas, la población se expresa muchas veces a través de los balcones. Al pasear por el centro de la ciudad, no es extraño apreciar algunas barandillas donde cuelgan banderas LGTBI o de Palestina. Particularmente en el céntrico barrio de Lavapiés, donde desde hace un tiempo algunos vecinos también han empezado a colgar carteles mostrando su rechazo a los pisos turísticos.
“Están echando a los vecinos con el aumento de los precios del alquiler”, reclama ante CNN Manuel Osuna, que lleva 60 años viviendo en este barrio. Tiempo suficiente para presenciar cómo una mayor llegada de turismo ha terminado por impactar la vida en el barrio, dado que “antes los vecinos podían bajar a un bar a ver el fútbol, pero ahora la mayoría de los bares son franquicias y les interesan más los turistas”, asegura.
Lavapiés se engloba dentro del distrito centro de Madrid, convertido hoy en día en el que mayor número de viviendas turísticas acoge respecto al total de las censadas, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, 6.146 viviendas se destinan a este uso, lo que representa el 7,11 % del total de las censadas en esta división administrativa.
Así las cosas, el malestar expresado por Osuna, plasmado también en las manifestaciones masivas contra los efectos nocivos del turismo de masas que se han celebrado en ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, ha sido asumido por el propio Gobierno español, que ha tomado la iniciativa de limitar la proliferación de viviendas de uso turístico que no cumplan con la legalidad vigente.
A mediados de septiembre, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez solicitó a las diferentes plataformas digitales que retiraran 53.876 alojamientos turísticos “ilegales” de sus portales web con el objetivo de que pasen a engrosar las filas de apartamentos destinados al alquiler permanente.
Para detectar estos alojamientos, el Gobierno partió de la medida que obliga desde julio de 2025 a que los arrendadores registren sus viviendas de uso turístico ante el Colegio de Registradores con el fin de obtener un código de registro que les permita operar legalmente.
“Queríamos poner orden en el desorden que existía hasta entonces de las viviendas y apartamentos turísticos”, destacaba Sánchez al respecto de esta normativa.
De esta forma, las solicitudes presentadas ante el Colegio de Registradores que contengan datos incompletos o no acordes a la normativa vigente pierden la capacidad de operar en el mercado.
Airbnb, una de las plataformas situadas en la mira del Gobierno, señaló poco después de conocerse esta orden de retirada que la mayoría de los anuncios que tienen activos en España ya muestran un número de registro y que menos del 10 % de los alojamientos a los que el Colegio de Registradores les revocó su código de registro siguen activos en sus listados, aunque procederán a darlos de baja.
“Creemos que nuestra contribución ayudará a dar forma a un futuro sostenible para los alquileres a corto plazo en España y hacemos un llamamiento a otras plataformas para que se unan a los esfuerzos de transparencia que Airbnb está llevando a cabo con las autoridades locales”, señalaba en un comunicado Jaime Rodríguez, director general de marketing de la plataforma en España.
“La idea es buena”, valora Osuna, pero mantiene cierto recelo sobre el futuro de estas miles de viviendas, ya que, a pesar de haber perdido su capacidad para anunciarse en plataformas conocidas, teme que “busquen otras formas de publicitarse” para seguir siendo alquiladas por turistas.
A nivel nacional, el INE contabiliza 381.837 viviendas turísticas, lo que representa 60.000 más que las registradas casi cinco años atrás, en agosto de 2020, suponiendo un 1,43 % de las viviendas censadas en todo el país.
La queja de muchos vecinos es que la proliferación de este tipo de viviendas, junto al déficit de hogares que existe en el país — que el Banco de España estima entorno a 400.000 y 450.000 viviendas — y la especulación inmobiliaria han complicado el panorama.
Sin ir más lejos, el precio del alquiler se ha casi duplicado a nivel nacional en tan solo una década, según datos del portal inmobiliario Idealista. El precio del metro cuadrado del alquiler ha pasado de los 7,5 euros en septiembre de 2015 a 14,5 euros en septiembre de 2025.
En cuanto a la compra, el precio del metro cuadrado se ha incrementado a nivel nacional un 65 % en 10 años, pasando de los 1.522 euros en septiembre de 2015 a 2.517 euros en septiembre de este año.
Estos datos muestran que cada vez es más difícil comprar o alquilar un espacio en España al que llamar hogar.
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