El Gobierno de Trump está considerando trasladar a los dos sobrevivientes del ataque militar del jueves contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe a sus países de origen y liberarlos de la custodia militar de Estados Unidos, dijeron dos funcionarios estadounidenses a CNN.
Los funcionarios del Gobierno estaban trabajando a contrarreloj entre el viernes y la mañana de este sábado para determinar qué hacer con estas personas, quienes son los primeros sobrevivientes conocidos de los seis ataques militares estadounidenses realizados en el Caribe desde septiembre.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos detuvieron a los sobrevivientes tras el ataque del jueves. Fue la primera vez que la campaña militar del Gobierno de Trump contra narcotraficantes resulta en que Estados Unidos retenga prisioneros.
El ataque del jueves fue el sexto ataque conocido contra una embarcación supuestamente involucrada en el tráfico de drogas. Se produjo en momentos en que Estados Unidos ha desplegado decenas de recursos militares en el Caribe y promete más ataques contra presuntas embarcaciones de drogas, como parte de una campaña para reducir el flujo de drogas y presionar a Nicolás Maduro, el presidente autoritario de Venezuela.
El presidente Donald Trump no abordó el estatus de los detenidos en la Casa Blanca el viernes, pero dijo: “Para que entiendan, este no era un grupo de personas inocentes”.
La situación podría generar un dilema legal y político para el Gobierno, ya que no estaba claro bajo qué autoridad legal las fuerzas armadas estadounidenses pueden retener a los prisioneros, dijo anteriormente a CNN Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en temas de poderes de guerra.
Una de las fuentes dijo a CNN que la situación legalmente dudosa es la razón por la que la administración está considerando liberar a las personas de la custodia militar de Estados Unidos.
La situación surge mientras la legalidad de las operaciones del Gobierno de Trump en el Caribe ha sido ampliamente cuestionada.
La administración ha producido una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes, según ha informado CNN. Sin embargo, históricamente, quienes estaban involucrados en el narcotráfico eran considerados criminales con derechos al debido proceso cuando la Guardia Costera interceptaba embarcaciones de tráfico de drogas y arrestaba a los contrabandistas.
La administración Trump también ha argumentado que el presidente tiene amplias facultades bajo el Artículo II de la Constitución para llevar a cabo los ataques contra lo que afirma son “narcoterroristas”, pero legisladores de ambos partidos han cuestionado esa teoría. El Congreso, que mantiene una amplia autoridad bajo el Artículo I de la Constitución para declarar la guerra, no ha autorizado un conflicto armado contra los narcotraficantes.
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