España, Canadá, Republica Dominicana, Alemania… En estos días, preguntarle a un estudiante universitario venezolano dónde se ve en cinco años significa darle, en sentido figurado, la vuelta al mundo. Muchos son los posibles destinos con los que sueñan. Y rara vez la respuesta es Venezuela.
El sueño de la migración y de un mejor futuro lejos de casa se mantiene vivo en la Generación Z venezolana, lo que ayuda a explicar también por qué el movimiento estudiantil ya no se enfrenta al Gobierno de Nicolás Maduro dentro y fuera de las aulas, como en años anteriores.
Otras razones pueden ser mucho más crudas.
“Hay frustración, hay miedo y hay rabia. Nosotros quizás no estamos apagados. Pero, si llegamos a sacar un poco la cabeza, eso es automáticamente una orden de decapitación”, le cuenta a CNN un líder estudiantil en Caracas, quien, como otros estudiantes contactados para este artículo, pidió resguardar su identidad por miedo a represalias.
En momentos claves de tensión política en años pasados, como en el referéndum constitucional de 2007 o las protestas callejeras de 2014, 2017 y 2019, el movimiento estudiantil siempre estuvo al frente de la oposición al Gobierno1. Pero este año la política se ha quedado afuera de los campus universitarios.
Una excepción ocurrió a comienzos de octubre cuando se otorgó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, quien sigue en condición de clandestinidad
Frente a un silencio casi absoluto en los medios radiales y televisivos dentro de Venezuela, donde el Gobierno de Maduro impone una estricta censura, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), alma mater de Machado, logró colgar una pancarta que decía: “El Nobel de la Paz 2025 tiene sello Ucabista”. El cartel fue removido pocas horas después.
CNN conversó con algunos de los estudiantes responsables de ese hecho, que contaron que una acción como esa era lo máximo que pudieron emprender en medio de la represión.
“En Venezuela no es secreto para nadie que todo está vigilado, todo está regulado y no puedes expresarte tan libremente como podrías hacerlo en otros países”, cuenta uno.
Mientras que este año ha registrado protestas juveniles alrededor del mundo, desde Nepal a Marruecos y Perú, en Venezuela los que manifiestan en contra del Gobierno logran más fácilmente un interrogatorio policial que el respaldo popular.
Según la organización de derechos humanos Foro Penal en este momento hay más de 800 personas detenidas por razones políticas en el país, muchas de ellos sin haber sido presentados a tribunales.
El Gobierno de Nicolás Maduro niega que haya presos políticos en el país y, en los últimos doce meses, ha otorgado amnistías a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas que siguieron a las elecciones del 28 de Julio de 2024.
“Todos conocemos gente que estuvo presa, sí”, cuenta uno de los estudiantes. “Muchos han sido liberados, pero las perspectivas de pasar unas semanas en una cárcel de seguridad, como puede ser el temido Helicoide, ya son razón suficiente para no llevar la protesta públicamente”.
Si nada cambia, cuentan los estudiantes de la UCAB, es difícil imaginar que para 2030 sigan viviendo en Venezuela.
Esto no significa que la Generación Z apoye el cerco militar que parece cerrarse alrededor de Maduro. Estados Unidos desplegó destructores, jets, drones y el portaaviones más grande del mundo en el Caribe Meridional en un aparente intento de presionar a Caracas, aunque Washington dice que es parte de la lucha contra el narcotráfico.
“No podemos pretender que vamos a recargar toda la responsabilidad de la libertad de una nación en un extranjero”, dice un estudiante que ve con sospecha la reciente ofensiva estadounidense. “Nunca jamás ha existido un extranjero que venga a liberar una nación sin pedir algo a cambio… Pensar que esto es un acto de pura buena fe me parece un poco tonto”.
El lunes pasado, un grupo de jóvenes que se autodefinen como opositores protagonizó una protesta en frente de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, vacía desde 2019.
Blandiendo pancartas con las fotos de Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, denunciaron el riesgo de una guerra permanente en el Caribe.
Uno de los manifestantes, Gabriel Cabrera, le dijo a CNN que el riesgo era transformar a Venezuela en un nuevo Vietnam o Iraq, en referencia a otras intervenciones militares estadunidenses en el extranjero que resultaron en crisis humanitarias.
La manifestación del lunes ocurrió en las cercanías de objetivos sensibles, como embajadas y misiones diplomáticas, y bajo el resguardo de aparatos de seguridad del Gobierno, incluso el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), lo que parece sugerir que de cierta manera manifestaciones como estas tienen el consentimiento del Ejecutivo.
Cabrera también habló del fantasma de la migración. “Yo no tengo los medios para huir a Bogotá, a Madrid o menos que menos a Miami”, le contó a CNN, admitiendo que sea como sea, está destinado a vivir en Venezuela por razones económicas.
La crisis económica y el fenómeno migratorio son las dos cruces que caracterizan la historia reciente de Venezuela.
Entre 2022 y 2024, políticas monetarias más pragmáticas por parte de Maduro y las dificultades que millones de migrantes venezolanos encontraron alrededor de América del Sur neutralizaron estos fenómenos. Pero datos preliminares sugieren que están volviendo a presentarse en 2025.
En los últimos doce meses, el valor del bolívar ha colapsado un 400% frente al dólar, según cifras del Banco Central, y el espectro de la inflación ha vuelto a caminar en las calles de Caracas.
Aún es demasiado temprano para registrar si la escalada geopolítica en el mar Caribe ha empujado a más venezolanos a dejar a su país, pero Alba Pereira, de la fundación Entre Dos Tierras, que proporciona atención a migrantes en el departamento colombiano de Santander, dijo a CNN que el número de asistidos ha crecido entre el 20 o 30 % en los últimos tres meses.
“Hoy fueron sesenta personas, caminantes. El sábado 132 personas. Y son familias, familias enteras que se van”, dice Pereira.
Si bien esos números están lejos del récord migratorio de 2021, cuando la fundación atendía hasta a 700 personas diarias, Pereira teme que los recortes a la cooperación internacional causadas por el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), insignia de la ayuda humanitaria, puedan incrementar el riesgo de emergencias humanitarias. “De una manera o de la otra, el 100% de las donaciones eran plata de USAID. Nosotros tenemos las capacitaciones para atender, pero no hay recurso y nadie ha hecho el llamado. Nosotros podemos seguir hasta el 31 de octubre. De ahí en adelante, no sabemos qué va a pasar”, dijo Pereira.
Miguel, uno de los estudiantes que conversaron con CNN y que pidió no ser identificado, dijo que también conoce a personas detenidas de las que tuvo que despedirse. Pero eso, cuenta, no fue lo peor. “Una despedida que sí me dolió hace tiempo fue la despedida de mi primo. Y no tanto porque él estaba corriendo de una posible represión, sino porque la situación país, como a todos, nos ha empujado a tener que buscar un futuro en otras fronteras. Y eso es muy duro”.
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