Ecuador vive uno de sus momentos más difíciles en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, y los esfuerzos locales parecen no lograr los resultados que los ecuatorianos reclaman a gritos para poder vivir con algo de paz.
A esto se suma la presión por los ataques de Estados Unidos a lanchas con presuntos cargamentos de droga en aguas del Pacífico y el Caribe, que comenzaron en septiembre pasado.
En las últimas semanas el Gobierno de Ecuador reportó una serie de operaciones en alta mar en conjunto con la Guardia Costera de EE.UU. que llevaron al decomiso de droga y la detención de personas en aguas internacionales. Los ejercicios coordinados no son nuevos, pues los últimos tres gobiernos de Ecuador suscribieron diferentes convenios para recibir asistencia estadounidense en la lucha contra las drogas sin necesidad de la existencia de una base militar extranjera.
Pero el presidente Daniel Noboa pretende ir más allá y por eso ha planteado un referéndum para eliminar la prohibición constitucional de establecer bases o instalaciones militares extranjeras en el país de forma permanente. Los ecuatorianos irán a las urnas el 16 de noviembre para decidir sobre ésta y otras reformas legales que encaminen ese objetivo
El presidente Noboa reveló -en entrevista con CNN- que las ciudades de Manta o Salinas en la costa podrían ser estratégicas para montar una base militar extranjera y también se refirió a la isla de Baltra, que forma parte del emblemático archipiélago de las Galápagos.
“Hay diferentes opciones que se tiene que llegar a un acuerdo o consenso de dónde sería el mejor lugar. Siempre Baltra ha sido un punto estratégico en las Galápagos porque de ahí se controla también la pesca ilegal y cualquier acto criminal lejos del continente”, dijo Noboa a CNN.
Días después, el mandatario fue blanco de críticas y de preocupación entre una parte de la población, expertos en seguridad y ambientalistas, por los posibles riesgos e impactos que una base militar pueda generar en las sensibles Islas Galápagos, primer patrimonio natural de la humanidad y orgullo nacional por su biodiversidad única en el mundo.
Noboa respondió que “no se trata de afectar ni regalar Galápagos”, sino de proteger el archipiélago. Sorprendió cuando dijo que su propuesta para el referéndum “no son bases militares” sino solo “bases extranjeras”.
El viernes, en una entrevista a un medio local, Noboa volvió a referirse al tema y dijo que descartaría las Galápagos como opción, desatando nuevanteme incredulidad entre sus críticos.
La pregunta aprobada por la Corte Constitucional y que constará en la papeleta electoral, consulta claramente si la población está de acuerdo con “eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares o ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
“Puede haber una base de control de pesca ilegal de varios países, puede haber otra base de control de drogas, y otra base de Homeland Security que Estados Unidos está interesado”, dijo Noboa a Radio Centro la semana pasada.
Para el experto en seguridad y director del programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, Luis Córdova, el presidente Noboa está intentando bajar las tensiones alrededor de esta pregunta del referéndum para evitar que se vuelva impopular.
“Es un juego de palabras que está usando (Noboa) porque ve que hay un impacto negativo en la idea de una base militar en las Galápagos. Eso le va a costar y pasar factura y por eso está cambiando el discurso”, dijo Córdova a CNN e insistió en que el presidente está midiendo la temperatura en las redes sociales.
Además, Noboa considera a la ciudad de Salinas en la provincia de Santa Elena como otro posible punto para ubicar una base militar pues dice que tiene infraestructura, y a la ciudad de Manta en la provincia de Manabí donde funcionó un Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos.
“En la época en que autorizamos que estos aviones utilizaran la Base de Manta, ese era el mejor mecanismo posible para hacer el trabajo de supervisión. Hoy mucho de ese trabajo se lo puede hacer con satélites y otros mecanismos tecnológicos que antes no existían”, dijo a CNN el expresidente Jamil Mahuad, al recordar cómo en su gobierno se concretó el convenio con Estados Unidos para el uso de la Base de Manta para los próximos 10 años.
Mahuad cree que el referéndum puede ser histórico para el país y compara el problema del narcotráfico con las grandes responsabilidades colectivas en el contexto internacional. “Para mí el tema del narcotráfico lo era y lo sigue siendo hasta hoy un tema internacional. Son problemas mundiales que requieren cooperaciones nacionales”, precisó.
Ecuador mantiene dos importantes convenios militares con Estados Unidos. Por un lado, el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas” y, por otro, el “Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas”, suscritos durante el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso y ratificados por Noboa en febrero de 2024.
Los acuerdos permiten la ejecución de operaciones militares conjuntas entre las fuerzas de ambos países para el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad en Ecuador. Washington y Quito también cuentan con un acuerdo vigente de interceptación aérea, que fue suscrito por Lasso en 2023.
Estos insumos han permitido en los últimos años reforzar las operaciones con EE.UU. para el control del tráfico de drogas y detectar embarcaciones sospechosas. Por esta razón, Córdova dice que no se necesitan bases militares extranjeras y que insistir en ello es más un tema “propagandístico”.
“Decir que no hay presencia extranjera y que por eso estamos fracasando en la guerra contra el narcotráfico es un error. EE.UU. puede traer maquinaria, tecnología, aeronaves, transporte. Entonces cuando nos viene a decir el gobierno, como una gran novedad las bases militares extranjeras, es tomarle el pelo al país”, afirma.
Los acuerdos vigentes con Estados Unidos, entre otras cosas, conceden privilegios, exenciones e inmunidades al personal estadounidense y autorizan a EE.UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su personal, mientras se encuentre en territorio ecuatoriano. Permiten la libre movilidad en el territorio ecuatoriano de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU. y la libre contratación de pertrechos, suministros, equipos y servicios.
La Base de Manta ―donde se desplegó personal militar de EE.UU. entre 1999 y 2009― funcionó como un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) que se encontraba dentro de la Base de la Fuerza Aérea de Manta, para actividades aéreas de monitoreo antinarcóticos. Decenas de militares estadounidenses especializados, pilotos, ingenieros y técnicos pasaron por la base durante esos años.
El expresidente Mahuad cuenta que EE.UU. tenía que notificar por escrito y con anticipación qué tipo de avión llegaba, cuál era la tripulación y qué tiempo iba a estar en tierra ecuatoriana.
“Cuando salía un avión donde había tripulación extranjera, volaban militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, algo que era conveniente para nosotros porque podían ver equipos que el Ecuador jamás tendría, por el costo que tenían y no podíamos pagar. Teníamos control total, por lo tanto, fue un convenio de uso de la base ecuatoriana”, enfatizó.
La Asamblea Constituyente reformó la constitución del país en 2008 y prohibió la instalación de bases extranjeras, reforma que sigue vigente y que Noboa quiere echar abajo.
El FOL se cerró en consecuencias en 2009, después de que el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa decidiera terminar con el acuerdo.
Mahuad lamenta que se haya terminado el convenio y que no haya puesto otra alternativa en su lugar. “Nos destrozó el control que había y dejó el Pacífico abierto para que el narcotráfico se paseara a sus anchas y eso no tiene explicación ni defensa alguna”, agregó.
La posibilidad de instalar una base militar extranjera en las Galápagos regresa al Ecuador a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la isla de Baltra funcionó una base estadounidense que servía para defender el canal de Panamá de posibles ataques japoneses.
“EE.UU. está interesado en retomar el control del dominio marítimo en torno a las islas Galápagos. Le da la capacidad de tener preminencia ante la posibilidad de entrar en un conflicto armado ante cualquier amenaza sobre el espacio acuático”, afirma Luis Córdova.
En un relato histórico, la Fuerza Aérea Ecuatoriana reseña que el 12 de diciembre de 1941, cinco días después del ataque de Pearl Harbor, llegaron los primeros soldados estadounidenses para ocupar Baltra, también conocida como Seymour, Base Beta o The Rock (La roca).
“La Marina y el ejército de EE.UU. iniciaron la construcción después de obtener un permiso otorgado por el gobierno ecuatoriano presidido por Carlos Alberto Arroyo de Río”, sostiene la FAE. Detalla que allí se construyeron muelles, vivienda, dos pistas de aterrizaje, dispensarios médicos, búnkeres, tanques de almacenamiento, torres de comunicaciones y áreas de esparcimiento. Más de 10.000 hombres pasaron por Baltra durante la II Guerra Mundial, afirma la FAE.
En 1946 con el fin de la guerra el presidente José María Velasco Ibarra ordenó la desocupación de la isla y, según la Oficina del Historiador, adscrita al Departamento de Estado de EE.UU., Ecuador acordó que de forma temporal personal estadounidense se mantenga en la base como técnico para entrenar a tropas ecuatorianas. Eso ocurrió hasta 1948 cuando por razones económicas la FAE retiró al personal de Baltra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a inicios de septiembre durante una visita en Quito que su país podría analizar la posibilidad de “estacionar elementos militares” siempre que se cumplan procesos formales y permisos internos para que eso ocurra. Rubio insistió en que Ecuador es un punto estratégico y que su país evaluaría “si tiene sentido” dar un paso más.
“Da mayor posibilidad de llegada y cobertura al norte y sur del hemisferio. En este contexto adquiere más fuerza la existencia de una base militar para demostrar que hay control”, insistió Córdova.
Luego de tres meses, este noviembre se espera una segunda visita a Ecuador de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem para analizar “posibles ubicaciones” de bases de Homeland Security en Ecuador, según informó hace unos días la portavoz de la Presidencia ecuatoriana. No especificó qué implican estas “bases” ni cuál es su objetivo.
Y aunque los contextos han cambiado y para Ecuador el narcotráfico se ha convertido en un problema cada día más desafiante, los resultados del referéndum podrían marcar un antes y un después en la política de seguridad nacional.
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