Una juez federal emitió una orden judicial preliminar que restringe el uso de la fuerza por parte de agentes federales en Chicago, al considerar que la versión de los acontecimientos recientes presentada por el Gobierno de Trump no era creíble.
Uno de los incidentes en cuestión fue un enfrentamiento entre agentes federales y manifestantes, donde Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza encargado de la ofensiva migratoria en Chicago, utilizó gas lacrimógeno.
La jueza federal de distrito Sara Ellis determinó que Bovino no fue golpeado en la cabeza con una piedra antes de lanzar gas lacrimógeno, a pesar de las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional que justificaban el uso de la fuerza. “El acusado Bovino admitió que mintió”, dijo ella.
“La evidencia en video finalmente desmintió esto”, señaló Ellis, quien preside un caso relacionado con las tácticas excesivas utilizadas por agentes federales en Chicago. Bovino, quien se sometió a una declaración bajo juramento que duró horas, dijo que fue golpeado después de que se lanzó el gas lacrimógeno, comentó Ellis. El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza comenzó a usar su cámara corporal, según abogados del Gobierno, luego de revelar el mes pasado en la corte que no tenía una.
Durante la audiencia de este jueves, Ellis criticó al Gobierno de Trump, diciendo que la versión que el Gobierno presentó de Chicago “no es verdadera”.
“No considero creíble la evidencia del acusado”, dijo Ellis. “Vi los videos de los acusados”, continuó. “Esto, y horas y horas y horas de videos de cámaras corporales y videos desde helicópteros, fue lo mejor que pudieron aportar”.
Ellis también determinó que los demandantes en el caso, quienes acusan a los agentes federales de comportamiento agresivo contra manifestantes pacíficos, fueron “amenazados y perjudicados por ejercer sus derechos constitucionales”.
Al citar la preocupación del Gobierno sobre la microgestión por parte del tribunal, la jueza Ellis dijo: “No estoy haciendo tal cosa con esta orden judicial”.
Ellis dijo que no le está diciendo al Gobierno cómo manejar sus operaciones. “No les estoy diciendo a los acusados a quién contratar”, agregó Ellis.
Los agentes federales deben dar al menos dos advertencias separadas antes de usar armas para control de disturbios, brindando una “oportunidad razonable” para que las personas cumplan, sentenció Ellis.
La jueza también dijo que no suspenderá la orden judicial mientras se resuelve la apelación y que emitirá una orden escrita más tarde este jueves.
Al finalizar la audiencia, el abogado de los demandantes, Steve Art, agradeció a la jueza diciendo: “Apreciamos que esté protegiendo a esta comunidad”.
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