Desde este viernes, cientos de miles de venezolanos perdieron su protección frente a deportaciones en Estados Unidos ante el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por decisión del Gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema.
Esta medianoche acabó el TPS para la mayoría de un grupo de unos 250.000 venezolanos, que fueron beneficiados originalmente en 2021; en tanto, unas semanas atrás, las protecciones terminaron para unos 350.000 venezolanos que accedieron al programa en 2023.
“Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”, advirtió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
En este sentido, ¿con qué bases legales cuentan estos venezolanos que ahora se encuentran en el limbo migratorio en EE.UU.?
En 2021, el Gobierno de Joe Biden designó a Venezuela en el TPS, un programa temporal que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos lejos de la inestabilidad y violencia en sus país. Este beneficio fue extendido en 2023.
Sin embargo, el Gobierno de Trump consideró este año que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, hubo “notables mejoras en varias áreas”. Por tanto, a principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, decidió poner fin al TPS.
Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, una semana antes de que finalizara el 7 de abril, lo que causó que el Gobierno de Trump presentara una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Desde entonces, el tema ha estado en los reflectores legales. No obstante, la Corte Suprema decidió a favor de Trump en dos ocasiones para que el TPS para venezolanos llegue a su fin.
Si bien hay litigios sobre el TPS que todavía están siendo examinados por la Justicia, esos procesos pueden extenderse por meses o años, y los inmigrantes no pueden esperar más.
La Alianza Nacional TPS, el grupo que apoya a los inmigrantes beneficiarios del programa de protección temporal, recomienda a las personas consultar con un abogado de inmigración para analizar cuáles deberían ser los pasos a seguir en cada caso particular.
El abogado de inmigración Haim Vásquez dijo que solicitar asilo todavía es una posibilidad para los inmigrantes, pero dice que no son tantos quienes cumplen las condiciones para ello. Los solicitantes deben demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. Sin embargo, los tribunales han endurecido los criterios y la vía parece más complicada. El Gobierno de Trump instruyó en abril a los jueces de inmigración que desestimaran los casos de asilo que consideren “deficientes”.
Además, muchos inmigrantes entraron al país sin presentar una solicitud de asilo en la frontera o pasaron varios años en el país sin hacer la solicitud. Es posible argumentar que las circunstancias cambiaron en los últimos años, pero sería una postura que contradice la versión del Gobierno estadounidense.
Entre los venezolanos que pierden el TPS, algunos tienen abierta una solicitud de asilo y llevan mucho tiempo esperando una audiencia en los tribunales. Pero sin el estatus, apenas haya una decisión judicial desfavorable, quedarían expuestos a una deportación.
Existen dos tipos de asilo: el afirmativo, para quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión, y el defensivo, un proceso durante el cual la persona debe comparecer ante un juez de inmigración. (Conoce aquí el paso a paso para solicitar asilo en Estados Unidos).
Otros caminos más específicos serían el de casarse si tiene una pareja con ciudadanía estadounidense, o solicitar una visa-U, que solo aplica a víctimas de algunos crímenes y usualmente demora varios años.
“Al momento de perder el estatus, pierden la oportunidad de trabajar legalmente, de mantener un documento de identificación como la licencia de conducir, y otros tipos de beneficios como poder estudiar, obtener créditos”, repasó Vásquez.
Según la legislación federal, si una persona indocumentada en EE.UU. se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría hacer que deba abandonar el país.
Para muchos, pese al riesgo, volver a Venezuela no es una opción mientras el presidente Nicolás Maduro siga en el poder, aunque algunos sí tomarán la decisión de retornar a su país natal. Vásquez aconseja asesorarse de todos modos para que la forma de regresar no sea perjudicial más adelante.
“Cualquier persona que tenga en mente salir del país, debe hablar con un abogado de inmigración, para tomar decisiones que no afecten su futuro y preserven las oportunidades de volver (a EE.UU.)”, comentó.
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