El Departamento de Educación anunció este martes un desmantelamiento adicional al transferir gran parte de su carga de trabajo restante a otras instancias federales, en un intento de convencer al Congreso de que ya no es necesario.
Según un acuerdo interinstitucional, seis oficinas serán trasladadas para asociarse con otras cuatro agencias: los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Interior y Estado, de acuerdo con información difundida en un comunicado de prensa.
La medida llega después de que el presidente Donald Trump firmara en marzo un decreto para comenzar a desmantelar el Departamento de Educación, tras décadas de ambición conservadora dirigida a eliminar la agencia. Si bien eliminar el departamento requiere la aprobación del Congreso, la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha buscado alternativas para cerrar la agencia, incluyendo el recorte de casi la mitad de su personal a principios de este año.
Funcionarios del Departamento de Educación indicaron que los cambios anunciados el martes tienen como objetivo, en parte, demostrar al Congreso —y, en última instancia, convencer a los legisladores— de que la agencia ya no es necesaria.
“Esperamos tener esto como pruebas de éxito y de cómo puede ser la educación sin el edificio del Departamento de Educación”, dijo otro funcionario de la agencia.
Los planes para el anuncio fueron reportados primero por The Washington Post.
Según hojas informativas obtenidas por CNN antes del anuncio, la Oficina de Educación Primaria y Secundaria y la Oficina de Educación Postsecundaria se trasladarán ambas al Departamento de Trabajo, mientras que el programa de la Oficina de Educación Indígena se transferirá al Departamento del Interior.
La Administración para Niños y Familias relacionada con el Programa CCAMPIS y el Comité Nacional sobre Educación y Acreditación Médica Extranjera se trasladarán a Salud y Servicios Humanos y la Educación Internacional de Lenguas Extranjeras irá al Departamento de Estado.
Un alto funcionario del Departamento de Educación dijo que la agencia “sigue explorando” el mejor plan para otras oficinas, como la Oficina de Derechos Civiles, la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación y la Ayuda Federal para Estudiantes, divisiones cuyas funciones impactan a una amplia franja de estadounidenses.
McMahon, quien ha reconocido que solo el Congreso tiene el poder de eliminar el departamento, este martes calificó estos cambios como “una pieza esencial de nuestra misión final”.
“A medida que nos asociamos con estas agencias para mejorar los programas federales, continuaremos recopilando mejores prácticas en cada estado a través de nuestra gira por los 50 estados, empoderando a los líderes locales en la educación K-12, restaurando la excelencia en la educación superior y trabajando con el Congreso para codificar estas reformas”, dijo en un comunicado.
Según una fuente del Congreso informada sobre los cambios, las medidas se están llevando a cabo bajo un acuerdo en el que el personal es enviado a otras agencias, pero técnicamente el Departamento de Educación mantiene cierta supervisión y liderazgo sobre ellos.
El alto funcionario de educación se refirió al acuerdo como una “cogestión” de las oficinas transferidas, agregando que la política y supervisión permanecerán con el Departamento de Educación, pero el proceso, particularmente en la asignación y monitoreo de subvenciones, será responsabilidad de la agencia asociada.
No hay una fecha exacta para transferir a algunos empleados a otras agencias ni cifras sobre cuántos empleados harían el traslado físico desde sus oficinas del Departamento de Educación.
El alto funcionario dijo que podría haber un periodo de retraso antes de que los cambios se ejecuten por completo.
“Estamos realmente seguros de que esto terminará siendo algo que brinde mejores servicios, más servicios eficientes, reduzca la burocracia y, al transferir algunas de estas responsabilidades a una cogestión con otras agencias, necesariamente estamos reduciendo el tamaño y alcance de esta agencia federal en línea con el decreto del presidente”, dijeron.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 252, que representa a más de 2.700 empleados del Departamento de Educación, dijo que el plan es ilegal y advirtió contra la dispersión de las funciones de la agencia a lo largo del Gobierno federal.
“Esta medida llega cuando el Gobierno ha intentado despedir a grandes cantidades de servidores públicos de carrera en estas mismas oficinas, y ahora está tratando de trasladar su trabajo fundamental a agencias sin experiencia educativa”, dijo Rachel Gittleman, presidenta de AFGE Local 252, en un comunicado, advirtiendo que los cambios “solo crearán más confusión para las escuelas y universidades, profundizarán la desconfianza pública y, en última instancia, perjudicarán a los estudiantes y familias”.
La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, expresó inquietudes similares sobre el impacto en los estudiantes.
“Este movimiento no es ni una simplificación ni una reforma—es una abdicación y abandono del futuro de Estados Unidos”, dijo en un comunicado. “En lugar de mostrar liderazgo ayudando a que todos los estudiantes alcancen su potencial, se aleja de esa responsabilidad”.
El anuncio de este martes marca el último avance del Gobierno de Trump en relación a la promesa de campaña del presidente de cerrar la agencia.
Al principio de su segundo mandato, el Gobierno recortó casi la mitad de la fuerza laboral del departamento como un primer intento para cerrarlo.
Los despidos masivos en el departamento fueron inicialmente bloqueados por tribunales inferiores hasta que la Corte Suprema, en julio, dijo que el Gobierno podía proceder por ahora.
El departamento, que fue creado por el Congreso en 1979 cuando Jimmy Carter era presidente, tiene la tarea de distribuir fondos federales a las escuelas, gestionar la ayuda federal para estudiantes universitarios y asegurar el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, incluyendo garantizar que las escuelas acomoden a estudiantes con discapacidades.
Por su parte, la mayoría de las políticas de las escuelas públicas son una función del Gobierno estatal.
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