El Departamento de Justicia admitió en una nueva presentación judicial este martes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión de continuar con los vuelos de deportación que transportaban inmigrantes a una mega prisión en El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal de hacer regresar los aviones.
El Departamento de Justicia reconoció en la presentación que fue Noem quien tomó la decisión en marzo de mantener los aviones rumbo a la prisión conocida como CECOT, después de que el juez de distrito estadounidense James Boasberg reanudara la semana pasada su investigación por desacato para averiguar qué funcionarios de la administración Trump fueron responsables de desobedecer sus órdenes.
El caso inmigratorio de alto riesgo involucra el uso por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de presuntos miembros de una pandilla venezolana.
Esto ha marcado un importante punto de conflicto político y legal para la Casa Blanca de Trump en sus esfuerzos por llevar a cabo una histórica campaña de deportación, y la decisión de Noem finalmente llevó a los migrantes a pasar meses en la infame prisión de El Salvador, donde grupos de derechos humanos han denunciado que fueron sometidos a tortura y otros abusos.
“Los subsecretarios de Justicia Todd Blanche y Emil Bove brindaron asesoría legal al DHS sobre la orden de la Corte relativa a los vuelos que habían salido de Estados Unidos antes de la emisión de la orden”, escribió el Gobierno en el documento.
“Tras recibir dicha asesoría legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos de la AEA que habían sido expulsados de Estados Unidos antes de la orden de la Corte pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador”, agrega el texto judicial.
El Departamento de Justicia argumentó en la presentación que “esa decisión era legal y consistente con una interpretación razonable de la orden del Tribunal”.
“Si bien el contenido del asesoramiento legal brindado al DHS y a la secretaria Noem es confidencial, el Gobierno ha explicado repetidamente… por qué sus acciones no violaron la orden del Tribunal, y mucho menos constituyeron desacato”, escribió el gobierno.
Y agrega: “En concreto, la orden escrita del Tribunal no pretendía exigir el regreso de los detenidos que ya habían sido expulsados, y la directiva oral previa no constituía una orden judicial vinculante, especialmente después de la orden escrita”.
Politico fue el primero en informar sobre la nueva presentación.
Boasberg, designado por el ex presidente Barack Obama, había ordenado a mediados de marzo al gobierno que devolviera el control de los aviones que transportaban inmigrantes que estaban siendo deportados bajo la AEA, una amplia autoridad en tiempos de guerra del siglo XVIII.
Sin embargo, los vuelos continuaron y los migrantes fueron retenidos en la prisión durante varios meses antes de ser liberados este verano como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
“Sin duda tengo la intención de averiguar qué sucedió ese día”, manifestó Boasberg en una audiencia la semana pasada.
En una decisión impactante emitida en abril, Boasberg, el juez principal del tribunal federal de primera instancia en Washington, indicó que “existe causa probable para encontrar al Gobierno en desacato penal”.
Pero antes de que pudiera avanzar con la investigación del responsable de desobedecer sus órdenes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE.UU. de Washington suspendió el proceso.
A principios de este mes, dicho tribunal allanó el camino para que Boasberg reiniciara su investigación.
Boasberg había sugerido que parte de su investigación podría incluir declaraciones de funcionarios de la administración o el arresto de funcionarios en su sala para que presten testimonio bajo juramento. Dichas audiencias, dijo, podrían comenzar el 1 de diciembre.
Entre aquellos a quienes le interesa escuchar se encuentra un exabogado del Departamento de Justicia que alegó en una denuncia a principios de este año que un entonces alto funcionario del Departamento de Justicia les dijo a sus colegas en marzo que la administración tenía la intención de ignorar las órdenes judiciales como parte del agresivo esfuerzo de deportación del Gobierno.
Las decisiones de Boasberg este año en el caso provocaron la ira de Trump, quien a principios de este año solicitó el impeachment del juez, lo que provocó una inusual reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. El presidente afirmó que la manera correcta de responder a una decisión judicial desagradable es apelarla.
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