La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas. El fiscal adjunto del organismo, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real en complementariedad sigue siendo un reto”.
El principio de complementariedad es el compromiso de un país a investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga la CPI.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, dijo Niang.
El funcionario aseguró, de todas maneras, que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y que un equipo de fiscales seguirá trabajando en ella desde La Haya.
CNN contactó al Gobierno de Venezuela para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta.
La oficina del organismo internacional fue instalada en Venezuela en 2024, luego de que seis países -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- enviaron una solicitud conjunta. El caso contra el Estado venezolano ante la CPI, conocido como Venezuela I, investiga acusaciones de violaciones de DD.HH. y delitos de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano desde el 12 de febrero de 2014 a manos de funcionarios.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó en reiteradas oportunidades estas acusaciones.
Aquel 12 de febrero, durante una protesta convocada por el movimiento La Salida -que encabezaban los dirigentes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma- en el marco del Día de la Juventud, tres personas murieron. Además hubo 66 heridos y 69 detenidos, según cifras oficiales. A partir de allí se inició una ola de protestas que se extendieron por todo el país hasta junio de 2014, aunque con mayor intensidad en San Cristóbal, la capital del fronterizo estado Táchira. El saldo final fue de 43 muertes y centenares de heridos.
Hacia finales de 2020, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que existían “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad “desde al menos abril de 2017”, mes en el que estalló un segundo ciclo de protestas contra el Gobierno de Maduro. Las manifestaciones se extendieron por cuatro meses, y, según cifras oficiales, hubo 127 muertos y centenares de heridos. Bensouda concluyo que “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
En noviembre de 2021, la Fiscalía anunció la conclusión del examen preliminar y la decisión de continuar con las investigaciones. El nuevo fiscal de la CPI, Karim Kahn, dijo que el Gobierno de Venezuela y la Corte habían suscripto un memorando de entendimiento por el cual el país sudamericano se comprometía a cooperar con la pesquisa. En abril de 2022, Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que había recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones a favor de las acciones realizadas por las autoridades locales. Lo que argumentaban era que parte de la actividad de la CPI es alentar a que los tribunales locales investiguen las denuncias.
Sin embargo, en noviembre de ese año Khan pidió que se reanudara la investigación porque consideraba que los esfuerzos de las autoridades eran “insuficientes en su alcance”.
En marzo de 2023, la Sala de Apelaciones autorizó a la Fiscalía a continuar la pesquisa. Ante esta decisión, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo en su cuenta de X que el fallo “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
En agosto de 2025, el fiscal Karim Kahn fue apartado de la investigación de la CPI por posible conflicto de interés. Khan dijo estar en desacuerdo con el razonamiento”, pero aseguró que actaba “plenamente” la decisión y solicitaba la autorización de la Presidencia de la CPI para inhibirse del caso.
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