En una medida que afectará a millones de prestatarios en todo el país, el Gobierno del presidente Trump anunció oficialmente un acuerdo para poner fin al plan SAVE este martes. El plan SAVE, un programa de pago de deuda estudiantil clave impulsado durante la era Biden, ha sido el centro de intensas batallas legales durante años, y su terminación repentina podría poner en apuros a quienes dependen de él.
El plan Saving on Valuable Education (SAVE, por sus siglas en inglés) es un plan de pago basado en los ingresos que se introdujo por primera vez en 2023 y que ayudó a los prestatarios que tenían dificultades para hacer frente a los préstamos con altos intereses, con el objetivo de reducir los pagos mensuales en función de los ingresos y el tamaño de la familia y así evitar que los intereses se dispararan y acelerar la condonación de préstamos para algunos prestatarios con bajos ingresos.
El Gobierno del presidente Trump lleva mucho tiempo calificando el plan de “ilegal” y tratando de ponerle fin.
El Departamento de Educación dijo en un comunicado de prensa que, como parte del acuerdo propuesto, no inscribirá a ningún nuevo prestatario en el plan, rechazará todas las solicitudes pendientes y trasladará a todos los prestatarios del programa SAVE a planes de pago legales.
En caso de que el acuerdo sea aprobado por el tribunal, el departamento ha declarado que supondrá el fin del plan SAVE. Los prestatarios dispondrán de un “tiempo limitado” —cuya duración aún no se ha especificado— para inscribirse en un nuevo plan, y la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil (FSA por sus siglas en inglés) se encargará de apoyar a los prestatarios que elijan uno. El acuerdo resuelve una impugnación legal contra el plan SAVE presentada por Misuri, uno de los siete estados gobernados por el Partido Republicano que demandaron a al Gobierno de Biden por esta política en abril de 2024.
“Durante cuatro años, el Gobierno del presidente Biden intentó trasladar ilegalmente la deuda de los préstamos estudiantiles a los contribuyentes estadounidenses, muchos de los cuales nunca solicitaron un préstamo para financiar su educación superior o ni siquiera fueron a la universidad, simplemente para obtener una victoria política que respaldara a una Administración en decadencia”, afirmó el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, en un comunicado. “La Administración Trump está corrigiendo este error y poniendo fin a este plan engañoso”.
Los críticos advirtieron que el acuerdo aumentaría los costos para los prestatarios, en particular para aquellos que ya podrían estar enfrentando dificultades debido a la incertidumbre económica.
“Arrebatar ahora el plan SAVE a los prestatarios de préstamos estudiantiles sin ofrecerles una alternativa clara y asequible es imprudente y miope, ya que genera aún más confusión, incertidumbre y estrés financiero innecesarios a millones de estadounidenses que ya están luchando contra el aumento del coste de la vida”, afirmó Abby Shafroth, directora general de defensa del National Consumer Law Center, en un comunicado emitido este martes.
El acuerdo propuesto llega meses después de que el Departamento de Educación anunciara que volvería a aplicar intereses a los préstamos de los prestatarios inscritos en el plan, lo que afecta a casi 8 millones de prestatarios. Aunque a los prestatarios se les seguía concediendo una moratoria —es decir, un aplazamiento de sus pagos mensuales—, muchos vieron cómo sus saldos aumentaban al reanudarse el cobro de intereses cada mes.
El panorama de los préstamos estudiantiles ha cambiado rápidamente durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, y los prestatarios se enfrentarán a aún más cambios en los próximos meses.
Su histórico paquete de recortes fiscales y de gasto público —la “gran y hermosa ley ”— aprobado a principios de este año, estableció nuevos límites a la cantidad que los estudiantes pueden solicitar en préstamos federales para estudios de posgrado y a la cantidad que los padres pueden pedir prestada para ayudar a pagar la matrícula de los estudiantes. También eliminó ciertos aplazamientos en los préstamos estudiantiles y creó un conjunto mucho más limitado de opciones de reembolso.
El plan SAVE ha enfrentado desafíos legales durante años. Su objetivo era ofrecer las condiciones más generosas a los prestatarios con bajos ingresos. En virtud de este plan, algunos prestatarios inscritos veían reducidos sus pagos mensuales hasta un 5 % de sus ingresos discrecionales. También prometía cancelar la deuda restante del préstamo estudiantil tras tan solo 10 años de pagos.
En 2024, dos jueces federales de Kansas y Misuri bloquearon partes clave del programa, argumentando que el Gobierno de Biden se había extralimitado en sus funciones al promulgar la condonación de la deuda sin la aprobación del Congreso. Tras la decisión judicial, los prestatarios del programa SAVE quedaron en situación de moratoria sin intereses.
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