Verónica Escobar no pudo celebrar el octavo cumpleaños de su hijo. Víctor Madrid se perdió la primera vez que fue a recoger a sus hijos al colegio. Patricia Quishpe se vio obligada a pasar su primera noche lejos de su hijo menor.
Cada uno de ellos fue detenido durante redadas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump en el área de Chicago, que luego se ampliaron a Charlotte y Nueva Orleans. Aunque ninguno tenía autorización para permanecer de forma indefinida en Estados Unidos, todos habían participado en procedimientos judiciales de inmigración, eran conocidos por las autoridades y se les había permitido esperar sus próximas audiencias en casa. Ninguno de ellos parece tener antecedentes penales.
Pero esta vez todos fueron detenidos en la calle sin previo aviso, llevados lejos de sus hogares y retenidos durante semanas, hasta que distintos jueces de tribunales de distrito dictaminaron que cada detención era ilegal.
Son solo tres de los cientos de personas que los tribunales han dictaminado que no deberían haber sido encarceladas. Y con miles más detenidos y destinados a la deportación, se esperan más casos que podrían debilitar una de las promesas clave del presidente Donald Trump.
“No se trata de justicia penal. No se trata de seguridad pública, y no lo ha sido desde el principio de esta administración”. dijo Mark Fleming, director asociado de litigios federales del National Immigrant Justice Center.
En cambio, dijo, se trata de un intento por convencer a los migrantes indocumentados de que renuncien al derecho que todos tienen en Estados Unidos a un debido proceso y opten por irse voluntariamente. Fleming representa a cientos de otros detenidos en una demanda colectiva que acusa al Gobierno de violar un acuerdo que prohíbe las detenciones sin orden judicial en el área de Chicago. La orden inicial de liberar a cientos de personas en el caso está siendo apelada y las liberaciones se encuentran pausadas.
En todo el país, casi 75.000 personas sin antecedentes penales fueron detenidas por agentes migratorios entre el 20 de enero y el 15 de octubre, según nuevos datos. En total, unas 220.000 personas fueron arrestadas en los nueve meses posteriores a la llegada de Trump a la presidencia, de acuerdo con cifras del Deportation Data Project, un grupo de investigación asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN sobre la afirmación de que los arrestos buscan intimidar a inmigrantes para que se autodeporten. Tampoco respondió preguntas sobre los casos de los inmigrantes entrevistados.
El DHS ha señalado que los objetivos de sus redadas son siempre “criminales violentos”, aunque añade que los agentes también detienen a cualquier otra persona inmigrante que se encuentre en el lugar sin estatus legal.
El DHS sostiene que tiene derecho a detener a cualquiera que esté en el país de forma irregular. Sin embargo, muchos migrantes están impugnando esa afirmación presentando recursos de hábeas corpus en múltiples tribunales y ganándolos. Las órdenes que obligan al Gobierno a liberar a los migrantes detenidos pueden, en última instancia, socavar el impacto de la campaña de Trump contra la inmigración.
“Ha habido más de 700 casos”, dijo Fleming. “300 jueces diferentes han fallado en contra del Gobierno federal hasta ahora”.
Señaló que el Gobierno no está apelando la liberación de los migrantes, lo que podría crear un precedente legal para que más personas en la misma situación sean liberadas. En cambio, dijo, los agentes continúan presionando a los inmigrantes para que acepten la deportación.
Verónica Escobar tiene fuertes lazos con su comunidad en Elgin, Illinois, a unos 56 kilómetros al noroeste de Chicago. Su hija de 15 años, nacida en Estados Unidos, asiste al mismo bachillerato al que ella acudió después de que, según cuenta, la enviaran al otro lado de la frontera desde México a los 15 años en 2007.
Se certificó como cosmetóloga y trabaja en el sector de la belleza, mientras cría sola a sus tres hijos y ahorra dinero para que su hija pueda ir a la universidad.
El 27 de septiembre, se detuvo a cargar gasolina después de dejar a sus hijos en la clase de catecismo de su iglesia. En la gasolinera, dijo que varios hombres se le acercaron.
El encuentro fue tan abrupto que pensó que la estaban secuestrando.
“Salí del coche y se abalanzaron sobre mí”, dijo. “No dijeron nada y yo estaba muy preocupada. Pensé: ‘Dios mío… es como un secuestro o algo así’”.
Dijo que les suplicó que la dejaran hacer una llamada para que alguien pudiera recoger a sus hijos, pero la ignoraron.
“Cuando me dijeron: ‘Somos la Patrulla Fronteriza y usted no tiene derechos’, pensé: ‘Está bien, no pasa nada’, contó a CNN. “Me sentí más tranquila porque al menos sabía que estaba a salvo”.
Escobar había escuchado que los agentes federales se centrarían en los inmigrantes indocumentados “peores de los peores”, pero no temía por sí misma. Dijo que nunca había recibido ni siquiera una multa, y CNN no encontró registros de arrestos previos.
En 2015, había solicitado permanecer en el país bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero los documentos judiciales muestran que su solicitud fue denegada al año siguiente, ya que no pudo demostrar que fuera menor de 15 años cuando cruzó la frontera desde su México. Aun así, no fue deportada y siguió criando a sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Esta vez, sin embargo, la llevaron primero al centro de ICE en Broadview, donde, según ella, la presionaron para que aceptara la deportación inmediata.
“Me presionaron mucho: ‘Tienes que firmar, tienes que firmar, tienes que firmar esto… Ya eran muy groseros’”, dijo.
“Había otra señora allí, que fue muy amable conmigo. Me dijo: ‘Si firmas, todo irá bien. Podrás volver con tus hijos’”.
Escobar dijo que se negó una y otra vez.
Dijo que las condiciones en Broadview eran insalubres y gélidas. Tras dos días y medio allí, fue trasladada casi 480 kilómetros al Centro de Procesamiento North Lake, un centro de detención en Michigan, donde aseguró que ella y otras mujeres permanecían juntas y eran contadas varias veces al día como si fueran ganado.
Se le inició un proceso de deportación y el Tribunal de Inmigración de Detroit le negó la libertad bajo fianza. Impugnó su detención ante un tribunal federal y fue puesta en libertad por un juez que consideró que su detención era inconstitucional.
Aunque Escobar, de 34 años, ha vivido toda su vida adulta en Estados Unidos, dijo que sí consideró regresar voluntariamente a México.
El abogado Fleming dijo que cientos de personas han tomado esa decisión, renunciando a su derecho a una audiencia legal. “Se rindieron porque la gran mayoría de esas personas estaban atrapadas no solo por la detención, sino también por condiciones insalubres y de hacinamiento”, dijo, y añadió que aceptar la deportación puede parecer “la única salida”.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios sobre las condiciones de los detenidos. El mes pasado, un juez ordenó mejoras en Broadview después de que un grupo de detenidos presentara una demanda alegando que se les mantenía en condiciones “inhumanas”.
Historias similares vivieron Víctor Madrid, de 60 años, y Patricia Quishpe, quienes contaban al menos con permisos temporales para permanecer en Estados Unidos.
Madrid, colombiano, vivía en Venezuela cuando huyó del caos político y económico de ese país y llegó a Estados Unidos en 2023. Los registros judiciales muestran que en diciembre de 2023 la Patrulla Fronteriza lo encontró y lo detuvo, y posteriormente lo puso en libertad bajo fianza. En marzo de 2024, comenzó su proceso de inmigración en el Tribunal de Inmigración de Detroit.
Quishpe entró a Estados Unidos en diciembre de 2023, pero no fue detenida, según los registros judiciales. En su lugar, un agente de la Patrulla Fronteriza le entregó una notificación para que compareciera ante un juez de inmigración en 2027. Quishpe solicitó asilo en su país natal Ecuador en marzo del año siguiente. Se le concedió un permiso de trabajo, válido hasta el 8 de mayo de 2030, según muestran los registros judiciales.
Sin embargo, el 1 de octubre, Quishpe fue detenida mientras trabajaba en un mercado en el sur de Chicago, a pesar de que suplicó que la dejaran estar con sus hijos y mostró sus documentos.
Madrid fue detenido mientras vendía arepas (tortas de harina de maíz rellenas muy populares en Venezuela) fuera de un refugio para migrantes. Le dijo a CNN que le atormentaba no saber qué estaba pasando. “Lo que también me abrumó fue el traslado, las cadenas que me pusieron. Siempre he sido una persona trabajadora, siempre he estado ahí para mi familia. No soy un delincuente”, dijo.
Quishpe también fue inmovilizada. “El hombre me agarró por detrás y me tiró, no pude hacer nada, y me esposaron. No dejaba de decirle que no fuera cruel, que me dejara ir por mis hijos”, dijo.
Tanto Madrid como Quishpe dijeron que se habían sentido felices y seguros cuando llegaron a Estados Unidos, pero que ahora pensaban que los habían tratado como criminales.
Como cientos de personas más, también acabaron en centros de detención a horas de distancia de sus hogares.
Ambos dijeron a CNN que pensaban constantemente en sus hijos.
Madrid dijo que siempre estaba en la puerta del colegio a las 3:30 pm.
“Estaba allí esperándolos, siempre que salían, ellos estaban seguros de que yo estaría allí”, dijo. “Me imagino cómo se deben haber sentido ese día cuando salieron y no vieron a su papá”.
Quishpe se emocionó al hablar de su esposo y de sus hijos, de 20, 17 y 8 años. “Fue muy duro para mí porque nunca los había dejado solos”, dijo. “No tuve otra opción, me arrestaron. Es el tiempo más largo que he pasado lejos de mi casa, lejos de mis hijos, de mi familia”.
Ni Quishpe ni Madrid aceptaron ser deportados para salir de la detención. Ambos pudieron impugnar su detención ante los tribunales, pero Fleming dijo que el trabajo legal se complica cuando los migrantes son trasladados de un centro a otro.
“En el sistema de justicia penal, de manera desproporcionada, se te libera en espera de juicio, por lo que puedes participar en tu caso, puedes reunir pruebas, puedes ayudar en tu defensa, puedes obtener asesoramiento”, dijo.
“Lo que han estado haciendo es atrapar a estas personas en la detención obligatoria, lo que significa mucho menos acceso a abogados, mucho menos acceso al tipo de información que necesitan para preparar su defensa, y una vía acelerada hacia la resolución de una manera que nunca se vería en el sistema de justicia penal”.
La opinión pública en Estados Unidos parece haberse vuelto en contra de las tácticas de la administración Trump.
Una encuesta de CNN realizada en julio reveló un aumento de la oposición al programa de deportación del Gobierno, con un 55 % que afirmaba que el presidente había ido demasiado lejos, 10 puntos más que en febrero.
Una encuesta realizada por CBS News el mes pasado mostró que sigue habiendo desacuerdo, ya que la mayoría de los encuestados, el 54 % afirmaba que los agentes estaban deteniendo y reteniendo a más personas de las necesarias.
El representante republicano Carlos Giménez declaró a CNN a principios de este mes que no quería ver la expulsión forzosa de personas que, como Escobar, han vivido aquí durante décadas, aunque técnicamente de forma ilegal.
“Tiene que haber una forma mejor de hacer esto”, declaró a Boris Sánchez, de CNN. “Han formado parte de nuestra economía. Tienen hijos aquí. Por lo tanto, tenemos que encontrar un término medio”.
A pesar de sus experiencias, Madrid dijo que seguía creyendo en el sueño americano. “Nos sentimos seguros aquí y queremos quedarnos”, afirmó.
Quishpe dijo que estaba feliz de pasar la Navidad con su familia.
El día que regresó a casa, Escobar sorprendió a su hijo con un pastel y globos para celebrar el cumpleaños que se perdió. Un video que captó el momento muestra a sus hijos primero en silencio, hasta que uno rompe en llanto y solloza “mamá” sobre su hombro, mientras el pastel y los globos quedan ignorados.
“Mi familia me trajo aquí solo para tener una vida mejor, no hice nada malo. Pasé mis 19 años aquí. Fui a la escuela. Hice todo lo posible por aprender el idioma”, dijo, al explicar que Estados Unidos se convirtió en su hogar.
“Mi familia entera se quedará aquí para siempre”.
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