En la recta final hacia las elecciones presidenciales, la campaña política en Costa Rica se vio alterada esta semana por dos hechos: la denuncia de una supuesta tentativa de homicidio contra el presidente Rodrigo Chaves y la llegada del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para respaldar la construcción de una megacárcel impulsada por el Gobierno.
La convergencia de estos eventos, a menos de tres semanas de los comicios, generó un intenso debate público sobre su oportunidad y motivaciones políticas, en un contexto donde el 45% del electorado permanece indeciso, según el último estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR). Estas elecciones tienen a la candidata oficialista, Laura Fernández, como favorita en las encuestas. Los comicios se efectuarán el próximo 1 de febrero para elegir la presidencia, dos vicepresidencias y las 57 diputaciones que conforman la Asamblea Legislativa.
El salvadoreño irrumpe en el panorama de este país para visitar el terreno en Alajuela, provincia aledaña a San José, la capital, donde se levanta El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), una prisión que, según el Gobierno de Costa Rica, se inspira en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la temida cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
Durante su intervención, Bukele advirtió sobre las consecuencias de no actuar contra la criminalidad. “Si la criminalidad crece, morirán más costarricenses(…) vivirán con miedo”, dijo. Además, aseguró que Costa Rica “tiene la bendición de Dios de resolver el problema antes de que se haga como en El Salvador”.
Bukele agregó que con problemáticas como estas desaparece el turismo y todas las divisas que genera y que luego surge “una nación sin perspectivas de desarrollo como lo fue El Salvador durante 40 años”. Para salir de eso, aseguró, es necesario un plan como el ejecutado en su país.
Esta visita se enmarca en la Alianza Escudo de las Américas, un acuerdo de cooperación regional firmado entre ambos países. El Ministerio de Justicia costarricense informó que la obra, de 31,048 m² de construcción, comenzó en diciembre y se espera que finalice en julio de este año, con capacidad para 5.100 privados de libertad distribuidos en cinco módulos.
El presidente Rodrigo Chaves dijo que las palabras de Bukele son un testimonio al que se debe poner atención, una crónica de la “dictatura del crimen organizado”. El mandatario indicó que “solo los tontos no aprenden en cabeza ajena” y que la cárcel en construcción se ha beneficiado del apoyo de El Salvador en diseños y en estudio. “La presencia de Nayid Bukele es importante, es legítima y nos honra”, destacó Chaves.
Ante la llegada de Bukele, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica rechazó el lunes un recurso presentado por dos ciudadanos que solicitaban suspender la visita. El TSE determinó que los solicitantes no acreditaron cómo la visita afectaba sus derechos político-electorales.
No obstante, el Tribunal recordó que, según el derecho internacional, las delegaciones extranjeras están obligadas a “no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado” y que “la toma de posición de un mandatario extranjero -en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda- constituiría una violación al Derecho Internacional Público”.
Paralelamente a la visita presidencial, Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por supuestas amenazas contra la vida del presidente Rodrigo Chaves. Torres declaró a medios locales que la información provino de “una fuente confidencial” que dio cuenta de un presunto pago a un sicario y calificó el caso como “excepcional”.
La denuncia señala a Stella Chinchilla, una activista y comunicadora de 62 años. Chinchilla dijo que la acusación no tiene ningún sentido y que buscan callarla por su papel como crítica del actual Gobierno.
Chinchilla se presentó voluntariamente con su abogado, Ricardo Solís, ante la Fiscalía este martes, y negó rotundamente las acusaciones. Dijo que “no había hecho nada, no sabía de qué la acusaban” y que “era estupidez”. Su abogado cuestionó que la información se filtrara a la prensa antes de que su defendida fuera notificada formalmente.
El presidente Chaves, consultado durante el evento con Bukele, dijo no conocer a Chinchilla, pero afirmó haber recibido insultos de su parte. “Es obvio que me tiene un profundo odio”, aseguró, y dijo que el caso está en manos de la Fiscalía.
Para María José Cascante, subdirectora del CIEP/UCR, ambos eventos actúan como “shocks” o acciones que los partidos buscan aprovechar para polarizar un electorado de por sí dividido. El ambiente electoral se vive como un “cóctel molotov”, con un electorado volátil, partidos debilitados y un fuerte protagonismo del presidente saliente.
“Aquí los dos lados quieren llevar agua a sus molinos”, afirmó, señalando que la polarización puede ser una herramienta útil en campañas.
La politóloga dijo a CNN que, por un lado, el oficialismo buscar fortalecerse y ganar las elecciones en primera ronda y la oposición, por el otro, con 19 candidaturas presidenciales, intenta reducir las opciones políticas y que el electorado indeciso defina su voto.
Cascante sostiene que, más allá de la supuesta amenaza de muerte al presidente, “lo que estamos viendo es el surgimiento del juicio público, deja de ser un tema penal privado ante una situación muy grave y pasa a ser un debate público con una prueba que se cuestiona y un expediente muy pequeño para garantizar un juicio”.
Respecto a la visita de Bukele, se pregunta por su oportunidad. “¿Es realmente prudente que esto suceda en medio de la campaña y que no sean equipos técnicos como es usual, los que lo aborden?”, plantea Cascante.
En entrevistas con CNN, ciudadanos en San José expresaron opiniones divididas. Daniela Rojas, estudiante, consideró muy positiva la asesoría de Bukele en seguridad, un tema prioritario para el 42.4% de los votantes según el CIEP/UCR.
“Muchos piensan aquí que las condenas son un chiste, me parece interesante que Bukele piense en ayudar a Costa Rica en este tema”, dijo.
Según datos del Poder Judicial, en 2023 Costa Rica registró 905 homicidios, el año con más muertes violentas en la historia del país, muchos de ellos atribuidos por el Gobierno al narcotráfico y el enfrentamiento entre bandas delictivas. El 2024 cerró con 876 homicidios y el 2025 apenas con tres menos, 873.
Sin embargo, otras voces mostraron escepticismo sobre el “timing” de los eventos. Yendry Alfaro, contadora, y Liz Chaves, pensionada, ven en ambas situaciones una posible “maniobra de campaña” para beneficiar a la candidata oficialista, Laura Fernández.
Chaves pensionada, dijo a CNN que tiene la sensación de que ambas situaciones son estrategias y que, si bien considera que la cárcel es muy necesaria, duda de tanta publicidad a la llegada del presidente salvadoreño.
El último estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) para estas elecciones, publicado el 3 de diciembre, muestra a los costarricenses escépticos ante la oferta política actual, con la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, a la cabeza con un 30% de los votantes decididos. Su ventaja se diluye, sin embargo, ante el 45% de costarricenses que aún no definen su voto.
Habrá que esperar a ver cómo se acomoda el escenario en las próximas semanas.
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