El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podría verse afectado por un cierre parcial del Gobierno si el Congreso no financia la agencia antes del final del viernes. Sin embargo, casi todos los trabajadores del DHS seguirían en sus puestos, aunque muchos no recibirían pago hasta que termine la interrupción, y es probable que el público apenas note cambios.
El DHS es la última agencia federal que aún no cuenta con financiamiento para el resto del año fiscal 2026, que se extiende hasta el 30 de septiembre. Desde que terminó el cierre más largo de la historia a mediados de noviembre, los legisladores han aprobado una serie de proyectos de gasto para el resto del Gobierno.
El paquete más reciente, aprobado a finales de enero, solo financiaba al DHS por dos semanas para dar al Congreso más tiempo para negociar reformas en las operaciones de control migratorio de la agencia, una exigencia de los demócratas del Senado después de que agentes federales de inmigración abatieran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero.
La Casa Blanca presentó una oferta la noche del miércoles, que los demócratas están evaluando. Pero no está claro si podrán alcanzar un acuerdo antes de que expire el financiamiento del DHS.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo este miércoles que sería necesario otro proyecto de financiamiento a corto plazo, conocido como resolución continua, para mantener operativas las partes críticas del DHS. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, no ha indicado cómo procederán los demócratas.
El presidente Donald Trump no es ajeno a los cierres del Gobierno. También presidió uno durante su primer mandato, que duró 35 días y fue el más largo registrado hasta el estancamiento de 43 días del año pasado.
Esto es lo que se sabe sobre un cierre parcial que afecte al DHS:
Las muertes por disparos de Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de agentes de inmigración del DHS durante protestas en Minneapolis el mes pasado generaron una amplia indignación pública y llevaron a los demócratas del Senado a exigir reformas a cambio de su apoyo a un paquete para financiar otros departamentos federales.
Los demócratas han dicho que quieren restringir las patrullas itinerantes, endurecer los criterios para órdenes de registro y arresto, reforzar las políticas sobre el uso de la fuerza y exigir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) usen cámaras corporales y se quiten las máscaras. Los republicanos se han opuesto a casi todos esos cambios y algunos han presionado para que los demócratas hagan concesiones, como tomar medidas más firmes contra las llamadas ciudades santuario.
Es posible que los demócratas no tengan mucho poder para restringir realmente las actividades de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) en caso de un cierre. Incluso durante una interrupción, ICE seguiría operando sus funciones principales, según han sostenido varios asesores del Congreso.
En general, más del 90 % de los 272.000 empleados del DHS continuarían trabajando durante la interrupción, de acuerdo con el plan de cierre de la agencia publicado en septiembre, que cubre los primeros cinco días de un estancamiento. Más del 93 % de los trabajadores de ICE y CBP permanecerían en sus puestos.
Solo unos 44.500 empleados seguirían recibiendo pago mediante otras asignaciones presupuestarias, según el plan. No obstante, la secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo el otoño pasado que 70.000 miembros del personal de las fuerzas del orden —incluidos en CBP, ICE y otras divisiones— recibirían sus cheques salariales.
El DHS cuenta además con otros recursos, incluida una inyección de US$ 165.000 millones procedente de la “gran y hermosa ley” aprobada el verano pasado, que destinó US$ 75.000 millones solo a ICE y US$ 64.000 millones a CBP.
La ley emblemática del presidente otorga a Noem amplias facultades para redistribuir fondos con el fin de mantener las operaciones de la agencia.
El DHS es una agencia amplia que incluye no solo a ICE y CBP, sino también a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y otras divisiones.
Gran parte de la fuerza laboral de la agencia se dedica a actividades que protegen la vida y la propiedad, por lo que se considera esencial. Las actividades que continuarían incluyen operaciones de cumplimiento de la ley, incluidas las relacionadas con inmigración y narcotráfico; procesamiento de pasajeros e inspecciones de carga en puertos de entrada; actividades del Fondo de Ayuda para Desastres; y funciones del Servicio Secreto.
“Como sabemos que la mayoría del personal tendría que trabajar en estos momentos, es probable que el impacto sea mínimo”, dijo Rachel Snyderman, directora general del programa de política económica del Bipartisan Policy Center. “Pero a medida que se prolonga el cierre, es cuando empiezan a surgir algunos problemas relacionados con la pérdida de personal”.
El Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA también parece estar bien financiado, aunque los informes mensuales aún presentan retrasos debido al cierre del otoño pasado, según el centro. Se estima que el fondo contaba con casi US$ 31.000 millones al inicio del año, y la agencia suele gastar entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones al mes, salvo que ocurra un desastre importante.
Sin embargo, dependiendo de la duración del cierre, los estadounidenses podrían notar filas más largas en los controles de seguridad de los aeropuertos, ya que los trabajadores de la TSA tendrían que trabajar sin recibir pago. Esto ha ocurrido en cierres anteriores, cuando aumentan las ausencias de empleados a medida que se prolonga la interrupción.
Todas las demás áreas del Gobierno federal, incluidos los parques nacionales y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), permanecerían abiertas, ya que cuentan con financiamiento para el resto del año fiscal.
Cabe destacar que esto incluye a los controladores de tráfico aéreo, que forman parte de la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte. Normalmente, uno de los principales problemas durante un cierre es el caos en los vuelos debido a la falta de personal entre los controladores. Pero eso no sería un problema si el financiamiento del DHS vence después del viernes.
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