Un día después de que Alex Pretti fuera baleado a muerte por agentes federales en Minneapolis, el grupo más grande del mundo de jefes de policía instó a la Casa Blanca a organizar una reunión con líderes policiales federales, estatales y locales para coordinar mejor la aplicación de las leyes de inmigración y garantizar la seguridad de la comunidad.
Si bien la Casa Blanca respondió, una avalancha de otras agencias policiales, sindicatos de agentes y organizaciones gubernamentales se comunicaron con la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP, por sus siglas en inglés) y dijeron que querían participar, afirmó a CNN el presidente de la IACP, David Rausch.
Líderes de casi 20 grupos —incluida la Liga Nacional de Ciudades, la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito y las Asociaciones de Ejecutivos de las Fuerzas del Orden de Ciudades Pequeñas y Rurales— se reunieron a principios de marzo para alinearse sobre cómo abordar lo que estaba ocurriendo en sus jurisdicciones.
“Todos estuvimos de acuerdo en que la inmigración es un asunto legítimo, y la aplicación de la ley es legítima”, dijo Rausch. “Sin embargo, el enfoque necesitaba estar mejor coordinado y organizado”.
La reunión encabezada por la IACP produjo un conjunto de “principios compartidos” que piden una comunicación clara entre las agencias federales y locales, un enfoque en la persecución de criminales violentos y medidas de seguridad más amplias.
Esas directrices, descritas en un documento difundido el martes, buscan reconstruir las relaciones entre las agencias y las comunidades locales que quedaron deterioradas después de que los departamentos de policía terminaran arrastrados por el torbellino de la reacción pública en respuesta a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, como las que se vieron en Minneapolis.
La publicación, que destaca la creciente fricción entre funcionarios policiales federales, estatales y locales, es cortés pero directa al expresar inquietudes sobre cómo las operaciones de aplicación de las leyes de inmigración “pueden afectar la seguridad de los agentes, la confianza pública y la eficacia de las operaciones conjuntas” en las ciudades donde se llevan a cabo esos operativos.
“Cuando no estamos trabajando juntos, las cosas pueden ser inseguras para las comunidades y para los agentes. Las expectativas y los protocolos deben estar alineados, las tácticas deben ser consistentes”, dijo Rausch.
Es una declaración cuidadosamente redactada, pero también muy inusual y significativa, dijo el analista jefe de CNN sobre policía e inteligencia, John Miller.
“No recuerdo una ocasión en la que la organización que representa a los jefes de policía de la nación haya puesto una mirada crítica sobre otras agencias de una manera tan pública”, dijo Miller.
“Es una verdadera señal de que los jefes de policía sienten que el enfoque sin restricciones del Gobierno hacia la aplicación de las leyes de inmigración ha puesto a los departamentos de policía en una posición difícil para mantener las relaciones con la comunidad que llevó mucho tiempo construir y que han sido dañadas por este proceso”.
La Casa Blanca apoyó las nuevas iniciativas de la IACP, dijo Rausch.
Consultado para responder a la publicación de la IACP, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que “las alianzas con las agencias son fundamentales para contar con los recursos que necesitamos para arrestar a extranjeros ilegales criminales en todo el país”.
“ICE ha intensificado enormemente las gestiones con las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a los oficiales federales de inmigración en nuestras iniciativas por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo el portavoz, añadiendo que esos acuerdos han aumentado en más de un 1.000%.
Sin embargo, ayudar en las operaciones de ICE es exactamente lo que algunas agencias están tratando de evitar. Los departamentos locales no tienen autoridad en la aplicación civil de las leyes de inmigración, y en muchas ciudades, la policía tiene prohibido por la ley local participar en ello.
Las organizaciones de seguridad pública detrás de la publicación de la IACP dijeron que están comprometidas con una gestión continua para “restaurar una comunicación operativa confiable; aclarar y respetar roles, autoridades y limitaciones; y garantizar que las tácticas de aplicación de la ley se alineen con la vigilancia policial constitucional y la confianza de la comunidad”.
Para lograrlo, sus “principios compartidos” se centran en la comunicación y la colaboración entre agencias locales y federales, y en la seguridad de los agentes y de la comunidad. Jefes de policía en distintas ciudades han criticado que el DHS realice operaciones en sus calles sin comunicación previa con funcionarios locales, poniendo a los policías en riesgo.
El grupo de trabajo también pide que las gestiones de aplicación de la ley se enfoquen en criminales violentos en lugar de la aplicación civil contra personas simplemente por estar fuera de estatus. “Las operaciones amplias impulsadas por estadísticas son contraproducentes y desvían recursos, socavan la confianza y pueden resultar en la detención de individuos que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública”.
Y aunque no se nombró a funcionarios específicos, la publicación pidió al Gobierno federal que baje el tono de la “retórica dañina y excesivamente política”, que “erosiona la legitimidad y refuerza las percepciones de que la labor policial carece de transparencia y rendición de cuentas”.
El nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo durante su audiencia de confirmación que sería un tipo de líder diferente al de su atribulada predecesora, Kristi Noem, y que buscaría mantener a la agencia fuera de los titulares.
Rausch es optimista respecto a Mullin, le dijo a CNN, señalando que la IACP y sus socios lo ven “como un nuevo comienzo y una oportunidad para poder sentarnos e iniciar estas conversaciones que, francamente, deberían haber ocurrido antes”.
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