(CNN Español) — En un informe publicado este jueves, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua llamó al Gobierno del presidente Daniel Ortega a rendir cuentas por considerar que persigue a su propio pueblo, perpetra crímenes contra la oposición y elimina la iniciativa de movilización social.
El grupo es un organismo independiente, pero con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tiene la misión de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde 2018.
«El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido bajo el Gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo”, destacó el organismo en un comunicado difundido por la presentación del reporte.
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CNN contactó al Gobierno de Daniel Ortega para obtener su reacción ante el informe y aún no recibe respuesta.
El presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon, señaló en el documento que el Estado nicaragüense persigue a «estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”. Durante su mensaje de Año Nuevo, el papa Francisco dedicó su oración a la persecución que sufren los religiosos en Nicaragua y a mediados de enero el Vaticano recibió a 19 representantes católicos excarcelados en Nicaragua.
El informe destacó que en 2023 aumentaron exponencialmente las violaciones centradas en «incapacitar a la oposición a largo plazo». En julio de 2023, el opositor nicaragüense en el exilio Juan Sebastián Chamorro dijo, en entrevista con CNN, que era necesario que la comunidad internacional aplicara más sanciones al régimen de Daniel Ortega y a sus funcionarios.
El Grupo afirmó que encontró «motivos razonables para concluir que, desde abril de 2018, diversos agentes estatales y no estatales, siguiendo órdenes del Presidente y la Vicepresidente, perpetraron graves violaciones y abusos de los derechos humanos contra parte de la población nicaragüense en razón de su identidad política».
Como resultado de las violaciones constantes de derechos humanos, se destaca el exilio masivo identificado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que según el informe reportó que, entre 2018 y junio de 2023, 935.065 personas habían abandonado Nicaragua; entre ellas, 874.641 como solicitantes de asilo y 60.424 con estatus de refugiado.
Los niños y nicaragüenses que no han huido del país sufren las represalias debido a su relación con familiares que han expresado opiniones de oposición reales o percibidas, además de que las autoridades extienden la persecución a quienes se encuentran en el extranjero, impidiéndoles la reunificación familiar, especialmente con niños «y privándoles de sus derechos de pensión y de los bienes que dejaron en Nicaragua».
El Grupo de Expertos también pidió a la comunidad internacional «hacer uso de sus conclusiones en materia de relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales» y a elevar las sanciones contra personas o instituciones que violan los derechos humanos en este país.
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