En Ecuador, las Fuerzas Armadas cumplen por estos días varios roles: desde ser la primera línea de defensa en el “conflicto armado interno”, declarado por el gobierno para enfrentar al crimen organizado y contener el avance de una protesta indígena en la sierra norte, hasta bombardear campamentos de minería ilegal y apoyar la logística de un referendo programado para mediados de noviembre.
Si bien el Gobierno del presidente Daniel Noboa cuenta con el músculo político que le otorga su abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, en los últimos días ha visto estallar una crisis de múltiples frentes. Un paro nacional convocado por la principal organización indígena culminó este miércoles, tras cinco semanas en las que se registraron millonarias pérdidas en el sector agroexportador y bloqueos de tránsito entre varias ciudades andinas del centro y norte del país.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) anunció el cese del paro —que, sin embargo, no todos acataron— , denunció una “brutal represión” y reclamó que Noboa “desmilitarice” las comunidades, libere a los detenidos y repare a familiares de las víctimas. Pero, además, los dirigentes hicieron “un llamado a todos los movimientos sociales a sumarse a la campaña por el “No” en la consulta popular que impulsa el Gobierno. Este referéndum propuesto por Noboa incluye siete preguntas promueven reformas parciales y enmiendas a la Constitución. Entre otras cosas, busca la eliminación de la prohibición de bases o instalaciones militares extranjeras.
Ruth Hidalgo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, dijo a CNN que el paro estaba tomando “dimensiones insospechadas”. Para la académica, hacía falta “cabeza fría”, teniendo en cuenta que la cuerda del paro se estaba “tensando cada vez más y no hay un punto medio”.
El malestar de los indígenas se disparó luego de que el Gobierno, fiel a su filosofía de pragmatismo económico, eliminara el subsidio de casi un dólar por galón al precio del diésel. Luego se sumaron más demandas de carácter económico y social por parte de los promotores del paro. Este miércoles, tras el fin del paro, Noboa anunció que va a disminuir el precio del diésel desde diciembre.
La CONAIE fue protagonista en la caída de los expresidentes Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez hace más de dos décadas y ha encabezado protestas contra varios gobiernos en los últimos años, en jornadas de lucha callejera que dejaron muertos y destrucción de bienes públicos y privados. Esta vez los acercamientos entre la CONAIE y los delegados del presidente Noboa no estaban prosperando y el diálogo se cerró desde los dos frentes. A su vez, una división interna de la Confederación impidió que la movilización se extienda a otros puntos del país.
Desde que empezaron las movilizaciones, que tuvieron su epicentro en la provincia de Imbabura, se han reportado al menos dos comuneros fallecidos, decenas de heridos y personas detenidas. Del otro lado, varios militares han resultado heridos durante los enfrentamientos. Al menos hasta el levantamiento del paro, la situación fue caldeando el ambiente y generando acusaciones de lado y lado.
“El presidente debería generar algún espacio de diálogo. Puede buscar un tercer imparcial que no tenga aspiraciones políticas y organice, y articule una mesa de negociación que ponga fin al paro y pueda haber una tregua. De lo contrario, esta posición de no negociar es una espada de Damocles porque les afecta a los indicadores de crecimiento del país que son su responsabilidad”, precisa Hidalgo.
Noboa, ante la amenaza del movimiento indígena de tomar la capital, ordenó el despliegue de miles de militares y policías en Quito. Emulando al presidente de EE.UU., Donald Trump, con la movilización de fuerzas en las ciudades para enfrentar a quienes considera “enemigos del desarrollo”, le envió un mensaje al mandatario estadounidense en X el lunes: “Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, desafíos que demandan unidad entre naciones comprometidas con la paz y la prosperidad”. El líder ecuatoriano busca un acercamiento con la Casa Blanca y dijo que su país continúa un crecimiento económico “en medio de esta batalla y a pesar de los constantes ataques”
Noboa ha pedido ayuda a vecinos y países aliados, pero confía en que sea Estados Unidos, abanderado en la lucha antidroga, quien le otorgue apoyo económico, logístico y militar tras reunirse con altos funcionarios del la administración Gobierno de Trump en Quito hace varias semanas atrás.
Mientras se materializa la ayuda anhelada desde Quito, Noboa confía en lograr el piso legal para abrir la posibilidad de instalar bases militares extranjeras a través de un referéndum.
La imagen que Noboa intenta proyectar ha sido comparada por juristas y organismos con la estrategia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de controlar los poderes del Estado en nombre del combate al crimen organizado. Aunque hay quienes insisten en que los resultados de Noboa en materia de seguridad distan de lo alcanzado en El Salvador de Bukele, que ha logrado bajar drásticamente las cifras de homicidios, aunque no exento de críticas..
A fines de septiembre, Noboa anunció en una entrevista con Ecuavisa que en noviembre estará lista una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 800 reclusos en la provincia de Santa Elena, similar a la polémica prisión salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Ante las comparaciones, Noboa le dijo a CNN en enero de 2024 que no busca imitar a Bukele y que él es dueño de su propio estilo.
Pero los expertos disienten. “Bukele es el ideal, el referente simbólico” de Noboa, dijo a CNN Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN). En tanto, advirtió que buena parte del país no está de acuerdo con su modelo de seguridad, con grandes diferencias entre la costa y la sierra. “En Ecuador hay gente que pide autoritarismo, pero son lecturas parciales. La estrategia de Noboa no ha sido efectiva”, apuntó.
Pontón también subraya que la estrategia mediática de mano dura necesita, para ser efectiva, que la población perciba los resultados.
Sin embargo, Ecuador sigue reportando altas cifras de muertes violentas a escala nacional. Según el Ministerio del Interior, en lo que va del año se contabilizan casi 7.000 homicidios intencionales, una cifra que apunta a aumentar hasta el cierre del año, de acuerdo con la Policía.
Entre enero y junio, la cifra de homicidios intencionales llegó al máximo histórico para un semestre con 4.619 casos, un aumento de 47 % con respecto al mismo período de 2024, pese a los sucesivos estados de excepción decretados por el Gobierno, según el informe presentado en agosto por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado(OECO), de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
La apuesta del presidente por un perfil alto ante la convulsión social estuvo marcada en las últimas semanas por ataques contra el propio Noboa.
Un convoy con ayuda humanitaria encabezado por el mandatario fue atacado con piedras y palos el 28 de septiembre al ingresar en la provincia de Imbabura, según reportó el Gobierno. Días después, la caravana presidencial sufrió otro ataque similar de manifestantes en la provincia de Cañar. Sobre el segundo incidente, la CONAIE dijo que el desplazamiento fue una provocación y un acto de “falsa bandera” para criminalizar la protesta social y al movimiento indígena.
“El Gobierno busca victimizarse con estrategias que no sé si tengan valor político”, dijo Pontón. El analista consideró que Noboa aplicó “un despliegue autoritario con respecto al paro” sin intentar dialogar con el sector indígena. “Querer llevar todo el debate a causas de crimen organizado, a que quieren atentar contra su vida, tiene patas cortas”, agregó.
El 14 de octubre una explosión de un coche bomba en el corazón financiero de Guayaquil dejó un muerto y aterrorizó a la población. El Gobierno catalogó lo ocurrido como un “acto de terrorismo” y, aunque las autoridades abrieron una investigación para dar con los responsables, la sospecha inmediata de la Policía recayó sobre Los Lobos, una las bandas criminales dedicadas a traficar droga por el puerto de la ciudad y con altos intereses en la minería ilegal.
No es el primer coche bomba que estalla en Guayaquil. De hecho, esa misma noche la policía detectó un segundo vehículo cargado con explosivos que fueron detonados de manera controlada. A la mañana siguiente, la Policía reportó el hallazgo de otro coche bomba que inhabilitó un puente en las afueras de la provincia de Guayas.
Al igual que otras ciudades o provincias con puertos marítimos, Guayaquil ha sido golpeada en los últimos años por una ola de violencia y criminalidad que ha llevado a Ecuador a convertirse en uno de los países con mayor tasa de homicidios en el hemisferio occidental.
“Se han incrementado los hechos de violencia y ha habido conflagraciones internas y civiles, desangramientos y ausencia cuando se deben tocar temas de fondo”, dijo a CNN el analista internacional y catedrático Santiago Orbe.
En Ecuador las “bombas” siempre explotan simultáneamente, pues mientras ocurrían masacres en distintos puntos de la Costa asociadas a la lucha de poder entre las bandas criminales, hubo un paro activado en la Sierra norte; en la Amazonía la lucha por el cuidado del ambiente frente a la explotación de recursos naturales se sumó a la protesta; en el Austro, varios ciudadanos salieron a oponerse a la explotación minera y en la capital, Quito, los sectores sindicales y estudiantiles exigieron al Gobierno en las calles poner atención a la política social y el costo de la vida.
Orbe considera que la acumulación de crisis se debe a un tema multifactorial. “Hay varios factores que están incidiendo y que de alguna forma se han articulado para crear una cadena que interrumpe la capacidad del Gobierno para gobernar. Que limita la capacidad del Estado para funcionar como tal y esto va en detrimento de la sociedad”, agrega Orbe.
Para Hidalgo, el vacío comunicacional, los silencios, imprecisiones y contradicciones entre los funcionarios gubernamentales no colaboran en un momento tan complejo y desconectan al presidente de las necesidades urgentes.
“El presidente ha generado una sensación de no comunicarse con el resto, de no tender puentes comunicacionales y eso es malo, y se exacerba en un clima como el que vivimos ahora”, dice Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas (UDLA).
Muchos creen que Noboa se desconecta fácilmente de los problemas y genera distractores cuando todo estalla a la vez. Tres días después de la explosión del coche bomba en Guayaquil, el presidente preguntaba en su cuenta de X si la gente quería ver un partido de fútbol de un campeonato local en televisión abierta. Lo que le generó críticas en medio del fuego cruzado a menos de un mes para el referéndum con el que busca instalar una Asamblea Constituyente y promover reformas.
“Va a ser difícil para el presidente posicionar de forma adecuada una aprobación a la consulta, hubiese sido más fácil en espacios de paz. Esto sin paro era pan comido. Hoy lo veo cuesta arriba”, expresó Ruth Hidalgo.
En el medio están las continuas demandas por la falta de medicamentos e insumos en el sistema de salud, la corrupción en el manejo de la seguridad social, la inestabilidad jurídica, un sistema de justicia que no logra estar a la altura, la deserción escolar y la falta de empleo.
En medio de la zozobra el gobierno mantiene su política comunicacional de uso de redes sociales para posicionar o amplificar ciertos mensajes -a veces erróneos e imprecisos- que constantemente son verificados en los medios y en portales especializados. Noboa aparece vestido de camuflaje militar movilizándose por el país o hace sus apariciones en eventos de entrega de incentivos y ayudas financieras a las comunidades.
“Son efectos placebo que se tratan de dar en política pública para tratar en algo de aliviar la protesta social y el malestar ciudadano, pero no solucionan nada. En lo absoluto, lo único que hacen es presentar más dudas al respecto”, agrega Orbe.
Y aunque Noboa sigue gozando de amplia aceptación popular, el referéndum se vislumbra como una prueba de fuego y la puerta de entrada para promover los cambios legales que cree necesarios para consolidar sus políticas.
Los organismos internacionales de derechos humanos están observando con atención lo que ocurre en Ecuador. Desde la OEA, pasando por la ONU e instancias como Human Rights Watch han advertido sobre un uso excesivo de la fuerza durante las protestas y han visto con preocupación algunas medidas que -a su criterio- están socavando la libertad de expresión y la labor de organizaciones indígenas y ambientalistas.
Noboa ha rechazado que elementos de las fuerzas de seguridad actúen con uso indebido de la fuerza en manifestaciones. Asegura que trabajan “apegados a la ley”. “Con decisión estamos combatiendo la delincuencia organizada, al terrorismo. pero también a la violencia política, una violencia que es peligrosa porque se basa en el engaño para causar caos”, dijo esta semana en alusión a los bloqueos en el país.
Tanto Hidalgo como Orbe sugieren al Gobierno rectificar y acercarse más a las necesidades de la gente pues insisten en que el descontento social puede convertirse en una bola de nieve que no se debe subestimar.
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