El Gobierno de coalición de España, liderado por Pedro Sánchez, se hundió hoy nuevamente en un momento delicado. La formación independentista, Junts per Catalunya, decidió retirarle el apoyo de sus siete diputados en el Parlamento y condujo al gobierno socialista a otro capítulo incierto de su mandato.
Con la caída del respaldo de Junts, el oficialismo pierde la capacidad de alcanzar la mayoría absoluta (179 votos) que apoyó la investidura de Sánchez, en 2023, y, por lo tanto, sus posibilidades de tramitar iniciativas legislativas.
“Sin los votos de Junts, el Gobierno de España no puede aprobar nuevas leyes (…) a no ser que pacten con PP y VOX (de derecha)”, dijo este jueves por la mañana Miriam Nogueras, portavoz de la formación independentista en el Congreso de los Diputados.
La retirada del apoyo de Junts al Gobierno de coalición es una ruptura que se ejecutó en diferentes actos. Hace una semana, su líder, Carles Puigdemont, anunció, desde Francia, que cortaba lazos con el Ejecutivo al considerar que no se estaban ejecutando “en tiempo y forma” los acuerdos políticos establecidos en el documento que Junts y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en noviembre de 2023 para apoyar la investidura de Sánchez como presidente.
Poco después, el jueves 30 de octubre, el 86,98% de la militancia de Junts ratificó romper el acuerdo de investidura tras ser consultados por la dirección del partido.
Ya este jueves, tras reclamar que Sánchez no haya comparecido durante estos últimos días para dar explicaciones sobre “como gobernará sin esta mayoría necesaria”, Nogueras confirmó que Junts su apoyo a todas las leyes que se encuentren en tramitación o se vayan a presentar a futuro. “La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada”, resumía Nogueras.
El apoyo que el Gobierno de coalición recibía de Junts per Catalunya nunca estuvo exento de polémica. Sobre todo, sabiendo que la máxima aspiración de esta formación autónomica es lograr la independencia de Cataluña.
El acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Junts alimentó en su momento un fuerte malestar entre las formaciones de derecha, convirtiéndose en el detonante de una serie de protestas que se repitieron de forma diaria en los aledaños de la sede del PSOE durante las jornadas previas a la investidura de Sánchez.
Azuzadas desde la derecha y la extrema derecha, estas concentraciones reunieron a cientos de manifestantes que protestaban por lo que consideraban concesiones al independentismo catalán al incluir una ley de amnistía para beneficiar a los políticos y otros ciudadanos condenados o encausados por promover la consulta popular no refrendaria de 2014 para definir cuál debía ser el futuro de Cataluña, o el referéndum de independencia celebrado en octubre de 2017.
Una ley de amnistía que debía beneficiar al mismo Puigdemont, pero que el Tribunal Supremo rechazó ofrecer debido a que el delito de malversación de caudales públicos que pesaba contra él incurría “plenamente” en las dos excepciones que prevé el redactado de esta ley para amnistiar delitos de malversación, “que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Así las cosas, Puigdemont presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los autos del Supremo y que ha sido recientemente admitido a trámite. A la espera de que este órgano resuelva sí debe aplicarse la amnistía o no en su caso, el líder independentista sigue sin regresar a España dado que tiene activa una orden de detención.
A pesar del revés que supone el anuncio de Junts, el Gobierno ha decidido trasladar un mensaje de “normalidad”. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba que mantendrán la “mano tendida” y de “total colaboración a negociar” con todos los grupos parlamentarios para así desengrasar lo que queda de legislatura.
Pero no todo el mundo ve claro que eso pueda funcionar. Fernando Clavijo, presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria -formación que con su único diputado en el Parlamento apoyó la investidura de Sánchez-, manifestó que con la distancia de Junts la legislatura entra en un “punto muerto”. Motivo por el que sugirió que Sánchez debería someterse “a una cuestión de confianza, de tal forma que se sepa si puede haber gobierno o no, y si no, que los ciudadanos puedan decidir en las urnas”.
Desde el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), consideran que, con el anuncio de la formación independentista, la legislatura está acabada. “Esto supone una gran parálisis del país”, señaló la portavoz de este partido en el Senado, Alicia García. “Lo que tendría que hacer Sánchez (…) es dar voz a los españoles”, sugirió García, reiterando así la constante petición del PP de que se produzca un adelanto electoral.
Esta ruptura se suma a las diferentes tensiones a las que el Ejecutivo ha hecho frente a lo largo de este año.
El escándalo de presunta corrupción generada por el “caso Koldo” puso a Sánchez y a su Consejo de Ministros en una situación complicada, de pérdida de confianza, ante los socios de investidura.
Para ganar de nuevo su confianza, Sánchez compareció el pasado 9 de julio ante el Parlamento para rendir cuentas sobre cómo iban a atajar la corrupción a todas los niveles. Una suerte de cuestión de confianza en la que presentó un plan con 15 medidas para combatir las prácticas corruptas y que, en menor o mayor medida, convenció a sus socios de investidura. Aunque estos le reclamaron mano dura contra esta lacra.
A quien no convenció fue a la oposición, que durante todo este tiempo ha repetido en cada oportunidad que se presenta la necesidad de que el Gobierno ponga fin a la legislatura y convoque nuevas elecciones generales. Un objetivo que Sánchez descarta totalmente, asegurando que agotará la legislatura hasta el próximo 2027, que es cuando tendrán lugar los próximos comicios.
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