Corte Suprema facilita la deportación de residentes permanentes
Corte Suprema facilita la deportación de residentes permanentes

Corte Suprema facilita la deportación de residentes permanentes

El fallo del Tribunal Supremo hace que sea más difícil permanecer en EE.UU.

(POLÍTICA YA). – La Corte Suprema acaba de hacer más fácil la deportación de los residentes permanentes que reciben una condena penal.

Con un fallo de 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces adoptaron este jueves una visión expansiva de la “regla del tiempo de detención”, que determina si un titular de la “Green Card” ha estado en el país el tiempo suficiente para ser elegible para evitar la deportación.

En lo que es una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump, la Corte confirmó una decisión de un tribunal inferior que determinó que el residente permanente legal de Jamaica, Andre Martello Barton, no era elegible para que su deportación fuera cancelada bajo una ley estadounidense que permite que algunos residentes legales de larga data eviten ser deportados.

Barton fue blanco de deportación después de condenas penales en Georgia por delitos de drogas y armas.

La Corte Suprema dio la razón al gobierno de que Barton no podía impugnar su orden de deportación bajo una ley federal que así lo permite para ciertos inmigrantes legales que llevan al menos siete años de residencia continua en el país.

La decisión podría afectar a miles de inmigrantes con condenas penales, muchos por delitos menores, que residen legalmente en Estados Unidos.

EL CASO BARTON V. BARR

Barton llegó a EE.UU. en 1989 con una visa de turista. En 1992 logró la residencia permanente, pero cuatro años después fue condenado por asalto agravado, daños a la propiedad y posesión de un arma de fuego.

En 2007 y 2008 recibió otras sentencias por delitos de drogas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentó deportar a Barton en 2016, y un juez de inmigración así lo ordenó.

Cuando Barton solicitó la cancelación de su orden de expulsión, el gobierno argumentó que no tenía ese derecho porque no cumplía los requisitos para mantener la residencia permanente al cometer delitos graves.

Una cláusula de una ley federal de 1996 establece que el fiscal general puede anular una orden de deportación si el inmigrante ha sido admitido para residir de forma permanente en EE.UU. por al menos cinco años, lleva al menos siete años consecutivos de residencia permanente, y no ha sido condenado por ningún delito mayor con agravantes.

En el caso de Barton, el gobierno alegó que el periodo de residencia continua en el país finalizó en 1996, cuando éste fue condenado por asalto agravado.

La defensa de Barton argumentó infructuosamente que Barton ya llevaba muchos años de residencia permanente cuando cometió el delito.







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