El Gobierno de Estados Unidos parece estar, en los papeles, reuniendo las piezas para un cambio de régimen en Venezuela.
- Las Fuerzas Armadas han estado disparando contra lo que dice que son barcos de narcotráfico vinculados a Venezuela.
- El presidente Donald Trump reconoció haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en el país sudamericano.
- Hay un despliegue de la Marina de Estados Unidos en el Caribe, pero en un giro extraño, el jueves el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció la salida repentina del comandante encargado de la operación, el almirante Alvin Holsey.
- La líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha respaldado la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, incluso durante una entrevista con Christiane Amanpour de CNN el miércoles.
“¿Por qué quisiera que el futuro de su país sea decidido por una intervención militar de Estados Unidos?”, le preguntó Amanpour.
Machado fue inhabilitada para postularse a cargos públicos por el líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo brutal Gobierno ha provocado un éxodo masivo de millones de personas del país, muchos de los cuales se fueron a Estados Unidos. Su reelección en 2024 fue ampliamente considerada ilegítima.
“El cambio de régimen ya fue mandatado en unas condiciones absolutamente injustas, y nosotros ganamos (la elección de todas maneras)”, dijo Machado a Amanpour. Machado ha dedicado su Premio Nobel a Trump.
Trump cita dos razones principales para sus acciones contra Venezuela.
“Número uno, ellos han vaciado sus prisiones en Estados Unidos”, dijo el miércoles en la Casa Blanca, repitiendo una falacia que ha usado como argumento de sus políticas antiinmigrantes.
También volvió a acusar al Gobierno de Venezuela de ser cómplice del narcotráfico, algo que también ha señalado Machado.
Mientras la oposición venezolana podría ver esperanza en la intervención militar de Estados Unidos, cualquiera que haya prestado atención a la historia de la CIA en América Latina será extremadamente escéptico.
Hablé con Tim Weiner, autor ganador del Premio Pulitzer por múltiples historias sobre la CIA, incluyendo recientemente “The Mission”, sobre la CIA en el siglo XXI.
Weiner señaló que cuando Trump reconoció haber autorizado una acción encubierta de la CIA en Venezuela, socavó la parte “encubierta” necesaria para cualquier acción.
También señaló al despido en mayo de Mike Collins, un profesional de inteligencia de larga trayectoria que era jefe interino del Consejo Nacional de Inteligencia, que había redactado un análisis que contradecía el argumento del Gobierno que vinculaba a la banda Tren de Aragua con el régimen de Maduro, un vínculo clave para que Trump invoque la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 como herramienta para deportar más rápidamente a algunos venezolanos en Estados Unidos sin el debido proceso.
“Esos son dos ingredientes de una receta para el desastre”, dijo Weiner. “El tercer ingrediente es que la historia de los cambios de régimen apoyados por la CIA no es feliz, no solo en América Latina, sino en todo el mundo”.
Si Trump o el Gobierno de Estados Unidos intentaran usar a la CIA para lograr un cambio de régimen, eso sería “ignorar tanto a la inteligencia como a la historia”, dijo Weiner. Para explicarse, ofreció dos ejemplos que advierten contra la participación estadounidense en cambios de régimen en el Caribe y América Latina.
“Fidel Castro sobrevivió a las acciones encubiertas ordenadas por presidentes desde (Dwight D.) Eisenhower en adelante; los sobrevivió a todos”, dijo, al señalar el caso del fracaso más obvio.
“Los éxitos, por ejemplo en Guatemala, dieron paso a dictaduras y provocaron la muerte de cientos de miles de personas”, dijo Weiner.
Los partidarios de la intervención en Venezuela han señalado la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos como modelo para una posible intervención en Venezuela.
“Y, por cierto, el tipo que gobernaba Panamá en ese momento era un narcotraficante”, dijo David Smolansky, otro líder opositor venezolano, durante una entrevista con Amanpour la semana pasada.
Estados Unidos invadió Panamá en 1989 para arrestar a su líder, el general Manuel Noriega, por cargos de narcotráfico y otros delitos, y para proteger a una gran comunidad de expatriados estadounidenses que se encontraban en el país. La invasión, que incluyó paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada lanzándose sobre el país, llevó al arresto final de Noriega después de que se escondiera en la embajada del Vaticano en ese lugar. Noriega se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero condenado en un tribunal de EE.UU. en 1992 y estuvo en una prisión de EE.UU. hasta su extradición a Francia en 2010.
Estados Unidos tenía intereses claros en Panamá debido al Canal de Panamá, del cual Trump ha hablado recientemente y ha llegado a decir que quiere retomar su control. Pero en el momento en que EE.UU. arrestó a Noriega bajo el Gobierno del presidente George H.W. Bush, Estados Unidos mantenía una gran base militar en Panamá. No tiene tal presencia en Venezuela.
Otra cosa importante que hay que saber sobre Noriega: durante años estuvo en la nómina de la CIA, un hecho que empaña la eventual operación de EE.UU. en su contra. También lo convierte en el daño colateral que causó la invasión.
“Desafortunadamente, los bombarderos estadounidenses mataron a cientos de civiles en el proceso de extraer a un exagente de la CIA y la DEA del poder”, me dijo Weiner.
En 2019, Panamá declaró el día de la invasión, el 20 de diciembre, como día nacional de luto.
Venezuela también tiene importancia estratégica debido a su riqueza en recursos naturales. Por eso, a pesar de las acusaciones de que es una ruta de paso para drogas que ingresan a Estados Unidos, el país nunca ha sido el origen de un gran comercio de drogas.
“Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tienen las mayores reservas de oro en América Latina. Así que nunca ha habido una necesidad de desarrollar una industria nativa de producción de drogas”, dijo Juan Sebastián González, quien fue director sénior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden, en una entrevista con Amanpour la semana pasada.
Un país rico en recursos naturales cuyo líder no es del agrado del gobierno de Estados Unidos. Los estadounidenses podrían recordar fácilmente los defectuosos informes de inteligencia presentados antes de la invasión de Estados Unidos a Iraq. Excepto que el Gobierno de Trump no ha ofrecido dataos de inteligencia públicos para respaldar sus afirmaciones.
González le dijo a Amanpour que hay múltiples grupos armados, incluidos cárteles, que controlan diferentes partes de Venezuela. Esto complicaría cualquier intento de cambio de régimen y podría potencialmente extenderse a otros países.
“Creo que cualquier tipo de intervención de EE.UU., especialmente si incluye tropas en el terreno, sería una causa célebre para los grupos armados ilegales que han estado luchando en Colombia y otras partes del hemisferio por más de medio siglo. Así que es más fácil decirlo que hacerlo”.
Trump evitó decir directamente si cree que la CIA tiene la autoridad para eliminar a Maduro.
“¿No sería una pregunta ridícula para que yo respondiera?”, dijo, después de confirmar que había autorizado operaciones encubiertas.
Sin embargo, la acumulación de buques navales en el Caribe es desproporcionada para cualquier operación antidrogas, según González.
“Así que esto realmente parece, camina y habla como una preparación para un cambio de régimen”, le dijo a Amanpour.
El profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Jack Goldsmith escribió, en una larga publicación en X sobre la cuestionable autoridad legal para autorizar acciones de la CIA en Venezuela, que hay más “margen de maniobra” para autorizar acciones de la CIA que acciones militares, al menos bajo la ley de EE.UU.
Lo interesante aquí es la decisión de Trump de hablar al respecto.
“Como suele hacer cuando está violando la ley o las normas vigentes, Trump actúa abiertamente y sin vergüenza ni preocupación”, escribió Goldsmith. “Es un método muy efectivo para desactivar el impacto público de la ley y las normas, al menos a corto plazo”.
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