Funcionarios del Gobierno de Donald Trump informaron a legisladores el miércoles que Estados Unidos no planea lanzar ataques dentro de Venezuela y que actualmente no existe justificación legal para atacar objetivos terrestres, según fuentes familiarizadas con la reunión informativa dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un funcionario de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca.
Durante la sesión clasificada, se informó a los legisladores que la opinión emitida por la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia para justificar los ataques contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico, publicada inicialmente por CNN el mes pasado, no autoriza ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio, según cuatro fuentes.
La orden de ejecución que dio inicio a la campaña militar estadounidense contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, que comenzó en septiembre, tampoco se extiende a objetivos terrestres, indicaron los ponentes, según las fuentes.
La opinión vigente de la Oficina del Asesor Jurídico incluye una lista de 24 cárteles y organizaciones criminales con base en América Latina que, según una de las fuentes familiarizadas con el documento, el Gobierno está autorizado a atacar.
Sin embargo, la administración de Trump está solicitando una opinión legal independiente al Departamento de Justicia que justifique lanzar ataques contra objetivos terrestres sin necesidad de que el Congreso autorice el uso de la fuerza militar, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión sobre un posible ataque dentro del país, según declaró un funcionario estadounidense.
“Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana”, afirmó dicho funcionario al abordar la situación actual, señalando que Trump aún no ha decidido cómo abordará la situación en Venezuela.
El importante despliegue de recursos militares en el Caribe, que pronto incluirá al grupo de ataque del portaviones Ford, ha generado dudas sobre si Estados Unidos tiene la intención de atacar dentro de Venezuela. No obstante, dos fuentes indicaron que los informes revelaron que los recursos militares se están movilizando allí únicamente para apoyar operaciones antinarcóticos y realizar labores de inteligencia.
Hasta la fecha, la administración ha intentado evitar la participación del Congreso en su campaña militar en América Latina. Un alto funcionario del Departamento de Justicia declaró ante el Congreso la semana pasada que las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del Congreso y que la administración no está sujeta a una ley de poderes de guerra de hace décadas, que obligaría a trabajar con los legisladores, según informó CNN.
Desde septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo 16 ataques conocidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 67 muertos. En varias sesiones informativas ante el Congreso, incluida la del miércoles, funcionarios del Gobierno han reconocido que no necesariamente conocen la identidad de cada persona a bordo de una embarcación antes de atacarla.
Según fuentes, los ataques se realizan en función de información de inteligencia que vincula a las embarcaciones con un cártel u organización criminal específica. Durante la sesión informativa del miércoles, los funcionarios del Gobierno explicaron el proceso que utilizan para identificar y atacar las embarcaciones y analizaron el tipo de información de inteligencia que las conecta con los cárteles, indicó una de las fuentes.
El senador demócrata Mark Warner, miembro de mayor rango de la Comisión de Inteligencia del Senado, declaró a la prensa tras la sesión informativa: “Creo que nuestros recursos de inteligencia son bastante buenos”, explicando que cree que el Gobierno sí tiene “visibilidad” sobre el transporte de drogas ilegales.
Sin embargo, cuestionó por qué el Gobierno tuvo que usar fuerza letal contra las embarcaciones en lugar de interceptarlas, como la Guardia Costera ha hecho de forma rutinaria en el pasado, lo que podría proporcionar pruebas de narcotráfico.
El representante Gregory Meeks, miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, declaró a CNN tras la reunión informativa que no escuchó nada que lo convenciera de la legalidad de los ataques. Añadió que los informadores no compartieron las pruebas que vinculan a las embarcaciones o a sus pasajeros con el narcotráfico.
Funcionarios de la administración han afirmado reiteradamente tener información de inteligencia que vincula a las embarcaciones con el narcotráfico, pero han ofrecido pocos detalles públicamente.
“Puedo asegurarles que cada uno de estos ataques involucra barcos y cargamentos que fueron rastreados desde el principio”, declaró Rubio a finales de octubre. “Desde el momento en que se organizaron, desde el momento en que se coordinaron, sabemos a dónde se dirigen. Sabemos cuáles son sus puntos de entrega, sabemos con qué organizaciones están involucrados. Estos ataques se rastrean con sumo cuidado”.
“Hay cientos de barcos navegando cada día, y hay muchos ataques que no llevamos adelante y que el Departamento de Guerra no lleva adelante porque no cumplen con los criterios”, declaró ante la prensa. “Esto conlleva un proceso muy riguroso”, dijo
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