Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vive un aumento de la presión externa en medio del despliegue militar de Estados Unidos, ciudadanos, opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la tensión interna en Venezuela se ha recrudecido. Según denuncian organizaciones no gubernamentales como Provea, octubre fue el mes con mayor represión desde el inicio de las tensiones bilaterales, especialmente contra personas vinculadas con la dirigente opositora María Corina Machado.
Según los registros de Provea, octubre fue uno de los meses más represivos de 2025, con 54 detenciones, en su mayoría vinculadas al movimiento político Vente Venezuela, liderado por Machado. “Es una política diseñada para imponer el miedo entre los venezolanos”, aseguró Marino Alvarado, coordinador de la ONG, quien alertó sobre el agravamiento de las condiciones carcelarias, el hacinamiento y los castigos contra detenidos políticos.
El caso de la familia Hernández Castillo ejemplifica la situación. La noche del 19 de noviembre, hombres vestidos de metro, algunos con identificación de la Policía Nacional Bolivariana, otros de la División contra la Delincuencia organizada y algunos sin identificación, según describieron testigos, “irrumpieron violentamente” en la residencia de la adolescente Samanta Sofía Hernández Castillo, ubicada en la parroquia El Valle, en el oeste de Caracas, según relataron sus familiares ante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un grupo de detenidos que organiza protestas para pedir mejores condiciones de detención y liberaciones. Los testigos afirmaron que estas personas amenazaron con armas de fuego a los abuelos y se llevaron a la joven de 16 años, sin informar su destino ni dar respuesta a sus familiares, quienes al momento de publicar esta nota aún desconocían su paradero.
“Hago responsable a Diosdado Cabello (ministro de Interior y Justicia) por toda la persecución familiar que sufrimos”, declaró Ámbar Castillo, madre de Samanta, en un video difundido en redes al denunciar que su hija fue detenida sin orden judicial ni de allanamiento. Expresó, además, su preocupación por los posibles daños psicológicos y emocionales que podría sufrir la estudiante, a quien calificó como víctima de un “secuestro”.
Tras 48 horas de angustia y sin saber de Samanta, la familia recibió otra mala noticia: la detención de Aranza Hernández Castillo, de 19 años, hermana de Samanta, ocurrida en Maracaibo, en el occidental estado Zulia según dijo a CNN la madre, Ambar Castillo. Ambas son hermanas del teniente Cristian Hernández quien, según sus familiares, salió del país tras denunciar persecución por acusaciones de conspiración. Castillo dijo a CNN que han sido días bastante angustiantes sin conocer el paradero de sus hijas o en qué condiciones se encuentran. Relata qué ha recorrido centros de reclusión donde algunas personas le dicen que podrían estar pero que ahí les niegan su presencia.
La esposa de Cristian, Maykelis Borges, dio a luz en el INOF, una cárcel para mujeres, y permanece detenida junto con su bebé. Según Foro Penal fue detenida estando embarazada el 29 de enero de 2025 y acusada del delito de conspiración junto con su esposo, el teniente Cristian Hernández. Su familia dice que no se le permitió abogado privado sino defensa pública.
Además, Henry Castillo, empresario y productor agrícola, tío de las jóvenes, fue aprehendido el 24 de enero de este año por razones que su familia asegura desconocer. Dicen haber recorrido distintos centros de reclusión para conocer su paradero y que hasta ahora en todos se lo niegan y que tampoco tienen conocimiento de que haya sido presentado en tribunales. Consideran que es víctima de desaparición forzada. CNN contactó al Ministerio Público para obtener la versión oficial y está a la espera de una respuesta.
El caso de esta familia no fue el único que causó conmoción en noviembre. El 16, la doctora Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel, acusada de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. Señalada por dichos delitos fue sentenciada a la pena máxima contemplada por la legislación venezolana. Según informó a CNN la organización defensora de derechos humanos Provea y familiares de Orozco, el juicio comenzó después de que la doctora compartiera un audio en un grupo de WhatsApp.
CNN no tuvo acceso al mensaje, pero el hijo de Orozco, Walter Ruiz, contó que su madre hizo un llamado a votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 para “lograr un cambio en el país”. Ruiz explicó que una vecina, quien era jefa de calle y representante del partido de Gobierno, la delató. Horas más tarde, el 5 de agosto de 2024, funcionarios policiales irrumpieron en su casa en horas de la noche y la detuvieron sin orden judicial.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que esta sentencia “desproporcionada” evidencia cómo se aplica la justicia de forma distinta cuando se trata de perseguidos políticos. “Con este fallo se busca meter miedo para que la gente no opine”, afirmó. Para Alvarado, el Gobierno pretende imponer terror para silenciar cualquier expresión ciudadana, ya sea en medios, redes sociales o incluso en mensajes privados.
Alvarado explicó que, aunque a inicios de noviembre se observó una disminución temporal en las detenciones, en lo que describió como un intento del Gobierno por enviar señales de diálogo a Estados Unidos, esos períodos “sin represión” en su opinión suelen ser muy breves. En ese mismo lapso se produjeron algunas excarcelaciones, como las del ciudadano francés Camilo Castro y del empresario venezolano Noel Álvarez, entre otras.
El movimiento Vente Venezuela, a través de su Comité de Derechos Humanos encabezado por Orlando Moreno, denunció ante CNN y otros medios internacionales una nueva fase de represión estatal en 2025 que, asegura, “ha entrado en una etapa más oscura y sofisticada”. Sostienen que el Gobierno aplica una represión “quirúrgica”, mediante secuestros políticos y detenciones selectivas, con el objetivo de “decapitar al liderazgo opositor”. Además, Moreno advirtió que esta práctica podría intensificarse ante una posible escalada militar de Estados Unidos. CNN contactó a las autoridades en busca de respuesta a estas acusaciones sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
“Ya no buscan llenar cárceles, sino neutralizar la organización ciudadana, secuestrando voces con capacidad de movilización”, subrayó Moreno. Añadió que la ley se aplica “como un garrote político”.
Según el informe más reciente de Vente Venezuela, en lo que va de 2025 se registró una detención arbitraria cada 32 horas, con al menos 232 casos documentados, de los cuales 143 corresponden a militantes de Vente Venezuela. En 2024, el promedio fue de seis detenciones diarias, equivalentes a una cada cuatro horas, para un total de 2.500 arrestos. En conjunto, entre 2024 y 2025 se registraron 431 detenciones vinculadas al comando “Con Venezuela”, de las cuales 174 culminaron en excarcelaciones.
También coinciden con Provea en que octubre fue el mes más represivo. Vente Venezuela registró 60 detenciones ese mes, que coincidieron con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y un aumento de la presión de Washington sobre Nicolás Maduro. De esas, 21 personas fueron posteriormente liberadas.
Moreno también mencionó la detención reciente de al menos siete militares, incluido un general de división sin precisar otros detalles sobre el caso. Estas detenciones no pudieron ser confirmadas por CNN de forma independiente. Moreno, actualmente en la clandestinidad de forma preventiva, asegura, además, que existe un creciente descontento y que algunos militares habrían sido detenidos tras negarse a grabar videos de juramentos en apoyo a Nicolás Maduro o a asumir ciertas responsabilidades en la Fuerza Armada.
El dirigente acusó a Maduro de “perfeccionar una diplomacia de rehenes” usando a presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como fichas de negociación. Asimismo, denunció el resurgimiento del “efecto Sippenhaft” o culpa por parentesco, práctica de corte nazi que busca castigar a familiares para forzar entregas o declaraciones. Entre los casos citados, destacó el arresto de Rafael Tudares, yerno del candidato Edmundo González Urrutia, detenido frente a sus hijos pequeños cuando los llevaba al colegio el 7 de enero de 2025. Tudares continúa preso actualmente.
En el caso de Tudares, su esposa Mariana González ha denunciado en redes sociales insistentemente que persiste una situación de desaparición forzada al no informar sobre su paradero y no permitirle tener una fe de vida para conocer sobre su integridad física y salud. Aseguran que se le impuso defensa pública y que al abogado de la familia no le han permitido asumir el caso. A Tudares lo acusan de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir, forjamiento, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Moreno agregó que continúan las denuncias de torturas, aislamiento y condiciones inhumanas en los centros de detención, en medio del colapso judicial y el uso del sistema de justicia “como arma de castigo político”.
En septiembre de 2025, la Misión de determinación de los hechos incluyó en su informe que siguen documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de aislamiento contra los detenidos.
También destacan que en 2025, han continuado las detenciones contra personas opositoras o percibidas cómo tales al igual que ocurrió en 2024. Explican que se trata de casos sin base legal ni orden judicial, “en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial”. Agregan que también “se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total convivencia judicial”, indicó Francisco Cox, experto que forma parte de dicha misión.
Por su parte Moreno, también insistió en la necesidad de visibilizar estas violaciones y redoblar la presión internacional. “No se trata de un conflicto político, sino de mafias que han secuestrado a toda una nación”, afirmó.
Foro Penal, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, registró hasta el 17 de noviembre un total de 884 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 159 ya fueron condenadas. Los delitos incluidos con mayor frecuencia en estas sentencias, según Himiob, fueron traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio. Precisa que en el caso de los militares, a veces hay rebelión, desobediencia y “actos contra el decoro militar”. La lista incluye 768 hombres, 116 mujeres, 710 civiles y 174 militares. Entre ellos hay 85 personas con nacionalidad extranjera y se desconoce el paradero de 59 detenidos.
Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, aseguró a CNN que la represión se ha intensificado en dos niveles: “Primero, contra los movimientos opositores, con la detención de miembros de Vente Venezuela en todo el país; y segundo, con arrestos aleatorios de ciudadanos sin militancia política ni capacidad de movilización social”. Según explicó, algunos casos se generan únicamente por mensajes o comentarios en redes sociales. “Pensamos que esta es una estrategia del Gobierno para mantener a la población asustada y en silencio”, afirmó.
Himiob también advirtió que los extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad corren un riesgo especial, pues muchos permanecen detenidos sin acceso a abogados de confianza y con escasa comunicación con sus delegaciones consulares.
CNN contactó al Ministerio de Interior, Justicia y Paz y a la Fiscalía General de Venezuela para obtener más detalles y conocer su posición sobre cada uno de los casos incluidos en esta historia y no ha obtenido respuesta.
En el pasado, el Gobierno de Venezuela ha insistido en que a todos los detenidos en el país se les respeta los derechos humanos y el debido proceso, y ha tildado a diversos informes internacionales sobre detenciones arbitrarias de “injerencistas” y a las denuncias de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”.
Mientras tanto, los venezolanos se enfrentan a la doble presión, interna y externa, ante un escenario de gran incertidumbre sobre el futuro del país.
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