Mientras los abogados se enfrentan en los tribunales y los agentes federales en el terreno chocan con los manifestantes, Chicago se está consolidando como el epicentro de la ofensiva migratoria de la administración Trump después de una serie de acontecimientos en las últimas 24 horas.
Ahora, cuando la ciudad se dirige a su primer fin de semana desde que se derribó la valla afuera de la instalación de control de inmigración de Broadview, y con el director de la oficina de campo de ICE en Chicago ordenado a comparecer ante el tribunal el lunes, el escenario está listo para un ajuste de cuentas sobre las medidas de control de multitudes.
Varios acontecimientos ocurridos el jueves pusieron a la Ciudad del Viento bajo la atención nacional, incluido un tribunal federal de apelaciones que confirmó el fallo de un tribunal inferior que negó temporalmente el esfuerzo del gobierno federal de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois y un juez que exigió por separado respuestas sobre los encuentros violentos con manifestantes en Chicago.
Las tensiones han aumentado a medida que se han desplegado agentes federales en toda la ciudad en las últimas semanas para lo que la administración Trump llama “Operación Midway Blitz”, un esfuerzo de ICE que ha resultado en más de 1.000 arrestos de migrantes en todo Illinois entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre, según el Departamento de Seguridad Nacional.
El edificio de ICE en Broadview, a las afueras de Chicago, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos, ya que los manifestantes han salido a denunciar los arrestos por inmigración. Mientras tanto, el DHS ha declarado que “no permitirá que esta violencia nos impida arrestar a los peores de los peores y hacer que Illinois vuelva a ser un lugar seguro”.
A continuación un resumen de lo que ha sucedido en el área de la Ciudad del Viento en el último día antes de más protestas planificadas contra ICE el viernes.
Una semana después de emitir una orden radical para intentar sofocar la intensa respuesta de los agentes federales a las protestas contra las actividades de control de inmigración en Chicago, la jueza federal de distrito Sara Ellis les dijo a los abogados de ambos lados del caso que regresaran a su sala del tribunal para tener su propia discusión.
Ellis dijo que tenía “serias preocupaciones” sobre que su orden se cumpliera y finalmente anunció que ampliará su orden de restricción y requerirá que todos los agentes federales involucrados en la represión migratoria en Chicago tengan cámaras corporales encendidas cuando se encuentren con manifestantes.
El juez originalmente requirió que todos los agentes usaran cámaras, pero aceptó cierta flexibilidad después de que un abogado que representa a la administración Trump dijera que sería logísticamente imposible proporcionarles cámaras a todos los agentes de inmediato.
El Departamento de Justicia todavía se opone a la orden de la cámara corporal, argumentando que no es un asunto sencillo grabar los videos y entregarlos constantemente para su revisión y redacción en función de cada acusación.
Ellis también exigió que el director de campo del ICE, Russell Hott, comparezca ante el tribunal el lunes, “para explicarme por qué veo imágenes de gases lacrimógenos siendo desplegados y leo informes de que no hubo advertencias antes de que se desplegaran en el campo”.
El vehículo federal que la ciudadana estadounidense Marimar Martínez está acusada de embestir a principios de este mes antes de que un agente de Aduanas y Protección Fronteriza le disparara fue trasladado a más de 1.600 kilómetros de distancia, a Maine, dijo un abogado del Departamento de Justicia en una audiencia el jueves.
Su abogado acusó al Departamento de Justicia de mover el vehículo (prueba clave en el caso) a pesar de saber que probablemente necesitaría examinarlo.
El juez del caso ordenó que el vehículo fuera devuelto en un camión de plataforma después de que el abogado de Martínez expresó su preocupación de que no se preservaría la evidencia después de que fuera conducido a Maine y de regreso.
Martínez, de 30 años, se declaró inocente el miércoles de un cargo de agredir, resistirse y obstaculizar a los oficiales.
Se le acusa de embestir con su auto el vehículo de las fuerzas del orden federales el 4 de octubre, durante las protestas contra la ofensiva migratoria de la administración Trump en la ciudad. Su abogado lo ha negado, alegando que imágenes inéditas de la cámara corporal muestran que, en realidad, fue un agente federal quien se desvió hacia Martínez.
El jueves, agentes de ICE arrestaron a un oficial de policía en el suburbio de Hanover Park, en Chicago, alegando que es un inmigrante ilegal de Montenegro.
El DHS dijo que el oficial, Radule Bojovic, se quedó en el país más tiempo del permitido por una visa de turista que venció en 2015.
Bojovic fue “encontrado durante una acción policial específica como parte de la Operación Midway Blitz”, dijo el departamento.
“Radule Bojovic violó las leyes de nuestro país y vivió ilegalmente en Estados Unidos durante 10 años. ¿Qué clase de departamento de policía les da placas y armas a inmigrantes ilegales delincuentes? Es un delito grave que un extranjero posea un arma de fuego. Un agente de la ley está infringiendo la ley activamente”, declaró el jueves a CNN la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
CNN se comunicó con la policía de Hanover Park para solicitar comentarios y trató de comunicarse con Bojovic.
En una derrota para la administración Trump, un tribunal de apelaciones negó el jueves el esfuerzo del gobierno de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois.
Sin embargo, las tropas pueden permanecer en el estado bajo control federal, dijo el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito.
La opinión detalla el razonamiento del tribunal en una decisión emitida el sábado y llega una semana después de que la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos April Perry emitiera un duro fallo oral desde Chicago que otorgó una orden de restricción temporal que detuvo el despliegue de soldados de la administración Trump en Illinois durante dos semanas.
“No he visto ninguna evidencia creíble de que haya habido una rebelión en el estado de Illinois” que justifique la federalización de los soldados de la Guardia Nacional, dijo Perry en ese momento, calificando las evaluaciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre las protestas de “poco fiables”.
La negación es la última en una saga judicial sobre si el presidente Donald Trump está excediendo su autoridad al desplegar tropas para sofocar manifestaciones frente a las instalaciones de ICE cerca de ciudades lideradas por demócratas como Chicago.
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