En una ciudad donde más del 70% de la población es de origen hispano, el alcalde de Miami, Francis Suárez, busca posicionarla como un imán para la inversión extranjera, principalmente de empresarios latinoamericanos, a través del programa EB-5, una visa que otorga residencia a quienes invierten cerca de US$ 1 millón y generan empleos en Estados Unidos.
“La existencia (del programa) como un medio de inversión en la ciudad y también para personas que, comprensiblemente, en este tipo de entorno y contexto, están preocupadas por su estatus migratorio”, dijo Suárez durante un evento en el Ayuntamiento.
CNN contactó al Gobierno de la ciudad de Miami para conocer más detalles de la iniciativa y está a la espera de una respuesta.
Pero mientras el alcalde del Partido Republicano defiende el programa como una herramienta clave para impulsar la economía local y ofrecer oportunidades a quienes buscan estabilidad migratoria, expertos como Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, señalan la contradicción: las duras leyes migratorias pueden desalentar tanto a trabajadores esenciales como a inversionistas latinoamericanos, especialmente porque Florida no es vista como un lugar hospitalario para los inmigrantes.
Y es que Florida, bajo el gobierno del también republicano, Ron DeSantis, ha aprobado medidas que endurecen significativamente la vida para los inmigrantes indocumentados en el estado.
En 2023, entró en vigor la Ley SB 1718, considerada por las mismas autoridades locales como una de las más restrictivas del país: requiere que las empresas verifiquen el estado inmigratorio de sus trabajadores en una base de datos federal, obliga a los hospitales a reportar si los pacientes son indocumentados, y prohíbe aceptar licencias de conducir emitidas por otros estados a inmigrantes indocumentados.
La aplicación de estas leyes ha ido acompañada de un aumento en las detenciones de inmigrantes en el sur de Florida. Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el Krome North Service Processing Center en el condado de Miami-Dade tenía una población diaria promedio de 909 inmigrantes detenidos al 2 de septiembre de 2025.
Además, Florida alberga uno de los centros de detención más controversiales del sistema migratorio estadounidense: el llamado “Alligator Alcatraz”, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones de hacinamiento extremo, aislamiento prolongado y maltratos.
El programa EB-5 fue creado en 1990 con el objetivo de atraer inversión extranjera y generar empleos en Estados Unidos. Para obtener una visa, los inversionistas deben aportar al menos US$ 1 millón —o US$ 800.000 si el proyecto está en zonas rurales o con alto desempleo— y demostrar que su inversión generará al menos 10 empleos directos o indirectos.
En teoría, es un mecanismo en el que todos ganan: los empresarios obtienen una vía rápida hacia la residencia legal, y la economía local se beneficia de nuevos empleos y capital.
Santiago Vanegas, fundador del Grupo Habitat, una firma de proyectos de construcción y hospitalidad en Miami, celebró la posibilidad de que la ciudad se convierta en un “hub” de visas EB-5. Según dijo, sus proyectos podrían generar hasta 400 empleos, permitiendo la emisión de 40 visas por desarrollo en los sectores de la construcción y la hospitalidad.
Sin embargo, el programa EB-5 no está exento de críticas. De acuerdo con Chishti, uno de los problemas más persistentes es la “falta de supervisión efectiva” sobre los resultados que prometen los inversionistas.
“No está claro si, a largo plazo, estos empleos realmente se están creando”, afirmó. “Después de recibir la residencia temporal y luego la permanente, los inversionistas no tienen ninguna obligación adicional. En muchos casos, los empleos pueden ser inflados o incluso inexistentes”.
El programa permite que los fondos de varios inversionistas se agrupen a través de centros regionales, lo que facilita el financiamiento de proyectos grandes. Pero esto también “dificulta la trazabilidad y supervisión” de los empleos generados, de acuerdo con el experto.
Aunque un estudio de 2019 muestra que cada inversionista EB-5 genera, en promedio, 47 empleos, Chishti advierte que ese número es solo un promedio.
“No significa que cada inversionista EB-5 esté creando 47 empleos. Por lo tanto, existe cierta especulación y evidencia de fraude y tergiversación en el programa, lo cual ha generado críticas al programa con el tiempo”, dijo.
Otro punto de crítica es el perfil socioeconómico de los beneficiarios. Chishti señala que el programa puede percibirse como una puerta exclusiva para los más ricos, lo que genera resentimiento entre residentes locales.
“No solo no se crean los empleos prometidos en todos los casos, sino que la llegada de inversionistas extranjeros a menudo encarece los alquileres y el precio de bienes raíces. Eso afecta directamente a la población local”, explicó.
Además, “para muchos millonarios latinoamericanos, el programa EB-5 no es tan atractivo como parece”, dice el experto. Obtener la residencia estadounidense implica pagar impuestos sobre ingresos globales, algo que muchos empresarios prefieren evitar.
“Los ricos no quieren una green card si eso significa pagar impuestos en Estados Unidos sobre todo lo que ganan en sus países”, dijo Chishti. “Ellos ya pueden entrar al país con visas de turismo o negocios. No necesitan vivir aquí ni asumir esa carga fiscal”.
Por eso, dice el experto, el EB-5 ha sido más popular entre inversionistas de India y China, donde los procesos migratorios tradicionales están más restringidos. Para ellos, el EB-5 representa una vía rápida para que sus hijos accedan a educación o residencia permanente en Estados Unidos. No es necesariamente el caso de muchos latinoamericanos, que tienen más alternativas migratorias disponibles, según Chishti.
A pesar de los esfuerzos del alcalde Suárez, el futuro del programa EB-5 en Florida es incierto. El propio presidente Donald Trump —quien ha prometido llevar a cabo deportación masivas— ha planteado la creación de una “tarjeta dorada”: un permiso de residencia para quienes inviertan más de US$ 5 millones, sin la obligación de generar empleos.
“La señal es confusa”, advierte Chishti. “Cuando el propio presidente no apoya del todo el EB-5 y propone alternativas más simples para los más ricos, ¿por qué alguien se comprometería con este programa?”.
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