Cesar, titular de una green card y estudiante de la Universidad de Georgetown en Washington, nunca pensó que necesitaba llevar consigo una prueba de que tenía permiso para estar en Estados Unidos.
Pero eso cambió la semana pasada, cuando la Corte Suprema allanó el camino para que la etnia de una persona sea al menos un factor parcial detrás de las detenciones migratorias por parte de las fuerzas del orden.
“Ahora tengo que llevarla encima todo el tiempo”, sostiene.
“Y eso da mucho miedo, porque si la pierdo, hay todo un proceso diferente, tarifas y consecuencias”, apuntó Cesar, quien habló con CNN bajo condición de que solo se usara su nombre.
Desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, los grupos de defensa de los inmigrantes han recomendado que los migrantes, los titulares de green cards y los ciudadanos estadounidenses que no son blancos lleven sus documentos como protección adicional para no quedar atrapados en redadas de inmigración.
Fue una petición ardua para personas como Cesar que temían perder los papeles que demostraban que estaban legalmente en Estados Unidos, y las tarifas, las largas esperas y la posible persecución que podrían conllevar si eso sucedía.
El cálculo es diferente tras el fallo de la Corte Suprema del 8 de septiembre, que permite a la Administración Trump continuar con lo que los críticos describen como patrullajes migratorios “ambulantes” en California, según inmigrantes y activistas.
Temen que esta decisión fomente la discriminación racial indirecta y permita a los agentes federales emitir juicios indeterminados sobre quiénes consideran que pueden o no pertenecer al país.
Otras personas que hablaron con CNN destacaron la complicada historia de la denunciada discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, desde las políticas de parar y registrar en varias ciudades importantes del país hasta la vigilancia del Gobierno contra mezquitas y musulmanes poco después de los ataques del 11 de septiembre.
El fallo, indicó Cesar, “confirma lo que ya habíamos notado. Simplemente lo puso por escrito”.
En su fallo de emergencia, el tribunal de mayoría conservadora rechazó los veredictos de tribunales inferiores que decían que partes de las operaciones de inmigración de Trump en el sur de California —que en algunos casos involucraban agentes de Inmigración y Control de Aduanas armados y enmascarados que apartaban a personas que parecían latinas para preguntarles si eran ciudadanos estadounidenses— violaban los derechos de la Cuarta Enmienda.
Esas sentencias, ahora revocadas, prohibían al Gobierno detener a personas para preguntarles su estatus basándose únicamente en cuatro factores: la raza de la persona detenida, si hablaba español o inglés con acento, su presencia en lugares frecuentados por inmigrantes, o su empleo en puestos habitualmente ocupados por indocumentados.
Si bien ese litigio solo abordó siete condados del sur de California, la decisión del tribunal podría interpretarse como una luz verde para ese tipo de detenciones en todo el país, especialmente en ciudades como Chicago, Washington y Boston, donde la Administración ha ordenado el aumento de la aplicación de las leyes de inmigración, y Memphis, donde Trump dice que desplegará la Guardia Nacional y personal policial de varias agencias federales.
Los abogados de inmigración, los inmigrantes que viven legalmente en EE.UU. y los ciudadanos estadounidenses no blancos ahora se preocupan de que actividades inocuas que no son indicativas de comportamiento ilegal (hablar español, realizar ciertos trabajos o parecerse a alguien de América del Sur o Central) se utilizarán como razones para que las fuerzas del orden los detengan y los interroguen.
“Esto va a afectar a todos, sin importar si son inmigrantes documentados o indocumentados, o si son ciudadanos”, manifestó Jennifer Bade, abogada de inmigración de Boston. “Estoy muy preocupada, porque esto nos convierte en una nación donde la apariencia y el lenguaje convertirán a todos en sospechosos”.
“Simplemente dio luz verde a la discriminación racial”, añadió.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, calificó la decisión de la Corte Suprema como una “victoria para la seguridad de los californianos y el estado de derecho”.
Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia, afirmó que las fuerzas del orden “no se detendrán y continuarán arrestando y expulsando a asesinos, violadores, pandilleros y otros inmigrantes ilegales delincuentes”.
Andrea, una venezolana residente en Washington y contratada por el gobierno, comentó: “Cualquiera que lea un libro básico de historia puede ver el peligro de esta decisión”. También pidió que CNN solo usara su nombre de pila.
“Esto convierte a la raza en sí, hablar español o parecer hispano en un pretexto para sospechar de cualquier cosa ahora”, se quejó. “Hoy es ser hispano y hablar español; mañana, ¿a qué otro grupo van a demonizar?”
Describió las precauciones adicionales que tomó en Washington, una ciudad que ha visto un aumento en el número de agentes federales y de la Guardia Nacional como parte de la ofensiva de Trump contra la delincuencia.
Recientemente, mientras caminaba por el National Mall con amigos, Andrea dijo: “Nos aseguramos de no hablar español”.
La Corte Suprema no proporcionó ningún análisis que explicara su decisión de revocar las sentencias de los tribunales inferiores. Sin embargo, en una opinión concurrente de 10 páginas, el juez Brett Kavanaugh escribió que, en los casos en que las fuerzas del orden detienen a inmigrantes legales, “el interrogatorio en esas circunstancias suele ser breve, y esas personas pueden quedar en libertad inmediatamente tras aclarar a los agentes de inmigración que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en Estados Unidos”.
También escribió: “Para ser claros, la etnicidad aparente por sí sola no puede generar una sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de este tribunal con respecto a las detenciones de inmigración, puede ser un ‘factor relevante’ cuando se considera junto con otros factores salientes”.
En junio, antes de intensificar las medidas de control migratorio en varias grandes ciudades estadounidenses, CNN ya había identificado varios casos de personas detenidas por el ICE a pesar de describirse como ciudadanos estadounidenses.
En un caso, un ciudadano detenido brevemente por una agencia federal de seguridad pública afirmó que le dijeron que se parecía a alguien que buscaban.
En otro, un ciudadano contó que agentes del ICE lo sujetaron contra una valla y le preguntaron en qué hospital había nacido, a pesar de que les había dicho tres veces que era ciudadano estadounidense.
Algunos dijeron que habían estado tomando precauciones durante meses, o desde que Trump asumió el cargo, que ahora sienten justificadas a la luz del fallo.
Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte, con sede en Los Ángeles, y ciudadano naturalizado, dijo que ha estado llevando consigo su prueba de ciudadanía estadounidense desde que comenzaron las redadas generalizadas de inmigración en esa ciudad en junio.
“Soy ciudadano estadounidense y llevo mi tarjeta de ciudadanía porque no sé si me van a detener en algún momento, si me van a hacer preguntas simplemente por ser moreno, por hablar español o porque también estoy defendiendo a los inmigrantes”, dijo. “Así que todos tememos lo peor, y así es la vida diaria aquí en Los Ángeles”.
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