El narcotráfico es un negocio complejo, que mueve unos US$ 650.000 millones al año a nivel mundial y responde, como cualquier negocio, a la ley de oferta y demanda, que establece que existe una relación directa entre la cantidad de mercancía que los productores quieren vender y que los consumidores están dispuestos a comprar.
En ese mercado mundial, el país con el mayor número de consumidores es Estados Unidos. Así lo sostuvo la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) que tuvo la información disponible en su portal hasta 2024 y decía que Estados Unidos era “el mayor consumidor de cocaína (enviada desde Colombia a través de México y el Caribe), heroína colombiana y marihuana y heroína mexicanas; gran consumidor de éxtasis y metanfetamina mexicana; menor consumidor de heroína de alta calidad del sudeste asiático; productor de cannabis ilícito, marihuana, estimulantes, alucinógenos y metanfetamina, además de ser un centro de lavado de dinero”.
El domingo 14 de septiembre Donald Trump defendió el hundimiento de una lancha en aguas del Caribe. Lo anunció con un video en su red social, otro elemento de la producción de su reality sobre su defensa de los estadounidenses de un enemigo externo.
“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE.UU.”, dijo en una publicación de su red Truth Social.
Un día antes, EE.UU. había atacado otra lancha bajo circunstancias similares y con otro video, como el primero, carente de información verificable y con crecientes dudas sobre la legalidad de esas acciones. Este martes, Trump dijo que en total fueron tres las lanchas atacadas hasta el momento, presuntamente por traficar drogas. “Lo que es ilegal son las drogas que iban en el bote y las drogas que son enviadas a nuestro país. Lo que es ilegal es el hecho de que 300 millones de personas murieron por las drogas el año pasado”, argumentó.
El presidente no especificó si esas muertes fueron en Estados Unidos, lo que sería imposible, ya que la población del país es de 342 millones de personas y no, el 88% de ellos no murieron el año pasado por las drogas. La cifra oficial más reciente es de 2023; según los Institutos Nacionales de Salud, más de 105.000 personas murieron por sobredosis ese año, o el 0,03% de la población estadounidense. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 por lo menos 600.000 personas murieron por el uso de drogas en el mundo. Estados Unidos también encabeza el listado.
El primer día de su segundo mandato, Trump emitió un decreto para designar organizaciones extranjeras como terroristas y establecer como política oficial la “eliminación total de su presencia en Estados Unidos y su habilidad de amenazar el territorio y seguridad de Estados Unidos a través de sus estructuras de comando y control extraterritoriales”. Con esto, allanó el camino para hacer lo que se vio estas semanas: atacar, según él mismo aseguró, tres lanchas en aguas internacionales en el Caribe.
Esa política se une a décadas de trabajo con países de la región. En 1986, durante el Gobierno de Ronald Reagan, surgió el proceso de certificación, mediante el que Estados Unidos determina si los demás países han colaborado plenamente en la lucha antidroga. Si aprueban, todo sigue igual; si reprueban, como acaba de ocurrir con Bolivia, Colombia y Venezuela, EE.UU. puede suspender la asistencia extranjera e imponer otras sanciones. En esta oportunidad, al menos de momento, la Casa Blanca descertificó a los tres países, pero mantuvo la asistencia por considerarla vital para los intereses de Estados Unidos.
Un tema del que se habla poco es de la responsabilidad de Estados Unidos como el mayor mercado para las drogas ilícitas. Ese consumo es generado por unos 40 millones de estadounidenses, casi el 12% de la población, quienes, en 2020, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas del Departamento de Salud, padecían un desorden por uso de sustancias. Sin embargo, solo 6,5% de ellos, 2.600.000, recibe tratamiento para su adicción. Es decir que los recursos se han destinado a la guerra contra las drogas, pero la prevención del consumo ha sido menos prioritaria.
En marzo, el presidente Trump anunció que, tras conversar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzaría una campaña para reducir el consumo de fentanilo, inspirada en la que fue implementada ese país. En abril incluso replicó uno de los anuncios en su red social, pero a la fecha la campaña no ha sido implementada
A Mike LaSusa, subdirector de contenido de InSight Crime, centro de estudios sobre el crimen organizado basado en Washington, no le sorprende la estrategia del Gobierno de Trump contra Venezuela. Lo ve como una extensión de la política que Estados Unidos implementa contra Caracas desde hace tiempo. Sí le llaman la atención los ataques contra lanchas en aguas internacionales: “Son literalmente contra lo más básico, el primer enlace en la cadena; sorprende que fueran contra blancos tan insignificantes de esta economía ilícita, pero siento que la política es una continuación”.
Mientras Caracas anuncia ejercicios militares y el Comando Sur de EE.UU. publica imágenes en redes de entrenamientos de desembarco en las playas de Puerto Rico, LaSusa asegura que “no hay evidencia sólida que vincule al Gobierno venezolano con una política de Estado que busque lastimar a los ciudadanos estadounidenses o la sociedad estadounidense”. Agrega que “hay redes criminales que operan en Venezuela, que juegan un papel en el tráfico de drogas y algunos operan con complicidad de funcionarios estatales, pero las razones detrás de esto tienen más que ver con la política interna que con la geopolítica”.
Y esa política interna explicaría el despliegue militar en el Caribe. En campaña, Trump prometió ayudar a los venezolanos, pero su Gobierno derogó el estatus de protección temporal para por lo menos 600.000 personas, medida que está bajo disputa en los tribunales, renovó la licencia que permite la importación de petróleo venezolano, después de cancelarla y sigue enviando deportados a ese país, recibidos por el Gobierno de Maduro. Enviar buques, aviones e infantes de marina, le permite decir ante los medios que está haciendo algo, aunque las cosas sigan como han estado desde hace años.
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