La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un informe que documenta un aumento “sin precedentes” en la detención de personas extranjeras en Venezuela, muchas de ellas presuntamente mantenidas en incomunicación por largos períodos, en el marco de la represión poselectoral que comenzó con las protestas tras los comicios presidenciales de julio de 2024 y, asegura, ha continuado en 2025.
Durante la presentación del informe este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la experta argentina de la Misión de la ONU Patricia Tappatá precisó que se ha investigado la detención en el último año de entre 120 y 150 extranjeros. Entre ellos se han documentado 84 casos de ciudadanos de treinta países, incluidos varios estadounidenses y veinte españoles (16 de ellos con doble nacionalidad).
CNN contactó al Ministerio de Comunicación y a la Fiscalía General de Venezuela para pedir comentarios sobre las conclusiones del informe y está en espera de respuesta. A principios de 2025, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que al menos 125 extranjeros catalogados de “mercenarios” por las autoridades venezolanas habían sido detenidos en el país por su presunta participación en “acciones de desestabilización”.
En una mayoría de casos los detenidos, según la Misión de la ONU, son puestos bajo un “estricto régimen” de incomunicación y sufren la negación de la asistencia legal y consular o graves trabas para recibirla.
Tappatá dijo que se ha observado que uno de los motivos centrales para la detención de extranjeros es “extorsionar” y ejercer presión sobre sus gobiernos.
“Estamos viendo la profundización… la agudización de la represión en su faceta más dura, con nuevos elementos de hostigamiento contra individuos, familias y países, y que no son casos esporádicos”, sostuvo.
Las detenciones de personas extranjeras que denuncia el informe se suman a las al menos 200 nuevas detenciones documentadas por la Misión en 2025, dirigidas contra voces críticas del Gobierno, opositores o personas percibidas como tales.
Aunque las autoridades excarcelaron progresivamente a 2.006 de los 2.220 detenidos durante las protestas postelectorales de 2024, según la ONU, la represión no cesó y continuó con acciones selectivas y arbitrarias.
El informe también revela que al menos 25 personas murieron en las protestas que ocurrieron entre el 29 y 30 de julio de 2024, 12 de ellas presuntamente a manos de fuerzas de seguridad. La Guardia Nacional y el Ejército habrían disparado contra manifestantes en Maracay y seis personas murieron, incluyendo una víctima que fue alcanzada por una escopeta a corta distancia, según el informe.
El presidente de Venzuela, Nicolás Maduro, ha negado previamente que las fuerzas de seguridad del estado sean responsables de asesinatos en el contexto de protestas electorales y ha atribuido, sin evidencia, esas muertes a grupos de oposición que reciben apoyo de Estados Unidos, que a su vez también responsabiliza al gobierno.
Además, la ONU investiga la muerte bajo custodia de cinco personas, dos de las cuales habrían sido privadas de atención médica.
La Misión advierte que el sistema judicial venezolano no actúa con independencia y que la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional. En ese sentido, el comisionado Francisco Cox, un jurista chileno, animó en la presentación del informe a que se pongan en movimiento los mecanismos jurisdiccionales internacionales para hacer justicia a las víctimas en Venezuela.
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