La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó este miércoles que trasladó fuera del país su personería jurídica ante “la necesidad urgente de trabajar sin limitaciones ni presiones” en la nación centroamericana.
La organización explicó en un comunicado que la decisión pasa por las “restricciones y desafíos” en el espacio cívico salvadoreño, derivadas de “normativas restrictivas vigentes”, en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en mayo y que también ha motivado la salida de otros grupos civiles de derechos y críticos con el Gobierno de Nayib Bukele.
La APES reportó que entre el 1 de enero y el 9 de junio, 43 periodistas salieron del país y que muchos de ellos no regresaron “por temor a ser detenidos bajo cualquier justificación espuria como ha sucedido con algunos defensores de derechos humanos”. Por ello, advirtieron que hay un riesgo inmediato para el país de experimentar un “apagón informativo” por la falta de profesionales independientes.
La asociación había anunciado semanas atrás el cierre de sus oficinas en el país “debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la ley. CNN solicitó comentarios al Gobierno de El Salvador por los señalamientos y espera respuesta.
La legislación, impulsada por Bukele y aprobada con 56 de 60 votos en el Congreso, establece un impuesto del 30 % a las transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior. Además, fijó un plazo a las ONG hasta el 4 de septiembre para registrarse ante el Ministerio de Gobernación, y de no hacerlo, no podrán operar y enfrentarán multas que van desde los US$ 100.000 hasta los US$ 250.000.
El marco legal ha impulsado una sucesión de cierres de organizaciones civiles.
En septiembre, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución tras casi 33 años de existencia, “ante el cierre del espacio cívico” y la aprobación de la ley.
También la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad) comunicó recientemente su cierre debido a la ley, señalando que “genera inseguridad jurídica” y vuelve “insostenible financieramente a cualquier institución” que no sea excluida del pago establecido.
Por su parte, en julio la organización de derechos humanos Cristosal suspendió sus actividades en El Salvador por lo que consideró hostigamiento y represión del Gobierno hacia los defensores de derechos humanos. Cristosal hizo el anuncio tras la detención de la abogada y activista Ruth López bajo acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito que ella ha rechazado. CNN solicitó comentarios a la Presidencia de El Salvador sobre los señalamientos de Cristosal, pero no recibió respuesta.
Un grupo de organizaciones sociales pidieron en julio a la Corte Suprema declarar inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros y emitir una medida cautelar que suspenda la entrada en vigor. La Sala de lo Constitucional no se pronunció y no tiene un plazo específico para determinar si admitirá para estudio esta demanda.
Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas han rechazado las críticas y aseguraron que la legislación solo busca transparentar los intereses de los donantes.
A finales de julio, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está “deteriorado”. En tanto, Amnistía Internacional señaló que “El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil”.
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