Justo antes de que la Corte Suprema emitiera su última serie de opiniones al final de su último período, en junio, el presidente de la Corte, John Roberts, subió al escenario en Washington y elogió las virtudes de tomarse las cosas con calma.
Les dijo a los presentes que las vacaciones del verano boreal de la Corte Suprema no eran solo un descanso para los jueces; también les daba tiempo para calmarse de los enfrentamientos que surgieron en las últimas semanas del período, de modo que pudieran regresar en otoño listos para enfrentar nuevas controversias, sin el equipaje del pasado.
“Ese descanso”, dijo el presidente de la Corte en ese momento, “es fundamental para mantener un equilibrio nivelado”.
Los nueve jueces retomarán sus asientos detrás de su banco de caoba el lunes para comenzar un nuevo período trascendental después de un verano que no fue nada pacífico. Durante los últimos tres meses, la Corte se vio obligada repetidamente a resolver importantes casos de emergencia relacionados con el presidente Donald Trump, a menudo con disensos enfáticamente redactados que se parecían más al rencor y el resentimiento que al descanso y la relajación.
Ahora la Corte se embarca en un nuevo período que llevará a los jueces a enfrentamientos políticos de alto riesgo aún mayores con Trump, en disputas de guerras culturales sobre jóvenes transgénero y con un caso que ha amenazado una disposición clave de la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965.
Mientras los jueces trabajan durante los próximos nueve meses en su marcha hacia junio, tendrán que manejar una tensión extraordinaria que ha surgido con algunos jueces de tribunales inferiores. Mientras tanto, las encuestas indican que el público estadounidense está profundamente dividido con respecto a su labor.
Una encuesta reciente de Gallup mostró que el 79 % de los republicanos aprueba a la Corte Suprema, en comparación con solo el 14 % de los demócratas.
Irv Gornstein, director ejecutivo del Instituto de la Corte Suprema en el Centro de Derecho de Georgetown, advirtió este mes que si las divisiones ideológicas de 6-3 tan prevalentes durante el verano en casos de emergencia persisten en los principales recursos de fondo este año, “nos espera uno de los periodos más polarizantes hasta ahora”.
Dado el torbellino legal y político que ha rodeado la segunda administración de Trump, no fue una sorpresa que la Corte Suprema concluyera su último período en junio con una decisión importante que tocaba su poder.
Una mayoría de 6-3 eliminó una vía que los tribunales inferiores han utilizado durante años para bloquear temporalmente las políticas presidenciales, una opinión que puso en evidencia los conflictos de fin de período que pueden surgir en la Corte.
La jueza Ketanji Brown Jackson, miembro del ala liberal de tres jueces, utilizó su disenso para acusar a la mayoría conservadora de fomentar una “cultura de desprecio por los tribunales inferiores” y de “facilitar nuestra desaparición colectiva”. La jueza Amy Coney Barrett, la conservadora autora de esa opinión mayoritaria, respondió aludiendo directamente a Jackson, acusándola de adoptar una “sorprendente línea de ataque” que, según ella, no estaba ligada “a ninguna doctrina en absoluto”.
Con ese cruce de posiciones aún fresco, la Corte ahora se enfrenta a tres casos principales relacionados con el presidente.
El próximo mes escuchará argumentos sobre un desafío a la autoridad del presidente para imponer aranceles globales generalizados.
Esa apelación siguió a una decisión dividida durante el verano de un tribunal federal de apelaciones en Washington que determinó que Trump se excedió en sus atribuciones al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer muchos de esos aranceles. El poder de imponer impuestos, incluidos los aranceles, es “un poder central del Congreso” que la Constitución dejó al Poder Legislativo, según dictaminó la corte de apelaciones.
Más adelante este año y a principios del próximo, la Corte avanzará en los argumentos de un par de casos que desafían el despido, por parte del presidente, de los líderes de agencias gubernamentales independientes, incluida la poderosa Reserva Federal.
Trump despidió a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a finales de agosto después de que un miembro de su administración alegara que cometió fraude hipotecario al declarar dos viviendas distintas como su residencia principal. Cook ha calificado esos cargos de “fabricados” y los ha enmarcado como un pretexto para que Trump afirme su control sobre una entidad que durante mucho tiempo desdeñó.
En diciembre, la Corte también escuchará el caso de un exmiembro de la Comisión Federal de Comercio que Trump despidió en marzo. Esa apelación, en particular, prepara una oportunidad para que la Corte revoque un precedente de la era de Franklin D. Roosevelt que permitió al Congreso proteger a las agencias independientes de los caprichos de la Casa Blanca.
Ha habido señales durante años de que la mayoría conservadora está lista para dar ese paso.
Barrett, quien pasó gran parte de septiembre recorriendo el país para promocionar un nuevo libro, fue interrogada repetidamente en eventos públicos sobre su enfrentamiento con Jackson. Y ella dio repetidamente la misma respuesta: Su ataque se centró en las ideas de la jueza más joven, no en ella como persona.
Por su parte, Jackson no ha dejado de criticar a la Corte.
“Una vez más renunciamos a la moderación”, escribió en un disentimiento solitario el viernes, criticando a la mayoría por permitir que Trump pusiera fin a las protecciones temporales de deportación para aproximadamente 300.000 venezolanos. “Una vez más … permitimos que esta administración perturbe tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible”.
En algunos aspectos, el periodo que comienza el lunes se sentirá familiar al que terminó en junio: casos similares, pero con el potencial de mayor alcance. Eso es especialmente cierto en la cuestión de los derechos de las personas transgénero. En junio, una mayoría conservadora de 6-3 ratificó una ley de Tennessee que prohíbe la atención de afirmación de género para menores trans, un golpe significativo para la comunidad LGBTQ.
La Corte regresará inmediatamente a los temas de sexualidad y género de menores apenas un día después de volver a reunirse. El martes, la corte escuchará argumentos en una impugnación a una ley de Colorado que prohíbe la “terapia de conversión”, la desacreditada práctica que pretende “convertir” a personas homosexuales o transgénero. Esa ley está siendo impugnada por un consejero autorizado en el estado, quien afirma que las restricciones violan las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Aproximadamente 25 estados han aprobado prohibiciones similares para profesionales autorizados de la salud mental que intentan “convertir” a personas homosexuales.
Patrick Jaicomo, un abogado principal del Instituto para la Justicia, de tendencia libertaria, señaló que la Corte Suprema tenía ante sí varios casos que trataban el tema del discurso profesional, pero con hechos menos controvertidos. En vez de tomar uno de esos, la Corte seleccionó el caso transgénero.
“Pienso que existen instancias en las que la Corte innecesariamente se involucra en temas de guerra cultural cuando podría tratar estos asuntos de una manera mucho más moderada”, dijo Jaicomo.
A principios del próximo año, la Corte se enfocará en la cuestión de si los estados pueden prohibir que estudiantes transgénero jueguen en equipos deportivos que correspondan con su identidad de género. Los jueces han aceptado revisar dos casos que impugnan prohibiciones estatales a los deportes para trans, incluido uno de una alumna que pasaba a sexto grado en el momento en que se promulgó una de las prohibiciones.
Los tribunales inferiores han permitido temporalmente que esa estudiante, una niña transgénero, participe en equipos femeninos de deportes.
Y en noviembre, la Corte escuchará argumentos—por segunda vez—sobre la redistribución de distritos congresionales en Louisiana. En el último día de su periodo anterior, la Corte tomó la decisión poco común de posponer el caso para poder revisar más a fondo una acusación de manipulación racial de distritos electorales. Durante el verano, la Corte replanteó la pregunta en el caso—ampliando el alcance de la apelación de una manera que indica que algunos jueces al menos están considerando eliminar las protecciones legales para los votantes minoritarios.
“Mucho está en juego”, dijo Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos de Voto de la ACLU, que representa a un grupo de votantes afroestadounidenses en el caso. Sin la disposición vigente para la redistribución de distritos, dijo, “no habrá control—o muy pocos controles—sobre deshacer todo el progreso logrado desde 1965”.
Incluso cuando la Corte Suprema se ocupa de su calendario regular este mes—en el que escucha argumentos orales y emite opiniones importantes—continuará manejando simultáneamente una avalancha de solicitudes de emergencia a contra reloj, muchas de ellas relacionadas con la administración Trump.
Horas después de que termine su primer conjunto de argumentos, el lunes, el tribunal recibirá informes sobre la solicitud de emergencia de Trump para permitir que el Departamento de Estado limite los marcadores de sexo en los pasaportes para personas transgénero y no binarias. Podría decidir qué hacer con esa política a corto plazo tan pronto como esta semana.
La administración Trump ha presentado ocho apelaciones de emergencia ante el alto tribunal desde que los jueces abandonaron el estrado a fines de junio. Los jueces han apoyado a Trump en seis de ellas y postergaron otra para escuchar argumentos. Una –relacionada con los pasaportes– sigue pendiente. Desde que Trump regresó al poder, la administración ha ganado el 86 % de los casos de emergencia que ha presentado. En contraste, el presidente Joe Biden ganó aproximadamente la mitad de sus apelaciones de emergencia.
“Esto es jurisprudencia de Calvinball con un giro”, escribió Jackson en agosto cuando la Corte permitió que la administración Trump suspendiera cerca de US$ 800 millones en subvenciones para investigaciones. “Calvinball tiene solo una regla: no hay reglas fijas. Parece que nosotros tenemos dos: esa, y que esta administración siempre gana”.
Muchos de los casos han provocado opiniones mordaces, como la de Jackson en el caso de investigación, que subrayan que los jueces, incluso cuando se van de Washington por el verano, ya no pueden escapar del calor.
La jueza Elena Kagan, integrante del ala liberal de la Corte, lamentó el cambio en un evento el verano pasado, un año antes de que el número de casos se disparara exponencialmente.
“Nuestros veranos solían ser realmente veranos”, dijo Kagan a un grupo de jueces y abogados reunidos en California. “La presentación implacable de estas solicitudes de emergencia hace que ya no sea el caso”.
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