Miembros de la Guardia Nacional de Texas han sido desplegados en el área metropolitana de Chicago, informó un funcionario este miércoles por la noche, mientras los abogados se preparan para audiencias judiciales críticas sobre las tropas federalizadas a 3.200 kilómetros de distancia unas de otras en medio de una batalla en curso entre el presidente Donald Trump y las ciudades lideradas por los demócratas.
El Gobierno de Trump vincula los despliegues planeados en Chicago y Portland (Oregon) a protestas cada vez más tensas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), además de citar el tiroteo en una instalación de ICE en Dallas, donde murieron dos detenidos. Trump calificó el hecho como un ataque contra las fuerzas del orden.
El presidente intensificó este miércoles sus críticas contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador demócrata J. B. Pritzker, quienes el fin de semana calificaron la movilización de la Guardia Nacional como “la invasión de Trump”.
“El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE. ¡El gobernador Pritzker también!”, escribió Trump en Truth Social.
Ambos funcionarios respondieron en la mañana de este miércoles a las críticas en X y, más tarde, el alcalde dijo a Pamela Brown de CNN : “Ciertamente, no es la primera vez que Donald Trump pide el arresto injusto de un hombre negro”.
“No me voy a ir a ningún lado”, agregó. “Voy a mantenerme firme como alcalde de esta increíble ciudad”.
Mientras tanto, Pritzker escribió en X que no piensa ceder: “Trump ahora pide el arresto de representantes electos que supervisan su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?”.
“Agentes enmascarados ya están llevándose personas de la calle”, añadió el gobernador. “Separando niños de sus padres. Generando miedo”.
El compromiso de Trump con la opción militar se ha evidenciado no solo en los tribunales, sino también en los frecuentes viajes aéreos de miembros de su Gobierno. El director del FBI, Kash Patel, y el secretario adjunto de Justicia, Todd Blanche, hicieron una breve visita a Chicago el martes, al mismo tiempo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, volaba a la oficina de ICE en Portland.
Noem visitó la instalación del Servicio de ICE en Chicago la semana pasada, poco después de que varios funcionarios del gabinete realizaran una conferencia de prensa en Memphis, Tennessee, destacando el próximo despliegue de la Guardia Nacional allí.
Si los casos judiciales pendientes que desafían los despliegues no resultan a favor de Trump, el presidente dijo que podría anularlos invocando la Ley de Insurrección, que permite el despliegue de militares en Estados Unidos en determinadas situaciones; es la mayor excepción legal a la Ley Posse Comitatus, que generalmente prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas dentro del país para propósitos de aplicación de la ley interna.
“Si tuviera que implementarla, lo haría”, dijo Trump el lunes. “Si estuvieran matando a las personas y los tribunales nos estuvieran retrasando, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran retrasando, claro que lo haría”.
Antes de ser enviadas a una misión de protección, las tropas de la Guardia Nacional reciben entrenamiento en desescalada, control de multitudes y las reglas vigentes para el uso de la fuerza, dice el Comando Norte de Estados Unidos en su sitio web.
Los miembros de la Guardia Nacional están en sus misiones específicamente para apoyar las funciones, el personal y la propiedad federales, lo que puede incluir el control de multitudes y el establecimiento de perímetros de seguridad, según informó el Comando Norte. Los militares no arrestarán a manifestantes, ya que se trata de una actividad policial, añadió.
Así están los despliegues de la Guardia Nacional actualmente:
Se dice que la naturaleza aborrece el vacío, y el vacío producido por la decisión de una jueza federal de evitar un fallo inmediato sobre si bloquear los despliegues del presidente en Chicago es rápidamente llenado por cientos de efectivos de la Guardia Nacional que llegan a los centros de entrenamiento locales.
El presidente autorizó a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois para servicio activo en Chicago, y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ofreció otros 400 de su estado.
Según un informe del Comando Norte el miércoles, 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y 200 de Texas fueron activados bajo el Título 10 y ya se encuentran en el área de Chicago. Miembros de la Guardia Nacional de Texas estuvieron en un centro de entrenamiento suburbano el martes. El Comando Norte informó que los efectivos reciben capacitación en desescalada y control de multitudes.
La jueza del Tribunal de Distrito, April Perry —nombrada para el cargo el año pasado por el presidente Biden— dijo a ambas partes a principios de esta semana que necesitaba más tiempo para asimilar los complejos temas legales que rodean estos despliegues.
Ambas partes tienen hasta el final de este miércoles para presentar sus argumentos escritos a Perry, con una audiencia programada para la mañana del jueves. La administración Trump presentó este miércoles una respuesta solicitando permiso para presentar un escrito más extenso de lo habitual.
Un grupo de 26 exgobernadores de todo el país presentó un escrito en apoyo de la orden temporal que suspende el despliegue de la Guardia Nacional en el área, alegando que “solo exacerbaría las tensiones en Chicago”.
“La afirmación del presidente de tener autoridad para desplegar militares en territorio nacional a su discreción, sin la cooperación ni coordinación con las autoridades estatales, amenaza con alterar el delicado equilibrio de poder estatal y federal que sustenta nuestro orden constitucional”, señala el documento.
Un grupo de exsecretarios del Ejército y la Marina y almirantes y generales retirados de cuatro estrellas también presentaron una breve advertencia de que, si bien hay circunstancias excepcionales que requieren una intervención militar, los despliegues nacionales que no se adhieren a los “límites establecidos desde hace mucho tiempo” conllevan riesgos, entre ellos la politización de las fuerzas armadas, la desviación del personal militar de sus misiones principales de entrenamiento para las guerras y la protección de las comunidades después de los desastres, y la colocación de las tropas en situaciones para las que no están entrenadas.
Mientras tanto, un grupo de 18 fiscales generales republicanos presentó un escrito en apoyo a la administración Trump, diciendo que no permitir el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a los agentes de ICE “tiene un costo inmenso para los estados”.
El alcalde de Chicago manifestó que la policía local que intenta mantener el orden se encuentra en una posición difícil.
“El presidente de Estados Unidos está literalmente enfrentando a las fuerzas del orden entre sí”, dijo Johnson durante una conferencia de prensa el martes.
Este miércoles, dijo a CNN: “Lo que estamos viendo es una escalada total por parte de estos agentes federales”.
“Siempre supimos que enviar a los agentes federales era un pretexto para la Guardia Nacional”, dijo Johnson. “Su objetivo final es enviar militares a las ciudades estadounidenses”.
Mientras la batalla legal continúa, los efectos se sienten en toda la ciudad. Un partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, programado originalmente para la próxima semana en Chicago, fue trasladado a Florida debido a las crecientes tensiones migratorias, dijo una fuente a The Associated Press el miércoles.
Los pasos deliberativos de la jueza de Illinois contrastan con el rápido avance del caso similar en Portland.
La jueza Karin Immergut—nombrada por Trump y quien una vez formó parte de la investigación Starr sobre el presidente Bill Clinton—bloqueó casi de inmediato la convocatoria de Trump para el despliegue de la Guardia Nacional de Oregon el sábado.
Cuando la Casa Blanca respondió movilizando militares federalizados de la Guardia Nacional de California en Portland el domingo, Immergut amplió su fallo para detener todos los despliegues de la Guardia Nacional en Oregon.
El caso ahora se traslada al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, al que la Casa Blanca ha pedido que suspenda la orden de Immergut y permita el despliegue.
Se ha programado una audiencia para el jueves ante un panel de tres jueces: dos nombrados por Trump y uno nombrado por Clinton, quien anteriormente fue juez en la Corte Suprema de Oregon.
Mientras que el despliegue de militares en Portland ha sido bloqueado por una jueza, el despliegue planeado en Memphis está siendo retrasado por motivos prácticos.
“La Guardia Nacional de Tennessee debería llegar en los próximos días o en la próxima semana aproximadamente”, dijo el alcalde demócrata Paul Young a WATN, filial de CNN, el martes.
No se ha revelado el papel exacto que desempeñarán los militares de la Guardia Nacional de Tennessee, desplegados en Memphis por el gobernador republicano Bill Lee.
Un gran grupo de agentes federales ya se encuentra en la ciudad como parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad de Memphis. El grupo realizó 386 arrestos en poco más de una semana, de acuerdo con cifras del Departamento de Justicia publicadas este miércoles, y más de 200 fueron clasificados como “detenciones por órdenes” o “administrativas”. Se realizaron dos arrestos en casos de homicidio.
El liderazgo político demócrata del alcalde ha estado en desacuerdo con el Gobierno de Trump y los líderes estatales republicanos sobre la necesidad de la intervención federal, pero Young dijo que están cooperando.
“Fue una decisión del gobernador y del presidente, y como alcalde de la ciudad, es mi trabajo asegurarme de que todo esté bien coordinado dentro de nuestra comunidad”, manifestó a WATN.
Haley Britzky de CNN contribuyó a este informe.
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