La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo este viernes que su caso penal debe ser desestimado porque es producto de la venganza personal de años del presidente Donald Trump en su contra.
Los abogados de James presentaron una moción para desestimar la acusación de dos cargos relacionada con una hipoteca de 2020, señalando que se trata de una persecución tanto selectiva como vengativa.
“La conducta del Gobierno aquí ha ofendido el núcleo mismo de los principios de debido proceso y protección igualitaria al transformar el Departamento de Justicia en los agentes personales de venganza del presidente”, escribieron sus abogados. “El único remedio que puede reivindicar los derechos de la fiscal general James es la desestimación con perjuicio, ya que la investigación y el Departamento de Justicia están demasiado contaminados por una motivación inconstitucional para presentar estos cargos de manera justa contra la fiscal general James”, añadieron.
Los abogados de James adjuntaron más de 350 declaraciones públicas, publicaciones en Truth Social y otros comentarios que Trump ha hecho sobre James en los últimos seis años. También se incluyeron otras dos decenas de declaraciones de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, del director del Grupo de Trabajo de Instrumentalización del Departamento de Justicia, Ed Martin, y de otros funcionarios.
Sus abogados señalaron que, si el juez no desestima la acusación, debe permitirles explorar su reclamo ordenando la presentación de pruebas y programar una audiencia.
James fue acusada el mes pasado de un cargo de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y un cargo de fraude bancario. Los fiscales alegan que recibió una mejor tasa de interés en una casa en Norfolk, Virginia, al declarar falsamente que era una segunda vivienda y no una propiedad de inversión. James ha calificado los cargos de “infundados” y se ha declarado inocente. Una persona familiarizada con la casa dijo que la sobrina nieta de James ocupa la vivienda y no paga alquiler.
James también está impugnando por separado la legalidad del nombramiento de Lindsey Halligan como la fiscal general para el Distrito Este de Virginia. Halligan fue seleccionada directamente por Trump para ocupar el puesto después de que la fiscal general anterior renunció bajo presión de Trump para presentar el caso contra James a pesar de las dudas sobre su validez. Un juez escuchará los argumentos orales la próxima semana sobre ese recurso, junto con una impugnación similar de otro enemigo acusado por Trump, el exdirector del FBI James Comey.
James y Trump tienen una larga historia de enemistad. Ella hizo campaña para ser fiscal general de Nueva York prometiendo investigar los negocios inmobiliarios de Trump. Su oficina inició una investigación y presentó una demanda civil contra Trump, sus hijos mayores y la Organización Trump en 2022, alegando que se beneficiaron indebidamente al inflar el valor de propiedades para recibir mejores tasas en préstamos y seguros. Trump testificó durante el juicio civil.
Un juez estatal declaró responsable a Trump y le ordenó pagar más de US$ 350 millones más intereses. Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó la responsabilidad, pero anuló la sentencia por considerarla “excesiva”. Tanto Trump como James están apelando.
Son las reacciones de Trump a la investigación —sus reiteradas declaraciones de que James debe ser investigada y procesada— las que sus abogados destacan para sustentar su moción.
“El Ejecutivo ha gritado seis años de evidencia directa de auténtica animosidad a través de un megáfono”, escribieron los abogados de James. “El presidente y el Departamento de Justicia no pueden esconderse detrás de la señora Halligan para ocultar su participación en la acusación contra James”.
También argumentaron que se trata de una persecución selectiva indebida porque el Departamento de Justicia no ha “investigado a varios funcionarios presidenciales con prácticamente los mismos problemas hipotecarios o de residencia que se alegan en la acusación”.
James también busca anular una citación en una investigación separada del Departamento de Justicia que examina posibles violaciones de derechos civiles por parte de su oficina durante la investigación sobre Trump y la Organización Trump. En ese caso, sus abogados argumentaron que la citación es represalia y fue emitida de manera inapropiada porque la fiscal federal del Distrito Norte de Nueva York, quien firmó la citación, está desempeñando el cargo de manera ilegal. El Departamento de Justicia ha defendido el nombramiento y la citación.
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