La campaña de represalias políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, acaba de dar dos pasos embarazosos hacia atrás y un salto gigante hacia adelante.
El colapso de los casos penales contra el exjefe del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, planteó dudas sobre la competencia del Departamento de Justicia después de que un juez dictaminara que la fiscal elegida por Trump fue nombrada ilegalmente en medio de procesamientos apresurados bajo presión política.
Pero la administración no perdió el ritmo tras su doble derrota del lunes. El Pentágono anunció rápidamente una investigación y un posible consejo de guerra contra el héroe de guerra, astronauta de la NASA y senador demócrata, Mark Kelly, por un video en el que él y sus colegas señalaron que los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen que obedecer órdenes ilegales.
Esto siguió a la afirmación de Trump, la semana pasada, de que Kelly y otros legisladores demócratas en el video, todos veteranos militares o de la Comunidad de Inteligencia, habían cometido sedición —incitación a la insurrección contra el Estado— lo que Trump dijo que era castigado con la muerte.
Trump no ha ocultado su determinación de usar el poder presidencial para procesar a sus oponentes en venganza por sus propios procesos penales, un pilar de su campaña presidencial de 2024. Pero el uso de de las Fuerzas Armadas para atacar a un adversario político cruza una nueva línea e implica la posibilidad de que la libertad de expresión de los veteranos pueda verse limitada si critican al comandante en jefe.
También marca una extensión del intento de Trump de utilizar las instituciones gubernamentales para convertir la justicia en un arma contra sus oponentes, un proceso que los casos de Comey y James demuestran que ya está avanzado en el Departamento de Justicia.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya ha destituido a oficiales superiores en un intento de formar un equipo que él cree leal al presidente y a su propia ética de discreción sin restricciones para los “combatientes”. También ha despedido a los principales asesores legales que cuestionaron la legalidad de las políticas de la administración, según informó CNN.
La extraordinaria posibilidad de que un capitán de la Marina retirado condecorado como Kelly pueda ser llamado de vuelta al servicio para ser procesado por la justicia militar amenaza con llevar el proceso aún más lejos.
“Lo que Trump quiere decir es: ‘Si puedo ir tras él, puedo ir tras cualquiera’”, dijo Paul Rieckhoff, fundador y CEO de Independent Veterans of America.
“Esto es cruzar el Rubicón”, dijo Rieckhoff a John Berman, de CNN, en “Anderson Cooper 360”. “La idea de que puedes hacer que [Kelly] vuelva al servicio activo y amenazarle con un consejo de guerra… es romper un cristal que nunca antes se había roto en las fuerzas militares modernas”.
Puesto que Kelly fue un oficial superior que se retiró de la Marina, está obligado por ley a permanecer disponible para ser llamado de nuevo al servicio militar. El Pentágono dijo que podría volver a integrarlo en el servicio para llevar a cabo un consejo de guerra o un castigo administrativo. No estaba claro de inmediato qué cargos potenciales podrían proceder contra Kelly, ya que su supuesto delito fue señalar un hecho: que los oficiales militares solo están obligados a seguir órdenes legales bajo el Código Uniforme de Justicia Militar.
Debe haber una considerable duda de que un caso contra Kelly llegue siquiera a la etapa de consejo de guerra, sobre todo porque una condena sentaría un precedente que permitiría que cualquier miembro retirado de las Fuerzas Armadas pudiera ser perseguido por el Gobierno indefinidamente por comentarios considerados como críticas a las acciones del presidente.
El video de legisladores demócratas ha generado debate sobre si estaban arrastrando innecesariamente a las Fuerzas Armadas a disputas políticas con un truco propio de campaña. Pero no ocurrió en un vacío. Trump ha ordenado el despliegue de reservistas e infantes de Marina estadounidenses en ciudades de EE.UU., en misiones que algunos jueces han bloqueado. Y muchos expertos creen que los ataques de la administración a las lanchas rápidas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico frustran el debido proceso y podrían violar la legislación estadounidense, internacional y la Constitución.
La estrategia política de Trump es clara. Con sus procesamientos contra Comey, James y ahora la investigación sobre Kelly, está usando el poder del Poder Ejecutivo para atacar a sus oponentes políticos. Estos son actos de un presidente que toma sus disputas políticas de manera profundamente personal y cree, erróneamente, que su cargo conlleva un Poder Ejecutivo ilimitado.
Algunos republicanos insisten en que sus objetivos son justos. Argumentan que algunos o todos los cargos criminales contra Trump, incluyendo por interferencia electoral, una condena por delito grave y problemas legales civiles, fueron ejemplos de la “guerra legal” demócrata y que él está justificado al responder.
Es válido debatir si algunos de los procesamientos tuvieron motivaciones políticas y la solidez de las teorías legales detrás de ellos. Pero Trump fue condenado por un jurado de sus pares en el caso de los pagos por silencio en Nueva York, y había pruebas sustanciales de que intentó anular el resultado de las elecciones de 2020. Trump negó cualquier delito en todos los casos en su contra.
Y las publicaciones del presidente en redes sociales revelan el sesgo político que impulsa. Los procesamientos contra Comey y James siguieron rápidamente a una publicación en redes sociales, que quizás pretendía ser privada, dirigida a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, exigiendo procesamientos. Y la noticia de la investigación sobre Kelly llegó días después de la arremetida de Trump en redes sociales contra los legisladores demócratas que hicieron el video.
Hegseth emitió un comunicado el lunes que parecía estar diseñado para captar la atención del presidente con su lenguaje exaltado. “El video hecho por los ‘Seis Sediciosos’ fue despreciable, imprudente y falso. Alentar a nuestros guerreros a ignorar las órdenes de sus Comandantes socava todo aspecto del ‘buen orden y disciplina’. Su insensato manifiesto siembra duda y confusión —lo que solo pone en peligro a nuestros guerreros”, escribió.
Los legisladores en el video no alentaron directamente al personal militar estadounidense a ignorar las órdenes de sus comandantes. Este argumento solo funcionaría si los comandantes emitieran una orden ilegal. El video señalaba que los miembros militares pueden o deben negarse a cumplir órdenes ilegales o aquellas que violen la Constitución.
La legalidad de una orden suele ser una decisión difícil en el fragor del combate. Por eso los miembros del Cuerpo de Abogados Generales del Juez —abogados militares— suelen estar adscritos a las unidades para brindar asesoría legal al personal en servicio activo, a veces en situaciones de combate. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas reciben formación sobre sus obligaciones legales. Quienes apoyan a los legisladores demócratas en el video argumentan que solo estaban diciendo que todos en las fuerzas militares tienen la obligación de obedecer la ley, algo difícilmente un delito atroz.
Kelly dijo que si la intención era intimidarlo, “no funcionará”. Añadió, en un comunicado en X: “He dado demasiado por este país como para ser silenciado por matones que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución”.
Procesar con éxito a Kelly, Comey o James parece poco probable. Pero verse envuelto en disputas legales puede ser traumático y arruinarte financieramente. “El proceso es el castigo”, dijo Miles Taylor, exfuncionario de Seguridad Interna del Gobierno que ahora está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras criticar a Trump durante su primer mandato, a Kasie Hunt, de CNN.
La Casa Blanca reaccionó a sus derrotas en los casos de Comey y James como siempre: redoblando las acusaciones y promesas de apelar, e insinuando que cualquier juez que falle contra el presidente es negligente o está politizado. “Sé que el Departamento de Justicia apelará esto en muy corto plazo, así que tal vez James Comey debería contenerse con su celebración”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Un juez federal desestimó los casos tras determinar que el nombramiento de Lindsey Halligan, exfuncionaria de la Casa Blanca, como fiscal interina de Estados Unidos en Alexandria, Virginia, fue inválido. El presidente nombró a Halligan en medio de la prisa por presentar los cargos criminales.
Comey se declaró inocente de mentir y obstruir al Congreso durante un testimonio a finales de 2020. James, quien dijo en su campaña para fiscal general que investigaría a Trump por sus negocios, logró una sentencia civil por fraude contra el presidente, sus hijos adultos y la Organización Trump, en septiembre de 2023. Ella se ha declarado inocente en un caso de fraude hipotecario presentado por la administración.
Las obligaciones legales y constitucionales del drama judicial del lunes tardarán en desarrollarse. Pero las repercusiones políticas fueron inmediatas.
Kelly, por ejemplo, es visto como un posible candidato presidencial demócrata en 2028 que atrae a los moderados del partido. Tiene sólidas credenciales como senador de un estado fronterizo y por su historial militar. No perdió tiempo en enviar varios correos electrónicos de recaudación de fondos después de la noticia, diciendo a los partidarios: “El Departamento de Guerra viene tras de mí porque no les gusta lo que tengo que decir”.
Al igual que el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker —otros posibles candidatos presidenciales demócratas— Kelly ahora tiene un enfrentamiento con la administración y una plataforma para mostrar el tipo de desafío hacia Trump que los votantes de su partido anhelan.
La política de este enfrentamiento también podría volverse en contra del presidente. Al fin y al cabo, un comandante en jefe que nunca sirvió en las Fuerzas Armadas ahora está usando su poder para perseguir a un héroe que pilotó aviones de combate desde un portaviones estadounidense sobre Iraq en la guerra del Golfo de 1991 y que demostró su valentía al viajar al espacio en misiones del transbordador espacial.
Kelly hizo este contraste de manera implícita en su declaración. “Cuando tenía 22 años, fui nombrado alférez en la Marina de Estados Unidos y juré lealtad a la Constitución. Cumplí ese juramento durante la escuela de vuelo, múltiples despliegues en el USS Midway, 39 misiones de combate en la operación Tormenta del Desierto, la escuela de pilotos de prueba, cuatro vuelos en el transbordador espacial en la NASA, y cada día desde que me retiré, lo cual hice después de que mi esposa Gabby recibió un disparo en la cabeza mientras servía a sus electores”, dijo Kelly.
El senador de Arizona está casado con Gabrielle Giffords, ex miembro demócrata de la Cámara de Representantes que recibió un disparo en un evento político, en 2011, y quedó con una lesión cerebral severa.
Si bien Trump siempre ha prosperado políticamente cuando elige peleas y señala a enemigos políticos —al menos con su base de votantes siempre leales— tiene problemas más amplios que sus agravios personales. Le cuesta mostrar empatía hacia los votantes que luchan con los altos precios de alimentos y vivienda. La Casa Blanca pospuso el lunes un esperado anuncio sobre una nueva propuesta de atención médica, mientras millones de estadounidenses ven subir sus primas. Los índices de aprobación de Trump han caído, y la sorpresiva renuncia de la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien alguna vez fue una ferviente simpatizante, expuso divisiones en el movimiento MAGA.
Y mientras muchos republicanos anticipan las elecciones legislativas del próximo año con aprensión, ya que los votantes exigen ayuda, su presidente está obsesionado con antiguas disputas personales, incluida la que tiene con Comey, que se remonta a casi una década.
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