Los beneficiarios de cupones de alimentos ya están recibiendo sus prestaciones de noviembre, pero un grupo cada vez mayor de inscritos podría perder pronto por completo su vital asistencia alimentaria.
Al mismo tiempo que el cierre del Gobierno interrumpió el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), los estados comenzaron a implementar una expansión de los requisitos laborales del programa según lo dispuesto en el “gran y hermoso proyecto de ley” de los republicanos, que fue convertido en ley por el presidente Donald Trump este verano.
Según el paquete del Partido Republicano, más beneficiarios de cupones de alimentos tendrán que trabajar, ser voluntarios o participar en capacitación laboral durante al menos 80 horas al mes o solo podrán recibir la ayuda durante tres meses de cada tres años.
La ampliación de los requisitos laborales resultará en que, en promedio, 2,4 millones menos de estadounidenses reciban cupones de alimentos mensualmente durante la próxima década, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto incluye a 300.000 familias con niños.
Los beneficiarios que no cumplan con el requisito probablemente comenzarán a perder sus beneficios en marzo, pero el momento dependerá de dónde vivan y cuándo deban volver a certificar su elegibilidad para recibir cupones de alimentos.
Los republicanos llevan mucho tiempo queriendo reforzar el requisito de trabajo vigente en el SNAP, que antes se aplicaba a los beneficiarios de entre 18 y 49 años sin discapacidades ni hijos a cargo. El Partido Republicano aumentó el límite de edad a 54 años como parte del acuerdo sobre el límite de la deuda de 2023.
El proyecto de ley de gastos del Partido Republicano amplió aún más el requisito de trabajo para incluir a los beneficiarios de hasta 64 años y a los padres de niños de entre 14 y 17 años. Los veteranos, las personas sin hogar y los ex jóvenes de acogida ahora también están sujetos al mandato.
Además, la legislación dificultó que los estados solicitaran exenciones durante condiciones económicas adversas. Anteriormente, los estados podían obtener exenciones en zonas que identificaban con escasez de empleos. Ahora, solo las zonas con tasas de desempleo superiores al 10 % pueden optar a ellas.
Un juez federal de Rhode Island prohibió temporalmente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) terminar las exenciones existentes antes de sus fechas de vencimiento, pero la agencia aún no publica ninguna orientación sobre la decisión, dijo Chloe Green, directora adjunta de políticas de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos.
Cuando se le preguntó sobre el caso, el USDA dijo que está aprobando exenciones “dentro de su autoridad legal bajo el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ de 2025, de forma individual”.
En condiciones normales, aproximadamente el doble del número de beneficiarios del SNAP estarían sujetos al mandato, dijo Lauren Bauer, investigadora de estudios económicos en la Brookings Institution.
Sin embargo, la implementación de los requisitos laborales ampliados ha sido caótica, lo que se vio agravado por el cierre gubernamental de duración récord, dicen funcionarios estatales y expertos.
“Hay una enorme confusión y, curiosamente, una amplia gama de diferencias entre los estados y cómo lo están implementando”, dijo Bauer.
Las disposiciones sobre los requisitos de trabajo del SNAP se encontraban entre las pocas medidas legislativas de la agenda republicana que no tenían una fecha de implementación establecida. En otoño, el USDA publicó una guía que indicaba que las nuevas normas entraron en vigor el 4 de julio, cuando se promulgó el proyecto de ley, pero que en realidad daba a los estados hasta el 1 de noviembre para implementar sus programas.
Luego, a principios de este mes, el USDA dijo que los estados no deberían contar noviembre al calcular si los inscriptos están cumpliendo con sus requisitos laborales debido a las interrupciones de beneficios causadas por el cierre de Gobierno.
La mayoría de los estados fijaron el 1 de noviembre como fecha de implementación, aunque algunos comenzaron antes, explicó Green. Sin embargo, otros estados afirman que sus sistemas podrían no estar listos para dar seguimiento al requisito ampliado hasta la primavera, aunque eso podría ponerlos en riesgo de ser sancionados por el USDA.
“Una de nuestras preocupaciones es que cuando se realizan cambios en los sistemas tan rápido, existe el riesgo de que haya impactos no deseados en otras partes del sistema”, dijo, y señaló que dichas actualizaciones suelen tardar entre 12 y 18 meses en realizarse correctamente.
Los estados están particularmente sensibles a los errores de pago ahora porque otra disposición del proyecto de ley de la agenda republicana requiere que asuman una porción mayor de los costos administrativos del programa si tienen altas tasas de error.
Los beneficiarios que puedan estar recientemente sujetos a los requisitos laborales deben ser notificados y evaluados para asegurarse de que no califiquen para otras exenciones, como tener limitaciones físicas o mentales.
“Muchas personas que llaman están preocupadas porque ahora les están asignando requisitos laborales sin siquiera saberlo”, dijo Green. “Eso no debería suceder”.
Muchos estados están comenzando a contar los tres meses desde que los residentes solicitan cupones de alimentos por primera vez o cuando presentan sus formularios de recertificación, lo que generalmente ocurre cada seis a doce meses, según el estado, e implica una entrevista. Sin embargo, algunos estados están verificando a todos sus beneficiarios a la vez, sin esperar a sus fechas de recertificación.
A Connecticut le ha resultado “muy difícil” implementar los requisitos laborales ampliados, dijo Dan Giacomi, director de supervisión de programas y administración de subvenciones del Departamento de Servicios Sociales del estado. Se estima que 36.000 residentes, o el 10 % de los inscritos en el SNAP del estado, podrían correr el riesgo de perder sus beneficios en los próximos meses debido a los cambios en la ley
“No se puede simplemente accionar un interruptor en el sistema de elegibilidad y hacer que se implementen todas estas nuevas categorías o nuevos procesos que ya existen”, dijo.
Para garantizar el cumplimiento del proyecto de ley de la agenda republicana, el estado ha tenido que implementar soluciones temporales —que implican que los trabajadores sociales ingresen manualmente si los beneficiarios están sujetos al nuevo requisito— mientras se apresura a actualizar su tecnología. A Giacomi también le preocupa que estos casos se integren correctamente en el sistema una vez actualizado, así como cualquier error de pago que pueda resultar en sanciones para el estado.
Otra razón del retraso es que el estado tuvo que esperar la orientación del USDA para que el personal supiera cómo manejar todos los escenarios, explicó. Aunque aún quedan varias preguntas pendientes, cuenta con suficiente información para comenzar.
Los estados a menudo quieren esperar una guía clara del USDA para no tomar medidas que la agencia podría luego considerar que no cumplen con las regulaciones, dijo Ed Bolen, director de estrategias estatales del SNAP para el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.
En Pensilvania, el plazo comenzó incluso antes, ya que sus exenciones económicas, que abarcaban muchos condados y localidades, expiraron en septiembre. El estado tomó medidas importantes para contactar a todos los beneficiarios del SNAP en estas áreas y determinar si podían optar a otra exención de los requisitos de trabajo, según declaró Hoa Pham, subsecretario del Departamento de Servicios Humanos. Si no cumplen los requisitos, podrían empezar a perder sus beneficios a partir del 1 de enero, a menos que cumplan con el mandato de trabajo.
Pensilvania cuenta con varias maneras de verificar los ingresos de los beneficiarios, incluyendo datos estatales y federales, y un programa piloto en el que los beneficiarios permiten que una plataforma externa obtenga y reporte su información de nómina. Sin embargo, estas fuentes no necesariamente cubren todo el trabajo que realizan los beneficiarios, por lo que también podrían tener que presentar recibos de sueldo.
Antes del proyecto de ley de la agenda republicana, menos de 25.000 de los aproximadamente 1 millón de inscriptos en el SNAP de Pensilvania estaban sujetos a las reglas de requisitos de trabajo que se aplicaban a las personas de entre 18 y 54 años. La legislación amplió ese número a poco menos de 248.000 personas.
El departamento proyecta que un total de 144.000 beneficiarios podrían perder sus beneficios durante el próximo año cuando renueven su elegibilidad.
Los estados también se apresuran a informar a los beneficiarios del SNAP que ahora pueden estar sujetos a los requisitos de trabajo para asegurarse de que cumplen con el mandato o solicitan exenciones.
Connecticut envía mensajes de texto, avisos por correo y se reúne con grupos comunitarios. También ha creado un cuestionario en línea que orientará a los posibles afectados sobre los pasos a seguir. Pensilvania lanzó un sitio web —con un video y una pantalla— para explicar los cambios a los residentes.
Aun así, a Pham le preocupa que algunas personas que seguirían calificando podrían perder sus beneficios debido al papeleo.
“Es muy fácil que alguien pase por alto un paso de acción, y solo por esa razón, eso abre el riesgo de que las personas pierdan su elegibilidad para SNAP, simplemente por omitir un proceso administrativo, y no porque no sean elegibles de otra manera”, dijo.
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