El pescador colombiano Alejandro Carranza es una de las decenas de personas que han muerto en los ataques que fuerzas de Estados Unidos han realizado en aguas internacionales desde principios de septiembre, dice su familia, que este martes denunció a EE.UU. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que las acciones militares estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas violan diversas leyes y han causado ejecuciones extrajudiciales.
La denuncia, que se cree es el primer recurso legal formal contra la ofensiva de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, busca que la familia de Carranza reciba una compensación y que no haya más ataques, dijo a CNN el martes el abogado Dan Kovalik, quien representa a la esposa e hijos de Carranza ante la CIDH.
CNN contactó a la Casa Blanca para pedir comentarios sobre el caso y espera respuesta.
Alejandro Andrés Carranza Medina nació en Colombia el 27 de agosto de 1983, de acuerdo con la denuncia presentada ante la CIDH. Tenía 42 años al momento del ataque contra su embarcación que, según su familia, ocurrió el 15 de septiembre.
Carranza era originario de Santa Marta, en el norte de Colombia, donde vivía con su esposa y cuatro hijos: tres mujeres y un hombre, todos menores de edad.
Kovalic dijo a CNN que el único oficio de Carranza era la pesca y que estaba buscando marlín y atún cuando su bote fue atacado.
En entrevistas con el canal estatal RTVC Noticias emitidas en noviembre y octubre, Katerine Maciel Hernández Bernal, esposa de Carranza, y Audenis Manjarres, su prima, también dijeron que Carranza tenía años siendo pescador y que el padre de este sigue desempeñando esa labor.
CNN contactó a la familia de Carranza para pedir más información sobre él y lo sucedido, y está en espera de respuesta.
El 15 de septiembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que ese día fuerzas estadounidenses realizaron otro ataque contra una embarcación que se encontraba en aguas internacionales y, según el mandatario, transportaba drogas.
Trump también señaló entonces que en esa acción militar murieron tres “narcoterroristas de Venezuela” y agregó: “Las actividades ilícitas de estos cárteles han provocado CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. NUNCA MÁS”.
En su denuncia presentada ante la CIDH, sin embargo, la familia de Carranza dice que el ataque se dirigió contra la embarcación donde se encontraba el pescador, cerca de la costa caribeña de Colombia.
También señala que la acción militar estadounidense causó la muerte de Carranza y representa una ejecución extrajudicial en la que EE.UU. violó leyes y derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento a la personalidad jurídica y los derechos civiles, y al debido proceso.
Desde principios de septiembre, EE.UU. ha realizado al menos 21 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico, en los que ha destruido al menos 22 embarcaciones y causado la muerte de al menos 83 personas. Washington afirma que esos botes transportaban drogas, aunque no ha presentado pruebas y su ofensiva ha generado diversas reacciones de rechazo.
A finales de octubre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que estas acciones militares de EE.UU. son “inaceptables” y deben terminar.
La familia de Carranza insiste en que él era pescador y no tenía relación con actividades ilícitas.
“Es una injusticia lo que están haciendo”, dijo Katerine Hernández, su esposa, en la entrevista que dio en noviembre a RTVC Noticias. “Todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a la vida. Solamente Dios es el único que tiene la última palabra”.
Hernández agregó que, si existen pruebas de que su esposo participaba en actividades ilícitas, deben presentarse pruebas de ello. También señaló que mantiene a sus hijos con el dinero que gana en trabajos como labores de limpieza.
Su prima Audenis Majarres se expresó en el mismo sentido en la entrevista que en octubre dio a RTVC Noticias.
“No es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes que salen a buscar el pan de cada día, no es justo lo que estamos viviendo”, dijo, y comentó que la última vez que supo de Carranza fue el 14 de septiembre, cuando se despidió antes de salir a pescar.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha seguido el caso, sobre el que ha publicado varios mensajes en su cuenta de X. En principio, Petro rechazó que Carranza tuviera alguna relación con actividades de narcotráfico. Después, señaló que pudo haber aceptado dinero “para llevar mercancías prohibidas. Pero jamás sus actos merecían pena de muerte; su lancha jamás llegaría a EEUU”.
La Casa Blanca hasta ahora no se ha pronunciado sobre este caso. Cuando ha sido cuestionada sobre los ataques de fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, ha dicho que estas acciones militares tienen sustento legal —un punto que ponen en duda diversos especialistas— y que están justificados porque buscan impedir que más drogas lleguen a territorio estadounidense.
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