Los agentes federales han desviado su atención de los delitos graves con armas de fuego y de los traficantes de armas sospechosos para centrarse en la ofensiva del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados y en los despliegues para patrullar las ciudades, según funcionarios actuales y anteriores, y datos revisados por CNN.
Como parte de un aumento de 23.000 uniformados federales de diversas agencias enviados a colaborar con las iniciativas de deportación de Trump, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha reasignado al 80 % de sus agentes especiales a casos de inmigración, según un exfuncionario de alto rango de la agencia.
Otros agentes han sido asignados a los aumentos de personal que Trump ha ordenado en Washington, Los Ángeles y otras ciudades.
ATF es sólo una de varias agencias policiales federales que han sentido un impacto notable en sus tareas normales al ayudar con la misión de inmigración, según una revisión de CNN.
Este año, la ATF ha perdido a uno de cada siete investigadores de licencias de armas de fuego debido a recortes de personal y jubilaciones, y podría perder a 550 de los 600 restantes con el nuevo presupuesto propuesto por Trump.
La agencia también ha adoptado nuevas y onerosas normas que hacen casi imposible revocar las licencias de los comerciantes de armas de fuego que no cumplan con las verificaciones de antecedentes obligatorias o que infrinjan otras leyes, según funcionarios y exfuncionarios de la ATF.
Como resultado, la ATF no revocó la licencia de ningún distribuidor en los primeros cuatro meses y medio de este año, dijo un exfuncionario de alto rango, y agregó que la oficina estaba en camino de una caída de al menos el 90 % con respecto al año pasado bajo el presidente Joe Biden, cuando 195 distribuidores perdieron la capacidad de vender armas.
Un investigador de la ATF dijo que el cambio de prioridades seguramente tendrá consecuencias mortales.
“Están desregulando una industria que vende herramientas que pueden acabar con la vida de personas en segundos”, dijo el agente, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Tendremos armas en manos de personas que definitivamente no deberían tenerlas”.
Una investigación de CNN en 2019 documentó cómo las armas sin licencia pueden causar estragos violentos e impulsar una tasa significativa de delincuencia a nivel nacional.
Los críticos afirman que los efectos en la ATF reflejan los costos más amplios del enfoque incesante de Trump en la inmigración y su esfuerzo por reducir el personal de la agencia.
Esta tendencia se refleja en una disminución en las derivaciones de casos penales al Departamento de Justicia desde otras agencias, incluyendo una disminución del 8,6 % en los casos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) hasta julio en comparación con el año anterior, según los registros obtenidos por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).
La ATF ha experimentado una disminución del 2 %, de acuerdo con estos datos.
Sin embargo, la disminución en los casos de drogas y armas probablemente sea más pronunciada de lo que muestran las estadísticas, según funcionarios actuales y anteriores de la agencia.
Las estadísticas no indican qué tipo de cargo penal ha presentado cada agencia ante el Departamento de Justicia, lo que significa que las derivaciones de arrestos realizados por agentes de la ATF que realizan redadas de inmigración o patrullas municipales, en lugar de casos de armas, podrían incluirse en los datos, indicó TRAC.
En el FBI, el 23 % de los agentes han sido asignados a trabajar en inmigración, según estadísticas compartidas con CNN por la oficina del senador de Virginia, Mark Warner, incluyendo aproximadamente el 45 % del personal en las 25 oficinas de campo más grandes.
De igual manera, aproximadamente tres cuartas partes de los agentes de la DEA, un tercio de los alguaciles adjuntos de EE.UU. y casi todos los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional han sido asignados a trabajar en inmigración, recogen documentos del ICE que detallan las asignaciones hasta finales de agosto, obtenidos inicialmente por el Instituto Cato.
Trump ganó la reelección gracias a una campaña que prometió deportaciones masivas y medidas enérgicas contra la delincuencia.
En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que sus esfuerzos con agentes federales han resultado en la captura de pandilleros y en un renovado enfoque en la aplicación de la ley.
“A pesar de las noticias falsas, la Administración está responsabilizando a todos los criminales, ya sean inmigrantes ilegales o ciudadanos estadounidenses”, dijo a CNN la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
El Departamento de Justicia, en una declaración, también cuestionó que el impulso a la inmigración estuviera afectando otras medidas de control penal.
“Nuestra misión es procesar a los criminales, sacar las armas ilegales de nuestras calles y proteger a todos los estadounidenses de los delitos violentos, lo que se puede hacer al mismo tiempo que ayudamos a nuestros socios con los esfuerzos de control de inmigración”, indicó un portavoz del Departamento de Justicia en un comunicado.
La nota del Departamento de Justicia también indicó que los agentes de la ATF han imputado a más de 4.000 sospechosos desde enero y han incautado más de 22.000 armas. No está claro cómo se comparan estas cifras con las del año anterior.
Sin embargo, un ex alto funcionario de la ATF dijo que la gran mayoría de los sospechosos arrestados por la agencia este año provenían de casos de inmigración, no de investigaciones de armas.
“Es lo que no están haciendo”, manifestó Scott Shuchart, exdirector adjunto de asuntos regulatorios y políticas del ICE. “Están perjudicando al país al debilitar la aplicación de la ley federal… Van a matar a estadounidenses para poder deportar a extranjeros”.
La ATF ha sido una de las agencias más afectadas por el desvío de agentes federales por parte de la Casa Blanca.
Los aproximadamente 5.000 empleados de la agencia incluyen alrededor de 600 investigadores, que realizan miles de inspecciones anualmente a vendedores de armas y titulares de licencias federales de explosivos, y alrededor de 2.500 agentes especiales, que investigan incendios provocados, atentados con bombas, el uso y tráfico ilegal de armas de fuego o explosivos e incidentes de terrorismo, entre otros delitos.
El trabajo en ambas secciones se ha desacelerado drásticamente, afirmaron empleados actuales y anteriores de ATF que hablaron con CNN, y los agentes fueron trasladados para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración y la prevención del delito en Washington y otros lugares.
“El número de investigaciones criminales ha tocado fondo”, dijo un ex alto ejecutivo de la ATF, quien pidió no ser identificado. “Los agentes de la ATF, en esencia, no están abriendo casos únicamente basados en el tráfico nacional de armas de fuego”.
Si bien los funcionarios de la ATF esperan que esos agentes regresen a su trabajo normal en algún momento, la agencia también enfrenta un recorte de más de US$ 400 millones en el presupuesto propuesto por la administración Trump para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre, aproximadamente una cuarta parte de sus fondos totales.
Exfuncionarios de la ATF dijeron que la oficina ya ha perdido más de 100 inspectores y supervisores por desgaste y reducciones de personal este año.
Las decisiones políticas de la Administración Trump también han afectado profundamente a la agencia, particularmente en lo que respecta a las regulaciones de armas.
A principios de abril, la ATF derogó la “Política de Tolerancia Cero” de la administración Biden, que permitía a los inspectores recomendar la revocación acelerada de licencias de armas de fuego por ciertas infracciones graves. Esta política de Biden provocó un aumento de las revocaciones, hasta 195 en 2024.
La secretaria de Justicia Pam Bondi manifestó que la norma había “atacado injustamente a los propietarios de armas que respetaban la ley”.
La ATF, que anteriormente hizo públicos los datos y avisos de revocaciones, no ha publicado sus cifras desde que Trump asumió el cargo.
Pero como resultado del cambio de política, los inspectores que aún están en funciones están retirando muchas menos licencias a los vendedores de armas que infringen la ley, según informaron los agentes. Ahora, independientemente de la gravedad de la infracción, cualquier revocación de licencia debe ser aprobada por un grupo de altos directivos, según muestran correos electrónicos internos de la ATF obtenidos por CNN.
“Desde enero, nuestra autoridad y nuestras posibilidades han cambiado drásticamente”, declaró un investigador de la ATF, quien pidió no ser identificado por hablar sin autorización. “En cuanto asumió la nueva administración, recibimos instrucciones de la dirección para detener por completo todas las revocaciones de licencias federales de armas de fuego”.
El investigador añadió: “No podemos revocarle la licencia a nadie; como mucho, podemos emitir una carta de advertencia o convocar una conferencia de advertencia. Incluso eso es solo un tirón de orejas. No es nada que los saque del negocio”.
La ATF, en una declaración en su sitio web, dijo que la oficina está “señalando el comienzo de un nuevo capítulo, marcado por la transparencia, la responsabilidad y la asociación con la industria de las armas de fuego”.
La reducción de inspectores en el trabajo también ha resultado en menos derivaciones de delitos al Departamento de Justicia, afirmó un exfuncionario de alto rango de la agencia que pidió no ser identificado.
Anteriormente, aproximadamente un tercio de las investigaciones de tráfico de armas de fuego de la ATF se basaban en pistas obtenidas mediante inspecciones, añadió el funcionario.
Sin esa información, se reducirá drásticamente el número de traficantes identificados e investigados.
“Por lo tanto, esto podría no solo anular la capacidad de las fuerzas del orden para obtener pistas investigativas mediante el rastreo de armas, sino también obstaculizar por completo la capacidad de la ATF para investigar el tráfico de armas de fuego”, declaró el funcionario.
Pam Hicks, exasesora principal de la ATF, afirmó que disminuir las inspecciones “reduce la probabilidad de que se pueda rastrear completamente un arma de un delito la próxima vez.
Debilita por completo el funcionamiento de las leyes de armas de fuego, el sistema diseñado para funcionar”.
Menos inspecciones también podrían facilitar la tarea a los traficantes que venden armas a los cárteles en México.
“El 70 % de las armas recuperadas en México provienen de Estados Unidos”, afirmó Topher McDougal, profesor de la Universidad de San Diego que ha estudiado el tráfico de armas.
Él y un colega utilizaron datos de rastreo de armas que el Gobierno estadounidense no divulga al público, pero sí proporciona al Gobierno mexicano, y que se filtraron durante un ataque informático a los registros militares mexicanos el año pasado.
Esos datos mostraron que las inspecciones de licencias de armas de fuego afectan significativamente el tráfico de armas a México, afirmó McDougal.
En promedio, un licenciatario que recibió una carta de advertencia o un aviso de infracción de la ATF tenía “un 90 % menos de probabilidades de que su mercancía apareciera en México al año siguiente”, afirmó.
Incluso la asociación comercial de la industria de armas de fuego expresó su preocupación por la severidad del presupuesto propuesto por la ATF y los recortes de personal, diciendo que “podrían hacerse mejor con un bisturí en lugar de un cuchillo de carnicero”.
La Administración Trump no ha dicho cuánto tiempo planea mantener a agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en misiones de inmigración.
Por orden de Trump, agentes de 13 agencias federales, incluyendo la ATF, el FBI y la DEA, se desplegaron recientemente en Memphis, Tennessee.
Las agencias federales de aplicación de la ley están exentas de permisos sin goce de sueldo durante el cierre gubernamental que comenzó el 1 de octubre.
Dado que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, le dijo al Congreso que los despidos, que comenzaron el viernes, podrían afectar a agencias que no se ajustan a las prioridades de la Administración Trump, no está claro cómo afectará el cierre a la ATF, el FBI y algunas otras agencias.
Otras agencias además de ATF también están sintiendo la presión.
En el FBI, “a muchas oficinas de campo se les ha dicho que un tercio de sus agentes deben trabajar en asuntos de inmigración”, declaró a CNN una persona familiarizada con las operaciones de la agencia. “Mucha gente pierde sus fuentes, detiene una investigación, patrulla las calles de Washington… Obviamente, no se pueden hacer otras cosas si se realizan estas patrullas”, comentó.
Christopher O’Leary, ex alto ejecutivo del FBI que ahora trabaja para The Soufan Group, una consultora de inteligencia y seguridad, manifestó que enviar agentes a inmigración o a patrullar las calles de la ciudad necesariamente significa abandonar otros casos.
“El FBI tiene recursos limitados”, dijo. “Hay que renunciar a algo más. No solo están abandonando el contraterrorismo y el contraespionaje, sino que también se han alejado de los casos de delitos de cuello blanco, fraude y corrupción pública”.
En el FBI, el déficit se ha visto agravado por las purgas de más de dos docenas de agentes y líderes despedidos u obligados a renunciar por su trabajo en la investigación de la insurrección del 6 de enero o por ser percibidos como contrarios a la agenda de Trump.
Además, una persona familiarizada con el FBI declaró a CNN que más de 300 agentes adicionales renunciaron a finales de septiembre, adoptando las jubilaciones provisionales de la administración del republicano.
El uso de agentes por parte de la Casa Blanca en cuestiones de inmigración está llevando a los agentes a jubilarse anticipadamente o a buscar otro trabajo, afirmaron algunos exfuncionarios.
“Hay una verdadera perturbación en toda la organización”, indicó O’Leary, exejecutivo del FBI, sobre su antigua agencia. “Si alguien está cerca de jubilarse, está contando los días”.
En cuanto a quienes son despedidos o se ven obligados a jubilarse anticipadamente, dijo: “Cuando los echan, los agentes más jóvenes que los admiran se preguntan si este es el lugar adecuado”.
Para el personal que permanece en el trabajo, las desviaciones están generando una crisis moral que va de la mano con la caída de los procesos judiciales.
“Nadie se alista como agente del FBI para entrar en una cocina y arrestar a alguien que lava platos, ni se une a la DEA para detener un camión de jardinería”, dijo el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikowske. “Todos están acostumbrados a ser desplegados para asuntos importantes”.
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