México, Ecuador, Brasil y Haití comparten este año un rasgo que, lejos de ser motivo de orgullo, lo es de preocupación para sus gobiernos y sociedades. Los cuatro países están entre los 10 más peligrosos del mundo en 2025, de acuerdo con el índice sobre conflictos publicado este jueves por la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
Con base en cuatro indicadores —mortalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica de los conflictos y cantidad de grupos armados—, el ranking ubica a México en el puesto cuatro, el mismo que tenía en 2024 y solamente debajo de Palestina, Myanmar y Siria, lugares aquejados por guerras durante los años recientes.
Ecuador está en el sexto lugar del indicador de ACLED para 2025. Para el país sudamericano, esto representa un ascenso de 36 posiciones en comparación con 2024, luego de que este año tuvo un importante incremento en sus niveles de violencia debido a los enfrentamientos entre grupos delictivos locales.
Brasil y Haití, por su parte, ocupan los puestos siete y ocho del ranking, una situación derivada de la operación de pandillas que se disputan el control de territorios y, en el caso de Haití, se aprovechan de la constante inestabilidad política en la nación.
CNN contactó a los gobiernos de los cuatro países para pedir comentarios sobre el índice y está en espera de respuesta.
De acuerdo con ACLED, el aumento de la violencia es común en toda América Latina. Esta tendencia tiene variaciones por país y en México, Ecuador, Brasil y Haití ha mostrado sus peores rostros a lo largo de 2025, agrega.
Para el caso de México, la organización atribuye el incremento de los hechos violentos a factores como la guerra interna que comenzó en el Cártel de Sinaloa tras el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de sus líderes históricos, en julio de 2024. Zambada fue arrestado en Estados Unidos, donde asegura que fue llevado con engaños de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Este conflicto ha reconfigurado las dinámicas criminales a lo largo de múltiples estados, dado el alcance nacional del grupo, y esta reorganización probablemente seguirá alimentando la violencia en nuevas áreas durante el próximo año”, dice ACLED sobre el caso.
CNN reportó en agosto que el número de homicidios en Sinaloa subió 400 % en el año que había transcurrido desde la captura de Zambada. Esta cifra contrasta con los mensajes del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que continuamente destacan la baja en las estadísticas de homicidio a escala nacional.
ACLED, por otra parte, resalta también los hechos violentos contra políticos y funcionarios en México. De acuerdo con la organización, en el último año se registraron 360 incidentes de violencia contra este sector.
“La violencia es probablemente impulsada tanto por grupos criminales que busca obtener control de instituciones locales y recursos como por la competencia política, particularmente en estados como Veracruz, donde hubo elecciones locales en 2025”, dice ACLED, y menciona que un ejemplo de esta situación es el homicidio de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que había denunciado la operación de bandas delictivas en este municipio de Michoacán.
En Ecuador, la organización advierte que los niveles de violencia se encaminan a niveles récord en 2025. Dice que la tasa de homicidios podría ser la más alta de América Latina por tercer año consecutivo y que los hechos violentos generados por pandillas han causado la muerte de más de 3.600 personas.
De acuerdo con ACLED, esto se explica por al menos tres factores: 1) la pelea entre los grupos delictivos de Los Lobos y Los Choneros; 2) la fragmentación bandas por el arresto, la muerte o el exilio de sus líderes; 3) la “creciente relevancia” del país en el tráfico de drogas regional y transnacional.
“Mientras la producción de cocaína sigue aumentando, Ecuador se convierte en un punto estratégico, con las pandillas ecuatorianas expandiendo sus redes a lo largo de la región y más allá”, dice la organización.
“El presidente (Daniel) Noboa enfrenta una ola de crimen violento que no da señales de ceder, con reducido capital político y crecientes expectativas”, agrega.
Una situación similar ocurre en Brasil, donde las pandillas buscan tener control de amplias zonas. En octubre, un operativo policial en Río de Janeiro contra la organización Comando Vermelho terminó con un saldo de más de 130 muertos.
Mientras tanto, en Haití, estas agrupaciones se aprovechan de la inestabilidad política que enfrenta el país desde 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, para ganar más terreno y poder.
De acuerdo con ACLED, la actividad de las pandillas de Haití se concentra en Puerto Príncipe, la capital, pero ha ido extendiéndose a otras zonas.
Frente a esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este año crear una nueva fuerza multinacional, conformada por más de 5.000 elementos, con el objetivo de suprimir a estas agrupaciones.
¿Por qué la violencia en estos países de América Latina está al alza a pesar de que sus gobiernos anuncian medidas como el despliegue de más fuerzas de seguridad?
Sandra Pellegrini, analista sénior de ACLED para América Latina y el Caribe, considera que un elemento clave radica en que, desde su perspectiva, enviar a las calles a más elementos militares o policiales puede generar una disminución de los hechos violentos en el corto plazo pero no de forma duradera.
Pellegrini dijo a CNN que esto se debe a que, en el mediano y largo plazos, “militarizar” las tareas de seguridad pública puede causar una mayor fragmentación entre los grupos delictivos, y por ende provocar más violencia, al tiempo que incrementa el riesgo de que las propias fuerzas del Estado cometan abusos.
“Es una reflexión que se debería llevar a los tomadores de decisiones que implementan este tipo de políticas que no llevan a los resultados descontados en muchos casos”, expuso.
Para Pellegrini, sin embargo, actualmente existe un escenario poco favorable para que los gobiernos de la región evalúen sus acciones y ajusten sus estrategias, debido principalmente a que la política de “mano dura” es popular entre varios sectores sociales y el Gobierno de Estados Unidos ejerce presión para que las naciones de América Latina —aliadas suyas o no— tomen acciones contra narcotraficantes y otros grupos criminales.
“Esa tendencia hacia la militarización ocurrió ya antes de la segunda administración de (Donald) Trump. En El Salvador ocurrió antes, Honduras siguió, también tenemos a Trinidad y Tobago, que empezó a declarar estado de emergencia el año pasado. Entonces, ya había una tendencia”, dijo la analista.
“Claramente, el posicionamiento de Estados Unidos contribuye a que los estados de la región vayan hacia esas medidas”.
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