El 30 de diciembre de 2025 el presidente Gustavo Petro expidió por decreto el nuevo salario mínimo que empezaría a regir para los trabajadores en Colombia a partir de enero. Desde entonces la medida, que gana protagonismo en las elecciones y pone a prueba la independencia judicial, ha sido suspendida por un alto tirbunal mientras crece la agitación en las calles.
La noticia del incremento del 23,7 % tomó en su momento por sorpresa, por igual, a empresarios y representantes de las centrales obreras. Previamente, en una mesa de concertación para buscar un acuerdo sobre el incremento promedio que debería regir este año, los representantes de los gremios propusieron un 7 % en promedio y los voceros de los sindicatos un 16 %.
Por eso la cifra que finalmente anunció el gobierno desató el júbilo entre los cerca de 2,4 millones de trabajadores formales que actualmente devengan el salario mínimo en el país, equivalente a US$ 545 en promedio. Y creó desconcierto y críticas entre los empresarios y sectores políticos de la oposición que calificaron como desmesurado el aumento y señalaron que se estaba utilizando ese incremento como un instrumento político de cara a las elecciones para congreso del próximo 8 de marzo y de la primera vuelta electoral para elegir el reemplazo de Gustavo Petro el próximo 31 de mayo.
Ante varias demandas de ciudadanos y agremiaciones de empresarios que argumentan que el incremento del salario mínimo, o salario vital como lo denomina Petro, no tiene suficiente justificación técnica y económica, el Consejo de Estado decidió el pasado 12 de febrero suspender provisionalmente el decreto que lo autorizaba y pedir al gobierno explicar a fondo y sustentar las razones que lo llevaron a adoptar esa medida. El incremento del salario mínimo en 2025 fue de 9,54 %.
De inmediato el mandatario colombiano rechazó esta decisión del alto tribunal y llamó a las centrales obreras y a sus seguidores manifestarse este jueves en las plazas públicas del país para defender el incremento del salario mínimo y manifestarse en contra de la decisión del Consejo de Estado. La mayoría de candidatos a la presidencia y al congreso, muchos de ellos que en principio estaban en contra de la que llamaron medida populista del gobierno, ahora piden que se mantenga el incremento.
“Hemos observado con mayúscula sorpresa e, inclusive, con desilusión las reacciones de algunos candidatos y también de unos pocos ciudadanos frente al fallo del Consejo de Estado respecto al salario mínimo. Antes criticaron la decisión del Gobierno de imponer un monto exorbitante; pero ahora, populistamente, claman para que se quede así y piden a los empresarios que inclusive sigan pagando el 23,7 %. Pero son políticos y, para ellos, parecieran estar primero los votos que el interés colectivo del país”, afirma Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO.
Y es que, para varios analistas políticos, el presidente Gustavo Petro se jugó una importante carta electoral con el incremento del salario mínimo de cara a las próximas elecciones. “Gana con cara o con sello”, le dijo a CNN el columnista Álvaro Ayala refiriéndose al decreto expedido por el mandatario.
“En medio de su naufragio político, de los escándalos de corrupción y pocas ejecuciones de su gobierno, los opositores le lanzaron un salvavidas al demandar el aumento del salario mínimo ante el Consejo de Estado. Sumando quienes ganan el salario mínimo, junto con sus esposas e hijos son más de 5 millones de personas. Un muy importante nicho electoral para cualquier político. Y eso es lo que está en juego. Por eso ahora nadie parece estar en contra del incremento porque saben que les cobrarían esa postura en las urnas”, sostiene Ayala.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que, si bien respetará la decisión judicial, actuará conforme a los mandatos constitucionales para proteger el ingreso de los más vulnerables. El mandatario calificó la suspensión como un intento de bloqueo a una “conquista histórica” y argumentó que el decreto no es un capricho, sino un cumplimiento del mandato de justicia social que prometió durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2022. En cuanto a la respuesta jurídica, el Gobierno ya radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado buscando reversar la medida.
“Estoy cumpliendo con exactitud el fallo de la justicia, pero los fallos de la justicia no pueden ir contra los derechos fundamentales de la gente porque incentivan la movilización social”, afirmó el presidente Petro este martes al insistir en la convocatoria a las calles para, según ha afirmado públicamente en varias ocasiones desde el pronunciamiento de Consejo de Estado, defender un derecho establecido en la Constitución Nacional.
“El presidente Petro no ha dejado de estar en campaña desde que asumió la presidencia hace ya casi 4 años. Ahora su nuevo caballo de batalla es el salario mínimo. Una jugada que le terminó saliendo muy bien en términos de apoyo popular y muy mal en términos del grande, mediano y pequeño empresariado del país. Y le salió muy bien porque no se han registrado los despidos masivos por cuenta del 23,7 % de aumento. Pero que, sin duda, afecta el índice de crecimiento de la economía y el desempleo porque cada vez menos empresarios se atreven a dar contratos formales. Y habrá que esperar los efectos a corto plazo en la inflación”, le dijo a CNN el analista y columnista Jaime Honorio González.
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