(CNN Español) — Para 2050 se espera que más del 20% de la población de México tenga 60 años o más, según el capítulo nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Este pronóstico pone el sistema de pensiones en el centro de la discusión política y electoral.
Los candidatos presidenciales tienen definidos en distinto grado los planes que impulsarán si llegan al poder: Claudia Sheinbaum dice que continuará las reformas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez dijo a finales de enero que apoyaba la reforma del presidente para que los mexicanos tuvieran una pensión Digna. Ahora ha hecho público su rechazo a que las cuentas no reclamadas en las administradoras de fondos para el retiro (Afores) por los trabajadores de más de 70 años pasen al Fondo de pensiones para el bienestar, con el que el gobierno quiere financiar la reforma. El Movimiento Ciudadano del candidato Jorge Álvarez Maynez, apuesta por un sistema universal de pensiones, según él, basado en la equidad de género.
La apuesta de Claudia Sheinbaum por las reformas de López Obrador
Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), explica que “impulsará la reforma propuesta por la actual administración para revertir el efecto del deterioro de las pensiones provocado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo del 1° de julio de 1997, y de Felipe Calderón del 1° de abril de 2007”, según consta en el documento de los «100 pasos para la transformación» que contiene los planteamientos de la candidata.
Las reformas de 1997 y 2007 para los trabajadores
Hasta antes de 1997, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 1973, daba a los trabajadores afiliados una pensión de acuerdo con la edad a la que se retiraban y el promedio de su sueldo en los cinco años anteriores a la jubilación.
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Tenía dos modalidades: retiro por cesantía entre los 60 y 64 años (recibían entre el 75% y el 95% de su sueldo) y por vejez a partir de los 65 años (con 100% del sueldo). Pero para solicitar la pensión debían haber trabajado 500 semanas como mínimo, que en la práctica equivalía a unos 10 años.
En este modelo, los trabajadores activos y sus impuestos pagaban las jubilaciones de los retirados, que se almacenaban en una bolsa manejada por el IMSS.
El gobierno de Ernesto Zedillo, que había asumido el poder en 1994, argumentó que el sistema representaba un problema para las finanzas públicas y propuso la reforma que creó la Ley del sistema del ahorro para el retiro. Bajo esta ley, surgieron la Comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro (Consar) y las Administradoras de fondos para el retiro (Afores).
Estas últimas quedaron como encargadas de administrar los recursos para el retiro de los trabajadores, haciendo inversiones, además de crear las cuentas individuales, que se componen de aportaciones hechas por las personas trabajadoras, los empleadores y el Gobierno federal. Otro de los cambios fue el aumento de las semanas de cotización obligatoria a 1.250.
Lo mismo ocurrió con los trabajadores del Estado tras la reforma de su sistema, que entró en vigor en 2007, aunque en este caso no se crearon Afores privadas, sino una pública.
Con la “modalidad 97”, las personas se pensionaban considerando el dinero que ahorraron a través de las Afores, así que ya no importaba el último salario, sino lo que se había acumulado a lo largo de la etapa laboral en esa bolsa privada.
El cálculo del Gobierno de AMLO y la reforma de 2020
El profesor de la cátedra de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Porfirio Marquet, explica que el gobierno actual empezó a hacer cálculos con base en el análisis de los montos depositados, las cuentas individuales y las características de los asegurados, y se percató de que muy pocos trabajadores obtendrían una pensión (por los numerosos cambios que suelen tener los trabajadores en México entre la formalidad y la informalidad) y quienes sí lo lograrían, recibirían montos bajos.
Aportando el 6,5% de su salario a lo largo de su vida laboral, más la contribución del gobierno y los empleadores, se estima que los trabajadores recibirían como pensión el equivalente al 30% de lo que ganaban.
“Cuando el Estado se percata de esto promueve la reforma que entró en vigor en 2021. Esta incrementa el monto de las cuotas del patrón (se estableció un crecimiento gradual de la aportación, para partir de 6,5% y llegar al 15% en 2030) y se reduce la exigencia de semanas cotizadas a 750, aunque cada año, hasta 2030, se van a ir incrementando 25 semanas, para llegar a 1.000”, precisa Marquet.
De acuerdo con el documento “100 pasos para la trasformación” de Claudia Sheinbaum, “de las 68.930 pensiones otorgadas entre enero de 2021 y septiembre de 2023, la tasa de reemplazo promedio de estos pensionados (el porcentaje de ingresos que representa la prestación por jubilación) fue de 72%, mientras que, de no haberse llevado a cabo la reforma, únicamente se hubieran pensionado 4.880 personas con una tasa de reemplazo de 48%”.
La nueva iniciativa de López Obrador
En febrero de 2024 López Obrador envió al Congreso un paquete de reformas que incluye la de pensiones, en la que se establece que las personas de 65 años o más con salarios inferiores al promedio (equivalente a poco más de US$ 980), actualizado por inflación al momento de jubilarse, recibirán el 100% de su salario como pensión. Para garantizarlo, se busca crear el Fondo de pensiones para el bienestar como instrumento financiero de la reforma.
De aprobarse la iniciativa, este fondo tendrá varias fuentes de financiamiento. Empezará con el equivalente a poco más de US$ 3.820 millones, que provendrán de la eliminación de órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la venta de inmuebles en desuso del Gobierno, así como del cobro de adeudos que se haga a “entidades de la Administración Pública Federal; del Congreso de la Unión; del Poder Judicial de la Federación; así como de las entidades federativas; de los poderes legislativos y judiciales locales y de las administraciones públicas municipales».
En este contexto, señala en el documento de Sheinbaum, la reforma de 2020 atiende el problema para las generaciones que empiecen a trabajar a partir de 2030, ya que se calcula que las contribuciones de 15% a su ahorro individualizado se traducirían en tasas de reemplazo muy cercanas al 100%
También se lee en las propuestas de Sheinbaum que muchas de las personas pensionadas de la ley de 1973 ya tienen tasas de reemplazo cercanas al 100%. Sin embargo, aún falta corregir la situación de quienes están en la «generación Afore», es decir, aquellas que cotizan con aportaciones muy bajas entre 1997 y 2030.
La propuesta de Sheinbaum, entonces, es los trabajadores de 65 años o más con pensiones inferiores al salario promedio actualizado por inflación al momento de jubilarse reciban el 100% de su salario como pensión.
El controvertido Fondo de pensiones para el bienestar
Para lograr esto, las propuestas de la candidata oficialista apoyan la creación del Fondo de pensiones para el bienestar, con un capital semilla equivalente a más de US$ 3.820 millones y las fuentes de financiamiento ya mencionadas.
“El fondo solo se utilizaría para subsidiar a quienes menos tienen y poco a los que más ganan, de tal forma que el dinero es de todas las personas y se ayuda a quien más lo necesita”, dice el documento de los 100 pasos para la transformación. La propuesta contempla una revisión de los fondos y las fuentes de financiamiento cada 8 años.
Para avanzar en la propuesta del gobierno actual de la reforma de pensiones, el diputado Ignacio Mier Poblano, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional y coordinador de los diputados de Morena, presentó en el Congreso la iniciativa para crear el Fondo de pensiones para el bienestar, en la que se propone obtener una fuente más de financiamiento al traspasar a este el dinero de las afores de los trabajadores de más de 70 años del sector privado y de más de 75 si son trabajadores del Estado cuyas cuentas sean consideradas «inactivas».
De acuerdo con la Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (Condusef), instancia que también supervisa a las Afores, una cuenta se considera inactiva «cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros».
El gobierno asegura que estos ahorros no serán confiscados: el trabajador podrá reclamarlos cuando quiera, aunque la propuesta no indica cómo sería el proceso de solicitud de devolución del dinero ni los mecanismos para ello.
Marquet explica que afirmar de una manera generalizada que el monto de las pensiones va a ser equiparable al último salario del trabajador, con tasa de reemplazo del 100%, no es exacto porque, como luego lo aclara en la misma iniciativa (de febrero), “eso va a aplicar solamente a determinados niveles salariales y sobre un salario promedio que no corresponde estrictamente al salario real de cada trabajador”.
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Entonces, agrega el profesor de la UNAM, que “alguien que gana 30.000 pesos (US$ 1.754 mensuales), va a percibir 16.000 (US$ 935), así que ya no fue 100% de lo que percibía como trabajador activo. Ahí hay una imprecisión, una inexactitud entre lo que se dice y el contenido real de la reforma”.
Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y especialista en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, explica que estas propuestas no implican revertir las de 1997 y 2007, “porque no estamos regresando al esquema anterior. Quisieron utilizar este discurso, pero en realidad la reforma es solamente para pocos trabajadores que no consigan esa tasa de reemplazo del 100% hasta 16.777 (pesos) (unos US$ 981)”.
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Gálvez ha centrado su discurso, sobre todo en las pensiones no contributivas, como la Pensión para el bienestar de los adultos mayores, que se da como parte de la política social del gobierno. Sobre esto ha dicho que se seguirá otorgando y que de hecho se bajará la edad para recibirla.
Álvarez Maynez no ha presentado cuál sería su política sobre las pensiones para el retiro, pero su partido Movimiento Ciudadano (MC) incluye en su plataforma electoral y programa de gobierno una serie de propuestas.
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En este documento se lee que, de ganar MC, habría un sistema universal de pensiones con perspectiva de género. De acuerdo con la plataforma electoral de este partido, todas las personas trabajadoras deben tener acceso al seguro social, incluyendo la prestación de servicios médicos y el derecho a la jubilación.
Agregan que trabajarán para establecer una reforma que amplíe la cobertura del Seguro Social incluso a quienes trabajan de manera informal o son autónomos, así como a quienes han tenido que trabajar de manera interrumpida, permitiéndoles contribuir al sistema y obtener beneficios de pensión.
Asimismo, prometen fijar un umbral mínimo de pensiones para garantizar que todas las personas jubiladas puedan cubrir sus necesidades básicas y que sea equitativa en razón de las cargas de género.
Para Porfirio Marquet en estas propuestas hay poco de nuevo. “Hacer extensiva la Ley del Seguro Social a toda la población, incluyendo la informal, está prácticamente resuelto por medio de la incorporación voluntaria (art. 13). La perspectiva de género implica reducir requisitos a las mujeres, en especial en tiempo cotizado. Eso está en la Ley del ISSSTE, en tanto que la pensión mínima está prevista en el art. 170 de la Ley del Seguro Social”.
Los problemas financieros del futuro
Respecto a las propuestas de Sheinbaum de seguir con las reformas de AMLO, incluyendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, Marquet dice que “hay una incertidumbre múltiple porque todas las previsiones (fuentes de financiamiento) que se hacen en la iniciativa son totalmente especulativas y son inciertas, están sujetas a acontecimientos que pudieran no llegar a ocurrir o que de llegar a ocurrir van a generar recursos mucho menores de los que están calculando”.
Sofía Ramírez, directora general de la organización México Cómo Vamos, advierte que, aun usando el dinero no reclamado de las Afores, el Fondo de pensiones para el bienestar es inviable tal y como está planteado. «Incluso usando no te da más que para unos pocos años de financiamiento y conforme la población envejece se va a necesitar más dinero”, explica.
Sobre la propuesta de Xóchitl Gálvez de bajar la edad para recibir la Pensión para adultos mayores, Macías detalla que el problema es que ya “no hay espacio fiscal”, es decir, disponer de recursos para ese fin sin perjudicar la posición financiera del gobierno.
En 2024, precisa Macías, el Congreso aprobó un presupuesto equivalente a casi US$ 111.735 millones para pagar pensiones contributivas y no contributivas. Esto representa el 27,3% de los ingresos totales del gobierno, el 22% del gasto neto total y el 5,8% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, el gasto en pensiones sería el doble de lo que se ha destinado al sistema de salud universal en este año.
Respecto de las propuestas de Movimiento Ciudadano, la directora de CIEP dice que la idea de un sistema universal de pensiones con perspectiva de género es muy amplia y general, además de que no precisa cómo se financiaría.
Y en general, señala que “ante cualquier propuesta es importante conocer su incidencia fiscal y fuente de financiamiento. Aumentar el gasto en pensiones podría significar menos inversión en otros rubros como salud y educación”.
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