El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos.
El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y lo describió como una medida dirigida a “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional” en el país. Aunque no especificó cuántos ni exactamente quiénes serían liberados.
“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público TeleSur.
La ONG Foro Penal contabilizaba que había 806 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el 5 de enero de 2026; entre ellos extranjeros o con doble nacionalidad.
Tras la operación militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo llevaron a Nueva York para ser juzgado por presunto narcotráfico —cargos que Maduro rechaza— funcionarios de Estados Unidos han solicitado al gobierno encargado, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, según una fuente cercana a un informe del Gobierno de Donald Trump presentado esta semana a legisladores.
Los primeros excarcelados confirmados en Venezuela son cinco ciudadanos españoles, al menos tres de los cuales habían sido detenidos tras la crisis poselectoral de 2024. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó en su cuenta de X que los cinco ya estaba volando de vuelta a España.
“Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, dijo Albares.
A continuación, un breve perfil de los presos políticos cuya liberación ha sido confirmada.
Rocío del Carmen San Miguel Sosa es una abogada venezolana-española de 58 años, especialista en Derecho y Política Internacional y magíster del IAEDEN. Es una reconocida analista en temas de seguridad, defensa y derechos humanos en Venezuela.
Hasta el momento de su detención, se desempeñaba como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ocupó cargos en distintos organismos del Estado y fue docente en instituciones militares. En 2018, un caso suyo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia sobre derechos humanos y participación política.
San Miguel había sido detenida en febrero de 2024 acusada de presunta conspiración —cargo rechazado por su defensa—, y ahora liberada tras permanecer recluida en el Helicoide. Funcionarios de Estados Unidos habían expresado su preocupación por su caso.
Andrés Martínez y José María Basoa, ambos nacidos en el País Vasco, al norte de España, fueron detenidos en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, según la organización Foro Penal.
Martínez y Basoa fueron acusados por el Gobierno de Venezuela de estar implicados en una supuesta operación que, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tenía como objetivo llevar a cabo actos “terroristas”. Entre ellos llevar a Venezuela “un grupo de mercenarios” para asesinar al presidente Nicolás Maduro, y de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que fue desmentido por el Gobierno de España, según Foto Penal.
Los jóvenes españoles, de 32 y 35 años al momento de ser detenidos, viajaban de vacaciones por Sudamérica desde finales de agosto de 2024 y fueron vistos por última vez el 2 de septiembre en Inírida, Colombia, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela, antes de ser detenidos por las autoridades venezolanas, según Foro Penal. Su familia denunció su desaparición.
Su arresto se produjo en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y España, tras la llegada a Madrid del líder opositor Edmundo González Urrutia, luego de que la oposición denunciara fraude electoral y afirmara que él había resultado vencedor en los comicios.
Miguel Moreno Dapena, de 34 años, es un periodista de las Islas Canarias que fue detenido en junio de 2025 cuando la Armada de Venezuela interceptó el barco de exploración marina N35, en el que viajaba y trabajaba buscando pecios de barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial.
Las autoridades venezolanas sostuvieron que la embarcación mostraba un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país, lo que motivó su arresto y posterior detención en Venezuela.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la madre de Moreno Dapena dijo que su hijo le contó durante una breve comunicación en julio de 2025 que había sido acusados de “terrorismo” e “invasión de zonas de seguridad de Venezuela”
Moreno, que pasó más de 200 días detenido en el país sudamericano, trabajó en medios como La Provincia, Expansión y Sport antes de cerrar su etapa como periodista.
Ernesto Gorbe Cardona es un valenciano de 52 años. CNN está intentando obtener más información sobre su caso.
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