Gaby Duarte creía que Estados Unidos ofrecería protección a su familia después de que huyeran de la persecución política en Venezuela.
“Allá vamos a sentirnos seguros, vamos a estar bien, vamos a estar a salvo en Estados Unidos”, recuerda, entre lágrimas, al describir cómo su esposo, Carlos García —exalcalde venezolano y opositor al gobierno del derrocado Nicolás Maduro— la convenció de mudarse a Ohio.
Esa sensación de seguridad se derrumbó el viernes, cuando García fue encarcelado, no por fuerzas de seguridad venezolanas, sino por autoridades de inmigración estadounidenses. Fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una revisión rutinaria de su estatus migratorio y ahora espera juicio en la cárcel del condado de Butler, en Hamilton, Ohio.
En 2017, la pareja huyó de la ciudad donde ambos crecieron, la ciudad andina de Mérida, en el occidente de Venezuela, donde García se desempeñó como alcalde desde 2013, y se trasladó a Colombia. Cinco años después, se reasentaron en Estados Unidos mientras solicitaban asilo político.
En Venezuela, García enfrentaba hasta 15 meses de prisión por oponerse al entonces presidente Nicolás Maduro.
Duarte teme que, si pierde su caso, García pueda ser deportado de regreso a Venezuela, ahora gobernada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.
“Una deportación pondría en riesgo su libertad y su vida, así como la vida de nuestra familia”, dice Duarte a sus seguidores en un video publicado en Instagram poco después de la detención de García.
En declaraciones a CNN, Duarte relató que vio a dos agentes de ICE vestidos de civil entrar a la sala donde su esposo estaba siendo interrogado, antes de llevárselo esposado.
“Solo me dijo: ‘No te preocupes, todo va a estar bien…’, y luego se lo llevaron”, cuenta, y agrega que todavía intenta entender por qué su propia entrevista, minutos antes, terminó sin incidentes.
En un comunicado, ICE informó a CNN que García fue detenido por primera vez en febrero de 2022 tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos y que posteriormente fue liberado. La agencia señaló que García “permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos migratorios y recibirá el debido proceso”.
Duarte dijo a CNN que cruzaron el río Bravo y se entregaron voluntariamente a las patrullas fronterizas al llegar a Estados Unidos. Aseguró que su esposo presentó de inmediato la solicitud de asilo. Los hijos de la pareja, Carlota, de 7 años, y Carlitos, de 5, no fueron detenidos.
“Son tan pequeños que tuvimos que decirles que papá se va a quedar unos días fuera para resolver unos asuntos del papeleo, pero que volverá pronto”, dice Duarte, temerosa de que llegue el momento en que tenga que romper esa promesa y explicarles una eventual deportación de su padre.
En Mérida, una ciudad universitaria conocida por sus impresionantes paisajes montañosos, García aún es recordado por haber sido alcalde por la oposición antichavista durante uno de los periodos políticos más volátiles del país.
Entre 2014 y 2017, decenas de miles de venezolanos desafiaron el gobierno de Maduro en las calles, organizando marchas pacíficas para exigir su renuncia y, a menudo, enfrentándose a fuerzas gubernamentales y a grupos paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos.
Según organizaciones de derechos humanos y una investigación de la ONU, entre abril y agosto de 2017 más de 120 personas murieron en hechos de violencia política en Venezuela, en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad de Maduro.
El Gobierno venezolano niega estas acusaciones y ha criticado los informes de Naciones Unidas.
Mérida y las montañas que la rodean fueron un foco de protestas, un bastión de resistencia antigubernamental y escenario de algunos de los enfrentamientos más duros.
Como alcalde, García era responsable del orden público, pero se sumó a numerosas protestas que exigían la salida de Maduro.
El 28 de julio, fue citado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Gobierno, a una audiencia pública en Caracas.
García y otros cuatro alcaldes fueron acusados de desacato por no cumplir órdenes de retirar barricadas de las calles, luego de que el tribunal admitiera demandas presentadas por personas contrarias a las protestas en sus municipios.
“Estábamos viendo televisión y de repente apareció la noticia de que el Tribunal Supremo había citado a Carlos a una audiencia, el 2 de agosto”, contó Duarte a CNN.
Ante el temor de una escalada de la represión, huyeron esa misma noche.
“Fue horrible, tuvimos que escapar en plena madrugada, solo con una mochila y poco más, para cruzar a Colombia, porque si nos quedábamos sabíamos lo que iba a pasar. Por suerte, éramos solo nosotros. No teníamos hijos en ese momento”, cuenta Duarte.
Cinco días después, García fue condenado a 15 meses de prisión.
Desde Mérida, García y Duarte reconstruyeron su vida en Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, donde encontraron trabajo y nacieron sus dos hijos. Sin embargo, en 2022 dejaron de sentirse seguros allí, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Caracas bajo el presidente Gustavo Petro y el deterioro de la situación de seguridad.
La decisión de mudarse a Cincinnati, donde ya vivía Yohama, hermana de García, fue sencilla.
“Me siento muy triste y es muy injusto que estemos pasando por esto: teníamos permiso de trabajo hasta 2030, pagamos impuestos y nuestros hijos van a una buena escuela… estábamos construyendo una vida aquí”, dice Duarte.
Tras llegar a Estados Unidos, la pareja fue entrevistada una vez por su caso de asilo y se le permitió permanecer en el país mientras la solicitud estaba en revisión, según Duarte.
El Gobierno de Joe Biden otorgó por primera vez el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de venezolanos en marzo de 2021, citando la inestabilidad en el país, y renovó la medida por 18 meses adicionales semanas antes de la segunda investidura de Trump.
Al cancelar el TPS para los migrantes venezolanos en octubre, el Gobierno de Trump convirtió en prioridad la deportación del mayor número posible de inmigrantes y llevó el tema dos veces a la Corte Suprema, obteniendo el año pasado autorización para continuar con las expulsiones.
Duarte dijo a CNN que ella y su esposo tenían números de Seguro Social y vivían cerca de Yohama, quien es residente permanente.
García ya había vivido antes en Estados Unidos: en 2011 fue seleccionado como joven líder para participar en un programa del Departamento de Estado sobre democracia y transparencia, según Duarte.
El sábado, Yohama pudo visitar a García en prisión. “Está bien, no está con presos comunes y mantiene buen ánimo”, dijo a CNN.
Duarte optó por no salir de casa durante el fin de semana, por temor a encontrarse con otros agentes federales y empeorar su situación.
La fecha del juicio fue fijada para el 10 de febrero, y la familia contrató representación legal con un bufete local en Ohio.
En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el viernes la creación de un “Programa de Convivencia Pacífica” para cerrar un ciclo de 25 años de conflicto político.
Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, más de 800 reclusos han sido liberados desde diciembre como gesto de entendimiento, aunque organizaciones de derechos humanos como Foro Penal consideran que la cifra real es mucho menor.
La oposición, liderada por la premio Nobel María Corina Machado, ha instado al Gobierno estadounidense a no respaldar a Rodríguez y a impulsar una transición plena a la democracia. Sin embargo, hasta ahora la Casa Blanca ha optado por mantener el statu quo.
Tras la salida de Maduro del poder, los vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela se reanudaron el 16 de enero. Si García fuera enviado en uno de ellos, su condena de 2017 probablemente aparecería en los controles legales previos a la liberación de deportados en Venezuela. Quienes tienen causas pendientes son encarcelados al llegar.
“La detención arbitraria y la tortura son prácticas habituales en Venezuela, donde los opositores han sido víctimas de una política de represión por parte del Gobierno”, advirtió Óscar Murillo, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, con sede en Caracas.
El Gobierno de Venezuela ha negado reiteradamente acusaciones similares formuladas en el pasado.
“La deportación de García a Venezuela iría en contra del principio de no devolución: los países no pueden expulsar a personas cuando existen razones fundadas para creer que correrían riesgo de sufrir daños irreparables, como tortura u otras violaciones de derechos humanos”, dijo Murillo a CNN.
De regreso en Mérida, pocos de los antiguos aliados políticos de García quieren hablar abiertamente con la prensa. A pesar del nuevo programa de “Convivencia”, identificarse como opositor sigue siendo peligroso, especialmente en zonas rurales alejadas de Caracas, donde la violencia política suele ser más intensa que en la capital.
A través de una aplicación de mensajería cifrada, un exfuncionario de la alcaldía que trabajó con García se limitó a decir: “Estamos en shock. Aquí todos estamos consternados”.
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