(CNN Espa\u00f1ol) — Desde hace varios a\u00f1os, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, lleva adelante una investigaci\u00f3n en Venezuela por posibles cr\u00edmenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras los fiscales y otros organismos contin\u00faan reuniendo pruebas sobre la actuaci\u00f3n del Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro, quien hasta el momento no ha sido acusado por el tribunal.<\/p>\n
La CPI, que se rige bajo el Estatuto de Roma (al que Venezuela se adhiri\u00f3 en el 2000) y est\u00e1 habilitada a juzgar a acusados de cometer cr\u00edmenes de genocidio, guerra, agresi\u00f3n y lesa humanidad, se pronunci\u00f3 este lunes sobre el conflicto poselectoral en el pa\u00eds sudamericano y dijo que monitorea \u201cactivamente\u201d la situaci\u00f3n, tras las denuncias de detenciones arbitrarias y fallecidos en las protestas ocurridas tras el anuncio de la victoria del presidente Nicol\u00e1s Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.<\/p>\n
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El tribunal ya est\u00e1 evaluando las denuncias de violaciones a derechos humanos desde 2018, en el caso llamado \u201cVenezuela I\u201d. Para ese entonces, ya hab\u00eda recibido al menos cuatro denuncias contra el gobierno chavista por la represi\u00f3n desplegada. La fiscal\u00eda de la Corte anunci\u00f3 la apertura del examen preliminar despu\u00e9s de que el 27 de septiembre de ese a\u00f1o seis pa\u00edses -Argentina, Canad\u00e1, Colombia, Chile, Paraguay y Per\u00fa- enviaron una solicitud conjunta para que esa instancia iniciara una investigaci\u00f3n por cr\u00edmenes de lesa humanidad ocurridos en el pa\u00eds desde el 12 de febrero de 2014.<\/p>\n
Ese d\u00eda, una protesta convocada por el movimiento La Salida -que encabezaban los dirigentes opositores Mar\u00eda Corina Machado, Leopoldo L\u00f3pez y Antonio Ledezma- en el marco del D\u00eda de la Juventud termin\u00f3 con tres muertos, 66 heridos y 69 detenidos, seg\u00fan cifras oficiales. Ese ciclo de protestas se extendi\u00f3 por todo el pa\u00eds -con especial virulencia en San Crist\u00f3bal, la capital del fronterizo estado T\u00e1chira- hasta junio de 2014 y dej\u00f3 como saldo 43 muertes y centenares de heridos.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n Human Rights Watch (HRW) dijo en mayo de 2014 que tras una investigaci\u00f3n in situ hab\u00eda encontrado \u201cpatrones de serios abusos\u201d de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, entre ellos torturas, tratos crueles y denigrantes.<\/p>\n
Poco despu\u00e9s, la entonces fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega D\u00edaz, descalific\u00f3 el contenido del estudio de HRW asegurando que conten\u00eda denuncias sin pruebas. Tres a\u00f1os despu\u00e9s, cuando Ortega D\u00edaz, rompi\u00f3 con el gobierno chavista, acudi\u00f3 a La Haya a denunciar a Maduro y a otros altos funcionarios por delitos de lesa humanidad.<\/p>\n
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\u201cFundamentos razonables\u201d<\/p>\n
A fines de 2020, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que exist\u00edan \u201cfundamentos razonables\u201d para creer que en Venezuela se cometieron cr\u00edmenes de lesa humanidad \u201cdesde al menos abril de 2017\u201d.<\/p>\n
En ese mes estall\u00f3 el segundo ciclo de protestas contra el r\u00e9gimen de Maduro, esta vez en rechazo a la decisi\u00f3n de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, con el argumento de que el Parlamento hab\u00eda desacatado sentencias anteriores de esa instancia. Las manifestaciones se extendieron por cuatro meses, tiempo en el cual hubo, seg\u00fan cifras oficiales, 127 muertos y centenares de heridos.<\/p>\n
Seg\u00fan concluy\u00f3 Bensouda, \u201cautoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del Gobierno han cometido los cr\u00edmenes de lesa humanidad de encarcelaci\u00f3n u otra privaci\u00f3n grave de la libertad f\u00edsica en violaci\u00f3n de normas fundamentales de derecho internacional\u201d.<\/p>\n
En noviembre de 2021, la Fiscal\u00eda anunci\u00f3 la conclusi\u00f3n del examen preliminar y la decisi\u00f3n de continuar con las investigaciones. El nuevo fiscal de la CPI, Karim Kahn, tambi\u00e9n inform\u00f3 que el gobierno de Venezuela y la Corte suscribieron un memorando de entendimiento por el cual el pa\u00eds sudamericano se compromete a cooperar con la pesquisa. Meses despu\u00e9s, en abril de 2022, Khan notific\u00f3 a la Sala de Cuestiones Preliminares que hab\u00eda recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones a favor de las acciones realizadas por las autoridades locales, partiendo del hecho, argumentaban, de que parte de la actividad de la CPI es alentar a que los tribunales locales investiguen las denuncias.<\/p>\n
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Sin embargo, en noviembre de ese a\u00f1o, Khan pidi\u00f3 a la Sala que reanudara la investigaci\u00f3n porque consideraba que los esfuerzos de las autoridades eran \u201cinsuficientes en su alcance\u201d.<\/p>\n
En ese sentido, la Sala dijo a fines de 2023 que Venezuela \u201cno est\u00e1 investigando o no ha investigado los hechos penales que podr\u00edan constituir cr\u00edmenes de lesa humanidad\u201d.<\/p>\n
En marzo, la Sala de Apelaciones anunci\u00f3 la desestimaci\u00f3n de los seis argumentos planteados por el Gobierno de Maduro, con lo que autoriz\u00f3 a la Fiscal\u00eda a continuar la pesquisa.<\/p>\n
El canciller de Venezuela, Yv\u00e1n Gil, rechaz\u00f3 el fallo en su cuenta de X, al decir que «responde a la intenci\u00f3n de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines pol\u00edticos, todo ello sobre la base de una acusaci\u00f3n por supuestos cr\u00edmenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».<\/p>\n
Advertencia con fines disuasorios<\/p>\n
En el comunicado del lunes, el fiscal Khan dijo que ha recibido \u201cm\u00faltiples informes de casos de violencia y otras acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela\u201d.<\/p>\n
Alejandro Chehtman, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Cient\u00edficas y T\u00e9cnicas de Argentina (Conicet), explic\u00f3 a CNN que el fiscal \u201cle marca al gobierno (de Maduro) que est\u00e1n controlando la posibilidad de que se puedan estar cometiendo nuevos cr\u00edmenes que son de competencia de la Corte\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan ahond\u00f3, el tribunal ha tenido dificultades en sus casos para hacer cumplir sus \u00f3rdenes y su jurisdicci\u00f3n, por lo que una de sus tareas es la de desalentar posibles violaciones a derechos humanos. \u201cHay investigaciones emp\u00edricas que muestran que hay una disuasi\u00f3n cuando se abre una investigaci\u00f3n o se realiza este tipo de procedimientos\u201d, dijo.<\/p>\n
En cuanto a posibles plazos para nuevas acciones, Chehtman se\u00f1al\u00f3 que no est\u00e1 definido, ya que depende de varios factores. \u201cLa fiscal\u00eda puede usar la apertura de una investigaci\u00f3n como una forma de presi\u00f3n\u201d, y nunca llegar a formular cargos, agreg\u00f3, por lo que no se puede afirmar que se vaya a presentar cargos en el corto plazo o que nunca lleguen a formularse.<\/p>\n
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El trabajo de la ONU<\/p>\n
Para la investigaci\u00f3n, la Corte toma en consideraci\u00f3n diversas fuentes que considere valiosas, y dentro de ellas est\u00e1 la Misi\u00f3n Internacional Independiente de Determinaci\u00f3n de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.<\/p>\n
\u201cSin duda es confiable y relevante\u201d, destac\u00f3 Chehtman.<\/p>\n
En su primer informe, presentado en 2020, la Misi\u00f3n denunci\u00f3 cr\u00edmenes de lesa humanidad, que incluyen supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, ente otros \u201ctratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en el pa\u00eds desde 2014\u201d.<\/p>\n
La jefa de la misi\u00f3n, Marta Vali\u00f1as, manifest\u00f3 que las graves violaciones habr\u00edan sido perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares.<\/p>\n
En marzo de 2021, la Misi\u00f3n dijo que identific\u00f3 en el primer trimestre m\u00e1s de 200 asesinatos cometidos supuestamente por las fuerzas policiales. En el informe publicado seis meses despu\u00e9s, el equipo de la ONU indic\u00f3 que el sistema de justicia de Venezuela \u201cfacilita la persecuci\u00f3n y tortura de opositores\u201d. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el gobierno \u201cno ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos\u201d.<\/p>\n
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En el tercer informe, presentado en 2022, la Misi\u00f3n dijo que las agencias de inteligencia \u201cformaron parte de un plan del Gobierno venezolano para reprimir a la disidencia\u201d, y que muchos de los funcionarios \u201cposiblemente responsables de delitos en la \u00faltima d\u00e9cada permanecen en sus cargos, e incluso algunos fueron ascendidos\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, indicaron que se trata de un plan sistem\u00e1tico, \u201corquestado al m\u00e1s alto nivel pol\u00edtico, encabezado por el presidente Nicol\u00e1s Maduro y apoyado por otras autoridades\u201d, siendo un \u201cplan deliberado del gobierno para reprimir la cr\u00edtica y la oposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n
En 2023, la Misi\u00f3n dijo que las violaciones a derechos humanos se hab\u00edan reducido, pero eran m\u00e1s selectivas e intensas. Entre enero y agosto de ese a\u00f1o registr\u00f3 al menos 58 detenciones arbitrarias y afirm\u00f3 que hab\u00eda motivos razonables para creer que el Gobierno llevaba a cabo una \u201ccampa\u00f1a para socavar la reputaci\u00f3n\u201d de opositores reales o percibidos por las autoridades como tales. Tambi\u00e9n, identific\u00f3 mayor frecuencia en la pr\u00e1ctica de prohibir a dirigentes opositores postularse para cargos p\u00fablicos.<\/p>\n
\u201cFalsas acusaciones\u201d<\/p>\n
El gobierno de Venezuela ha rechazado en varias oportunidades los reportes de la Misi\u00f3n de la ONU.<\/p>\n
En 2021, la Canciller\u00eda dijo que son \u201cfalsas acusaciones\u201d y que \u201cse vierten se\u00f1alamientos carentes del m\u00e1s m\u00ednimo sustento, a partir de matrices medi\u00e1ticas y sin contacto directo con la realidad del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
En 2023, el canciller Gil dijo que se trata de un \u201cinforme panfletario\u201d y que es parte de una supuesta estrategia para mancillar la imagen de Venezuela.<\/p>\n
Y el pasado viernes, consultado por CNN durante una rueda de prensa en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicol\u00e1s Maduro desestim\u00f3 el trabajo de la ONU en Venezuela. \u201cNo conocen nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u201d, dijo. En septiembre de 2024 finalizar\u00e1 la Misi\u00f3n y se espera un nuevo informe.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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