La Corte Suprema tomó el miércoles la inusual decisión de solicitar información adicional en un caso urgente de alto perfil que impugna el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por parte del presidente Donald Trump, cuestionando si esos soldados pueden utilizarse bajo la ley federal en cuestión para reforzar los esfuerzos de inmigración.
A principios de este mes, un tribunal federal bloqueó el despliegue y, en una señal de que la Corte Suprema no tiene prisa por dictar sentencia, los jueces indicaron que no decidirán hasta al menos el 17 de noviembre.
La nueva pregunta puede ser una mala señal para Trump, cuyos abogados argumentaron que, bajo un precedente de 1827, los tribunales no tienen jurisdicción para revisar la decisión de un presidente de movilizar a la Guardia Nacional. En cambio, los jueces parecen estar debatiendo una de las justificaciones más matizadas del Gobierno para el despliegue.
“Aunque no podemos saberlo con certeza, la orden ciertamente parece una mala señal para el presidente Trump”, dijo Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. “No habría necesidad de que la Corte Suprema pidiera a las partes que abordaran esta cuestión si cinco jueces ya hubieran acordado votar a favor del gobierno federal por alguno de los otros dos posibles fundamentos”.
La orden llega mientras varios tribunales revisan despliegues en otras ciudades, sobre todo en Portland, Oregon. En ese caso, el pleno de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. dijo esta semana que volverá a revisar una decisión favorable a Trump.
La solicitud de argumentos escritos adicionales es casi con seguridad una respuesta a un informe presentado en el caso por un profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Martin Lederman, quien sugirió que la ley en la que Trump se basa para desplegar la Guardia en el área de Chicago no se aplica a agencias civiles de aplicación de la ley como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En cambio, Lederman argumentó que la Guardia Nacional solo puede ser movilizada bajo esa ley para reforzar las fuerzas militares regulares. En su orden del miércoles, la Corte Suprema solicitó al Departamento de Justicia y a funcionarios de Illinois que abordaran precisamente ese tema en una serie de nuevos escritos que deben presentarse antes de mediados de noviembre.
Trump ha argumentado que convocar a la guardia es necesario para enfrentar a los manifestantes en una instalación de ICE a las afueras de Chicago que, según él, están involucrados en una “oposición violenta y coordinada a la aplicación de la ley federal”. Ha recurrido a una ley federal que permite a un presidente tomar esa medida si está “incapacitado con las fuerzas regulares para hacer cumplir las leyes de Estados Unidos”.
A lo largo del litigio, Trump ha argumentado que los manifestantes obstaculizan las operaciones de ICE. Por lo tanto, afirma, ICE no ha podido ejecutar las leyes federales de inmigración.
Pero Lederman introdujo un nuevo giro en el caso con un informe a principios de este mes: cuando la ley se refiere a las “fuerzas regulares”, dijo, se refería a las fuerzas militares regulares, no a agencias civiles de aplicación de la ley como ICE.
“Difícilmente puede haber alguna duda de que el término ‘las fuerzas regulares’ en la Ley de 1908… se refería a las fuerzas militares permanentes y profesionales, que comúnmente se conocían como ‘Regularess’”, escribió Lederman. “El efecto de la ley fue establecer a la Guardia Nacional como la ‘segunda línea de defensa, como suplemento al ejército regular’”.
Ahora, tanto el Gobierno de Trump como los funcionarios locales de Illinois presentarán una serie de informes para debatir el tema.
En el caso de Chicago, Trump federalizó a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois a principios de este mes para “proteger a los agentes y la propiedad federal” a las afueras de Chicago. Otros 400 miembros federalizados de la Guardia Nacional de Texas también fueron desplegados en el estado. El Gobierno dijo que esos miembros de la guardia servirían “únicamente en funciones de protección” y no participarían en la aplicación de la ley.
Para defender sus despliegues, el Departamento de Justicia se ha basado en gran medida en una decisión de la Corte Suprema de 1827: Martin vs. Mott. El caso trataba sobre Jacob Mott, un miembro de la milicia de Nueva York que desobedeció la orden del presidente James Madison de movilizarse durante la Guerra de 1812.
La Corte Suprema rechazó el argumento de Mott de que Madison había juzgado mal el peligro y escribió que “la autoridad para decidir si ha surgido una situación de emergencia recae exclusivamente en el presidente”.
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