Un nuevo memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) indica que el presidente Donald Trump ya no tiene que cumplir una ley de la era Watergate que le prohib\u00eda conservar registros presidenciales al dejar el cargo.<\/p>\n
Es la acci\u00f3n m\u00e1s reciente del Gobierno para obstaculizar la transparencia, seg\u00fan grupos de vigilancia gubernamental, y otro golpe de Trump a los Archivos Nacionales tras su papel en el caso penal que enfrent\u00f3 por el presunto manejo indebido de materiales de defensa nacional.<\/p>\n
La Oficina de Asesor\u00eda Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2014que brinda asesoramiento legal al poder ejecutivo\u2014 emiti\u00f3 el jueves una opini\u00f3n en la que afirm\u00f3 que la Ley de Registros Presidenciales es inconstitucional.<\/p>\n
\u201cEl presidente no necesita seguir cumpliendo con sus preceptos\u201d, indica el dictamen.<\/p>\n
Ning\u00fan presidente anterior hab\u00eda sostenido que la ley violara las disposiciones de separaci\u00f3n de poderes de la Constituci\u00f3n, afirm\u00f3 Donald Sherman, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la \u00c9tica en Washington, un grupo de izquierda que promueve la transparencia gubernamental.<\/p>\n
La opini\u00f3n \u201ces parte del ataque continuo y en escalada del presidente contra la transparencia y la supervisi\u00f3n\u201d, dijo Sherman.<\/p>\n
La ley se aprob\u00f3 a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo Watergate y exige que los presidentes entreguen a los Archivos Nacionales los documentos del gobierno de su tiempo en el cargo cuando dejan la Casa Blanca. Tambi\u00e9n permite el acceso a los registros a futuros gobiernos, el Congreso y, eventualmente, al p\u00fablico bajo la Ley de Libertad de Informaci\u00f3n.<\/p>\n
Las disposiciones tambi\u00e9n ayudaron a impulsar los cargos por manejo indebido de documentos clasificados contra Trump presentados por el fiscal especial Jack Smith; la investigaci\u00f3n penal surgi\u00f3 de las dificultades que tuvieron los Archivos Nacionales para lograr que Trump devolviera documentos gubernamentales que se llev\u00f3 al terminar su primer mandato, y los investigadores descubrieron que entre esos registros hab\u00eda materiales altamente clasificados.<\/p>\n
De acuerdo con Virginia Canter, quien trabaj\u00f3 en la Oficina del Asesor Jur\u00eddico de la Casa Blanca durante las presidencias de Barack Obama y Bill Clinton, la opini\u00f3n de la OLC autoriza a Trump a conservar documentos confidenciales una vez que abandone la Casa Blanca e incluso a venderlos al mejor postor.<\/p>\n
\u201cLas repercusiones son inimaginables\u201d, declar\u00f3 Canter, ahora asesora principal de Democracy Defenders, organizaci\u00f3n que ha impugnado varias pol\u00edticas de Trump ante los tribunales.<\/p>\n
La Casa Blanca defendi\u00f3 el compromiso de Trump de preservar sus registros en un comunicado que dijo que su personal presidencial \u201cdebe realizar capacitaci\u00f3n sobre registros para que preserven adecuadamente todos los materiales relacionados con: el desempe\u00f1o de sus funciones por su valor hist\u00f3rico, el registro administrativo de decisiones y acciones de pol\u00edtica, y las necesidades legales\u201d.<\/p>\n
\u201cEl presidente tambi\u00e9n mantendr\u00e1 el programa vigente para registros electr\u00f3nicos: los correos electr\u00f3nicos y los documentos no pueden eliminarse del sistema de la Casa Blanca\u201d, declar\u00f3 en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, y m\u00e1s tarde aclar\u00f3 que no hab\u00eda \u201cninguna diferencia entre nuestra posici\u00f3n sobre registros f\u00edsicos y electr\u00f3nicos\u201d.<\/p>\n
Cuando CNN le pregunt\u00f3 si Trump estaba comprometido a entregar esos documentos al final de su presidencia, Jackson respondi\u00f3: \u201cEl Gobierno ya est\u00e1 dialogando con NARA sobre c\u00f3mo proceder\u201d.<\/p>\n
Hist\u00f3ricamente, la OLC ha adoptado posturas legales muy favorables al poder ejecutivo. Pero incluso bajo esos est\u00e1ndares, la opini\u00f3n del jueves sobre la Ley de Registros Presidenciales era extrema, de acuerdo con expertos legales.<\/p>\n
\u201cExisten numerosos casos anteriores en los que la OLC ha hablado y asesorado sobre la Ley de Registros Presidenciales\u201d, dijo Jonathan Shaub, profesor de la Facultad de Derecho de Kentucky, que anteriormente trabaj\u00f3 tanto en la OLC como en la Oficina del Asesor Jur\u00eddico de la Casa Blanca. \u201cNunca escuch\u00e9 una sugerencia de que fuera inconstitucional y mucho menos inconstitucional en su totalidad, en s\u00ed misma\u201d.<\/p>\n
La OLC dice que la ley regula de manera inconstitucional la conducta presidencial y amenaza con \u201cimpedir\u201d la presidencia de la forma en que \u201crestringe las operaciones cotidianas del presidente\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan la opini\u00f3n, el Congreso carec\u00eda de un \u201cprop\u00f3sito legislativo v\u00e1lido\u201d al aprobarla, lo que sugiere que los legisladores nunca podr\u00edan tener una raz\u00f3n \u201cleg\u00edtima\u201d para estudiar el funcionamiento interno de la Casa Blanca.<\/p>\n
La opini\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala que la cl\u00e1usula constitucional pertinente permite al Congreso aprobar \u00fanicamente leyes que fortalezcan la presidencia, y que no puede aprobar leyes que la limiten.<\/p>\n
\u201cEl memorando tergiversa la Ley de Registros Presidenciales al presentarla como una regulaci\u00f3n de las funciones constitucionales del presidente, y en eso se basa su an\u00e1lisis\u201d, afirm\u00f3 Liz Hempowicz, subdirectora ejecutiva de American Oversight, un grupo de transparencia gubernamental de tendencia izquierdista. \u201cDe hecho, la Ley de Registros Presidenciales regula la propiedad y la conservaci\u00f3n de los registros federales, un \u00e1mbito que se encuentra plenamente dentro de la competencia del Congreso\u201d.<\/p>\n
La opini\u00f3n no tiene el peso de una sentencia judicial, pero los memorandos de la Oficina de Asesor\u00eda Legal se consideran vinculantes para el poder ejecutivo, salvo que se indique lo contrario a una agencia.<\/p>\n
La ley no exige que el presidente entregue ning\u00fan documento al Archivo Nacional hasta el final de su mandato. Sin embargo, sus disposiciones sobre la conservaci\u00f3n de registros proh\u00edben la destrucci\u00f3n de documentos que podr\u00edan ser de inter\u00e9s para el Congreso en su labor de supervisi\u00f3n a corto plazo.<\/p>\n
Estas labores de supervisi\u00f3n suelen implicar un intercambio de opiniones entre el poder legislativo y el ejecutivo; la OLC se bas\u00f3 en esta din\u00e1mica para argumentar que la influencia que ya tiene el Congreso \u2014como su poder de financiaci\u00f3n o su papel en la confirmaci\u00f3n de nombramientos\u2014 implica que la ley carece de un prop\u00f3sito legislativo v\u00e1lido.<\/p>\n
\u201cEl proceso tradicional de ida y vuelta al que se refiere la opini\u00f3n de la OLC (entre el Congreso y el presidente)\u2026 no puede ocurrir si el presidente es libre de destruir cosas\u201d, se\u00f1al\u00f3 Gregg Nunziata, quien trabaj\u00f3 para varias oficinas republicanas en el Senado y ahora dirige la Sociedad para el Estado de Derecho, un grupo de abogados conservadores y exfuncionarios p\u00fablicos que ha rechazado a Trump.<\/p>\n
Los grupos de transparencia gubernamental est\u00e1n ansiosos por llevar la postura de la OLC ante un tribunal, pero reconocen que sus v\u00edas para hacerlo pueden ser limitadas, debido a normas procesales que dictan cu\u00e1ndo se puede presentar una demanda.<\/p>\n
No es inmediatamente evidente qui\u00e9n tendr\u00eda legitimaci\u00f3n ahora para demandar al Gobierno, ya que la disposici\u00f3n m\u00e1s significativa de la ley no entra en vigor hasta el final del mandato y la Casa Blanca dice que se est\u00e1 ci\u00f1endo a sus est\u00e1ndares anteriores para conservar los registros.<\/p>\n
La \u00faltima acci\u00f3n legal importante interpuesta en virtud de la Ley de Registros Presidenciales fue la demanda que el Departamento de Justicia present\u00f3 en 2022 contra el exasesor de Trump, Peter Navarro, por supuestamente no entregar a los Archivos las comunicaciones relacionadas con sus funciones en la Casa Blanca que guardaba en su cuenta de correo electr\u00f3nico personal.<\/p>\n
Una pregunta clave es c\u00f3mo el Archivo Nacional \u2014que no respondi\u00f3 a las consultas de CNN para esta historia\u2014 entender\u00e1 c\u00f3mo se aplica a los documentos que ya posee de presidencias pasadas.<\/p>\n
De acuerdo con la ley, los registros de un presidente no pueden obtenerse mediante la Ley de Libertad de Informaci\u00f3n (FOIA, por sus siglas en ingl\u00e9s) hasta al menos cinco a\u00f1os despu\u00e9s de que deje el cargo.<\/p>\n
\u201cAhora que han pasado cinco a\u00f1os desde el final del primer Gobierno de Trump, la opini\u00f3n de la OLC deja abierta la cuesti\u00f3n de si el Departamento de Justicia de Trump la aplicar\u00e1 retroactivamente para decir que los registros de su primera gesti\u00f3n debieron considerarse de naturaleza \u2018personal\u2019 y no son accesibles en virtud de las disposiciones de la Ley de Libertad de Informaci\u00f3n incorporadas en la Ley de Registros Presidenciales (PARA, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u201d, dijo Jason R. Baron, exdirector de litigios de la Administraci\u00f3n Nacional de Archivos y Registros.<\/p>\n
Un caso de la FOIA en el que el Departamento de Justicia defendiera su negativa a entregar documentos por haber determinado que la Ley de Registros Presidenciales era inconstitucional brindar\u00eda a un tribunal la oportunidad de pronunciarse al respecto.<\/p>\n
Al inicio del segundo mandato, Trump despidi\u00f3 a la archivista nacional Colleen Shogan, quien ni siquiera ocupaba el cargo cuando el Archivo Nacional busc\u00f3 la devoluci\u00f3n de los documentos que Trump se llev\u00f3 consigo tras su primer mandato. Este viernes, la Casa Blanca confirm\u00f3 que el actual jefe de la Administraci\u00f3n de Servicios Generales del Gobierno, Ed Forst, se desempe\u00f1a como archivista nacional interino, mientras el designado por Trump para el cargo permanente espera la confirmaci\u00f3n.<\/p>\n
Dada la conducta previa de Trump con los documentos gubernamentales, parece seguro que el Senado solicitar\u00e1 la opini\u00f3n del designado, Bradford Wilson, sobre la Ley de Registros Presidenciales.<\/p>\n
Baron, quien ahora es profesor en la Universidad de Maryland, espera que Wilson adopte la postura de que est\u00e1 obligado a acatar la opini\u00f3n de la Oficina de Asesor\u00eda Legal.<\/p>\n
\u201cSea cual sea el destino de la Ley de Registros Presidenciales, ser\u00eda una tragedia si el pr\u00f3ximo archivista no hace un cabildeo agresivo para que la NARA asuma la custodia de todos los registros de la Casa Blanca relacionados con asuntos de gobierno\u201d, dijo. \u201cLa opini\u00f3n de la OLC socava la rendici\u00f3n de cuentas del Gobierno al disminuir nuestra capacidad de saber qu\u00e9 ha estado haciendo nuestro Gobierno, y el pr\u00f3ximo archivista no deber\u00eda ser parte de ello\u201d.<\/p>\n
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