Congreso investiga a empacadoras de carne por brotes de covid-19

(NOTICIAS YA).-Luego de que cientos de trabajadores de empacadoras de carne murieran a causa del covid-19 durante el año pasado en el país, el Congreso ha iniciado una investigación esta semana en busca de respuestas que expliquen cómo estas organizaciones manejaron la pandemia. Una de las empresas que está bajo la lupa nacional es JBS, […]

(NOTICIAS YA).-Luego de que cientos de trabajadores de empacadoras de carne murieran a causa del covid-19 durante el año pasado en el país, el Congreso ha iniciado una investigación esta semana en busca de respuestas que expliquen cómo estas organizaciones manejaron la pandemia.

Una de las empresas que está bajo la lupa nacional es JBS, donde se generó uno de los brotes laborales más grandes del estado de Colorado.
Cabe destacar que, hasta la fecha, más de 50.000 trabajadores empacadores de carne se han infectado y al menos 250 han muerto en todo el país, según un recuento de ProPublica, que ha sido utilizado para esta investigación del Congreso.

Aunque todavía no se han registrado nuevas muertes relacionadas con este virus en las empresas cárnicas, el departamento de salud de colorado ha informado que el brote permanece activo, lo que sigue generando preocupación entre la comunidad y los trabajadores.

 

El objetivo del subcomité demócrata que lleva este caso, es descubrir qué ocurrió en estados como Iowa, Dakota del Sur, Kansas y Colorado, donde se registraron algunos de los brotes laborales de coronavirus más grandes de EE. UU.

Para Silvia Martínez, vocera de Latinos Unidos en Greeley, lo ideal es que se “haga justicia para estos trabajadores, porque la verdad es que aquí (…) al gobierno local no le importó, porque no han hecho ni siquiera un comentario sobre lo sucedido”.

Ante lo expuesto, las empresas que inicialmente serán investigadas son: JBS, Smithfield Foods y Tyson Foods, tres de las compañías cárnicas más grandes del país; las cuales, según el informe de los legisladores se habían “negado a tomar precauciones básicas para proteger a sus trabajadores” y mostraron “un desprecio insensible por la salud de ellos”, quienes en su mayoría son inmigrantes y refugiados que, en muchos casos, no hablan inglés y tampoco se les concede licencia de enfermedad remunerada.

Sin embargo, el Presidente Nacional de LULAC, Domingo García, asegura que “si no tienen las máscaras, los guantes y el equipo necesario para trabajar con seguridad, tienen el derecho de quejarse con su patrón”.

En esta investigación del Congreso, también se analizan las deficiencias del gobierno federal en la protección de estos empleados esenciales, ya que los informes públicos indican que, bajo el gobierno de Trump, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) no cumplió adecuadamente con su responsabilidad de hacer valer las normas de seguridad, lo que resultó en infecciones y muertes prevenibles, según carta del subcomité demócrata a OSHA.



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